La Corte Suprema de Justicia ha ordenado la captura de los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes en la legislatura anterior. Quiere decir, sin asomo de dudas, que encontró el alto tribunal suficiente mérito para inculparles por algún delito, quiere decir, mi estimado amigo, que podrán ir a la cárcel, no sin antes, claro, enfrentar los procedimientos y juicio correspondientes que tiene establecidos la Constitución y la Ley. En ese sentido, los dos personajes detenidos pueden estar tranquilos porque Justicia es algo que aún tenemos en este país. No creo que nos estemos equivocando en esa afirmación.
Este hecho tiene un significado excepcional dentro de la estructura del Estado porque demuestra en la práctica a qué hacemos referencia cuando hablamos de autonomía y separación de poderes. Para entender, amigo mío, podemos recordar al médico y filósofo británico John Locke para reconocerle como uno de los principales responsables de la conceptualización definitiva de la separación y equilibrio de poderes en la estructura del Estado, en tanto organización compuesta por hombres libres, y en consecuencia los límites que era necesario fijar a los poderes absolutos del Rey.[i] Locke no fue el único ni el primero, porque la idea ya venía madurando desde la antigüedad con prácticas ejemplares que funcionaron por siglos en los gobiernos de Atenas y en la República Romana, posteriormente adoptadas por el Imperio desde su inicio, lo cual es una prueba irrefutable de conveniencia y solidez que se sigue perfeccionado hasta hoy. Dicho en mejores palabras, de lo que se trata es que nadie pueda tener en sus manos la totalidad del poder, sino que éste se distribuya entre organismos autónomos que se controlan entre sí para lograr equilibrio, estabilidad y justicia en el funcionamiento del Estado. Esto tiene que ser suficiente para controlar cualquier intento de abuso de poder o concentración excesiva de autoridad en dirección a establecer cualquier forma de autoritarismo o tiranía, aunque ya sabemos que eso pasa, como en Nicaragua, o en Venezuela, o acaso en Estados Unidos con todas las recientes movidas autoritarias del Presidente Trump, así es que tendremos siempre por delante la tarea de preservar la autonomía de poderes para garantizar el orden, la libertad y los derechos en nuestros países.
La Corte Suprema, como máxima autoridad en el poder Judicial, ha actuado contra dos importantes personajes de la Rama Legislativa que estarían vinculados al escándalo de sobornos con dineros provenientes de la UNGRD. En columnas anteriores habíamos expresado nuestra convicción de que los responsables de este vergonzoso episodio, todos ellos, deberían caer tarde o temprano, porque el Estado tiene la obligación de preservar el mejor funcionamiento en todas sus instituciones y vigilar la conducta de sus servidores, incluso desde la mirada irrestricta de la Ley, a la vez que asiste a los ciudadanos la libertad de reclamar pulcritud y honestidad en el manejo de los asuntos públicos. El país tiene el derecho de exigir que los recursos públicos sean destinados a la solución ordenada, oportuna y eficaz de sus urgencias y necesidades, así como que nunca sean materia de apropiación indebida por intervención de agentes sin escrúpulos. En un hecho tan grave y de tan alto nivel, es muy poco creíble que no estén involucrados los más altos funcionarios en las más altas esferas de Gobierno, desde el Presidente para abajo, pero eso no lo podemos decir nosotros, mi querido amigo, sino que eso lo determinan autónomamente el Sistema de Justicia y la instancia correspondiente en el Congreso, como expresión real del control entre poderes.
Lo que nos importa destacar aquí es que, en correspondencia con ese principio de autonomía, y en apelación al principio de Dignidad que debe mediar en todos los actos que comprometen a los altos Magistrados, la Corte ha resuelto expedir orden de captura contra dos sujetos de alto rango de poder en la Rama Legislativa que parecen estar involucrados en conducta delictiva que afecta los intereses de la Nación. No podemos creer que una autoridad de ese nivel cometa la ligereza de ordenar la captura de alguien sobre quien no reúne suficientes evidencias de violación de la Ley, así es que el asunto luce firme, y detrás de ellos vendrán los demás, “sin importar la importancia que tengan”, según ha dicho el propio Presidente, dando a entender que él no tiene nada que ver en ese torcido.
Resulta entonces saludable, por decir lo menos, que las altas cortes sean hoy una verdadera garantía de seriedad y responsabilidad en el ejercicio cuidadoso de la justicia, como uno de los tres pilares de la estructura del Estado. ¡Si tenemos Justicia lo tenemos todo! Suena algo retórico, quizás, pero es que la Justicia es lo único que permite que un país como el nuestro, penetrado por la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos, pueda conservar algo de Esperanza. Si la corrupción y el desorden campea en las otras dos ramas del poder, como en efecto se ve en las noticias diarias, la Justicia es lo único que queda para “soportar la tormenta”, si entiendes a lo que me refiero. Sólo contando con el soporte firme de la justicia podremos ocuparnos de limpiar la podredumbre que carcome los otros dos poderes, que sería la tarea que nos espera con urgencia. Ahora, si la Justicia se corrompe…
No se sorprenda, no señor, porque es precisamente en las instancias del poder Legislativo en donde se agazapa una multitud inimaginable de personajes “tramoyeros” que buscan ocupar posiciones clave para quedar en posición de maquinar prebendas y privilegios, hacer componendas y torcidos, para sacarle el mejor provecho a su posición de poder. Si definimos esa palabra “provecho”, estamos diciendo sobornos, coimas, propinas, mermeladas, comisiones y ganancias derivadas del trabajo sucio que se les puede presentar en su tarea como legisladores. De esos “angelitos” hay bastantes en el Congreso, algunos son elegidos, otros son contratados, lo cual es una verdadera tragedia porque, sin hacer casi nada para honrar su altísima investidura, se los ve prestos a “apoyar iniciativas” que tengan la “dudosa virtud” de retribuir ganancias. Lástima que sea así, porque esa práctica corrupta pudre el trabajo limpio de tantos otros Senadores y Representantes, hombres y mujeres de bien, que sí entendieron para qué se hicieron elegir y a qué venían al Congreso de la República. Habría que preguntar a los dos personajes detenidos esta semana cómo era la vuelta que mereció sendas sumas de miles de millones de pesos y con quién era el compromiso. ¿Y será ese el único caso? No tendremos forma de saberlo si la justicia se queda apenas en la puerta del Congreso y tampoco entra en las instituciones de gobierno.
Podríamos estar tranquilos con sólo pensar que las altas esferas del poder judicial se encuentren blindadas frente a la injerencia de los otros dos poderes y que el nombramiento y designación de Magistrados se encuentre libre de influencias perversas desde el Ejecutivo (el Presidente) o desde el Congreso. El país tendría entonces sólidas garantías de imparcialidad y responsabilidad en toda actuación, lo cual es justamente lo que esperamos que suceda en torno al escándalo de la UNGRD y en todos los demás de los que el país ha tenido noticia. Si hay lugar para una prueba irrefutable de desempeño eficiente, aquí está el espacio para demostrarlo.
Y así podríamos asomarnos con renovada confianza al Ejecutivo, que es donde zumba la plata de la contratación y se ha enquistado la corrupción. Allí campean los lobistas y contratistas de toda clase y condición persiguiendo como hormigas las oportunidades de acceder a recursos jugosos del presupuesto nacional. Son los contratos la fuente ideal de recursos para pagar todo “servicio”, toda “vuelta”, toda “recomendación”, y los contratistas saben que es por esa vía que reponen “favores recibidos”. De allí, mi querido amigo, que las obras le cuesten al Estado mucho más de lo que realmente valen. Si los contratos sirven para restituir gastos de campaña, o pagar sobornos, o cubrir deudas, queda claro por qué razón los recursos asignados en los contratos no alcanzan para realizar las obras contratadas, que se quedan casi siempre apenas comenzadas y esperando a que, una y otra vez, se autoricen adiciones para medio completar el compromiso. Un Estado que funciona de esa manera está francamente perdido. Un país sometido a esa práctica corrupta está condenado al fracaso, porque no habrá nunca dinero suficiente para cubrir el desfalco y la fuga sin límite de recursos que alimenta la codicia de tantos.
Se requiere de mucha Dignidad y coraje para enfrentar un mal tan arraigado en la vida nacional. La mejor oportunidad está en el desempeño eficiente de cada rama de la estructura estatal, con plena autonomía y responsabilidad, pero también del ejercicio leal de la vigilancia mutua para garantizar el equilibrio de poder y la Justicia. Sí señor: el Congreso debe vigilar el desempeño del Ejecutivo y actuar con severidad suficiente cada vez que pierda su rumbo y coloque en riesgo la estabilidad nacional. El Congreso representa la soberanía del pueblo y no estará nunca subordinado al Presidente, por lo tanto, ha de cumplir un papel preponderante en el control político que cabe hacer a la gestión de Gobierno, sin temor, con Dignidad, sin cobardía. E igual compromiso esperaríamos desde el Sistema Judicial, como depositario de los principios sagrados de la Justicia y el Derecho. El país necesita desesperadamente de esa garantía, coincidamos en eso.
Buena señal la que ofrece hoy la Corte Suprema al país cuando demuestra responsabilidad y decisión en su actuación de control sobre los otros dos poderes del Estado, para que no pierdan el cauce ni se excedan en el uso del poder, pero sobre todo que no se salgan de la Constitución y la Ley, porque en ello se basa el equilibrio que necesita el país para seguir adelante. Igual sensación la que viene del Congreso cuando se muestra como cuerpo autónomo, soberano en su tarea, independiente, responsable con el país y en ningún caso acobardado ante las pataletas, amenazas y caprichos del Presidente.
Muy buena señal, compadre, buena señal…
[i] Locke John (1690) >>Dos tratados sobre el Gobierno civil.<< Publicado por primera vez en Londres. https://es.wikipedia.org/wiki/Dos_tratados_sobre_el_gobierno_civil
Disponible en internet.
https://books.google.co.ve/books?id=3IFH9zHy1FoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false