El país soporta a partir de la fecha un nuevo paro camionero de duración indefinida. Los promotores del acto, que son líderes representantes de los gremios del transporte pesado por carretera, declaran que se han visto abocados a tomar la medida ante el incremento en la tarifa del combustible diésel., luego de fallidos intentos de diálogo con el Gobierno.
El Presidente ha seguido con firmeza las recomendaciones del Ministro de Hacienda, quien había advertido de hace tiempo sobre la necesidad de ajustar ese valor a la cotización internacional del petróleo para evitar un desastre económico en Ecopetrol, según afirma el señor Ministro de Hacienda. La tarifa del Diésel venía subsidiada desde el gobierno anterior, lo cual implica que fuesen los contribuyentes quienes pagaran la compensación tarifaria. Según afirma el equipo de Gobierno, el esfuerzo fiscal del subsidio le ha costado al país 56 Billones de pesos, debilitando así otras posibilidades de inversión social con mucho mayor impacto sobre fragmentos de población vulnerable.
El Gobierno aduce que el desmonte del subsidio puede ser compensado en el costo del flete, a lo cual se responde que ello implicaría un aumento en el coste del transporte de alimentos y un consiguiente aumento en el coste de la canasta familiar, con efectos perversos en la ya resentida economía de los colombianos. Se puede estimar, de todas maneras, que miles de pequeños camioneros se oponen al paro convocado por los grandes empresarios y los gremios que les sirven, porque lo que ellos buscan es el trabajo decente, ingresos justos, impuestos razonables, seguridad social, contratos estables y seguridad en las vías, mientras que los transportadores han alegado, como es natural, que la situación económica del gremio es precaria, particularmente después que se ha dejado de transportar un grueso volumen de carga desde la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel, con la desmovilización de camiones que viene a ser consiguiente.
Sin embargo, la red de servicios de transporte es mucho más amplia y diversa, estando presente en todos los renglones de la economía nacional, de allí que tome fuerza el argumento que todo incremento en la tarifa del combustible tendrá efecto directo en la tarifa del transporte y tendrá, a su vez, efecto directo en la economía del país. El caso en Colombia es de cuidado especial desde el momento en que la estatal petrolera ostenta el monopolio del combustible y es el principal proveedor de este insumo vital para el funcionamiento del país entero.
Podría decirse que el ejercicio del “paro camionero” es uno de los mayores desafíos que enfrenta cualquier gobierno. Es tan grave como un paro de trenes o de aviones, al paralizarse el transporte de pasajeros, pero en el caso de los camioneros existen efectos más amplios en tanto se deja de transportar la carga, y parte de ella es la comida, de donde se deriva lo que puede ser un golpe mortal para un país, desde el punto en que el desabastecimiento de alimentos, medicinas e insumos atenta contra la salud y vida de todos los ciudadanos.
No es la primera vez que sucede. La historia de Colombia en el S. XX y lo que va del S. XXI está llena de jugosos antecedentes. En todos los casos, el Gobierno Nacional y los gremios transportadores han tomado la experiencia y conocimiento necesarios para poder hacer de la aventura del “paro” un ejercicio que fortalece ambas partes y les permite llegar a soluciones. En realidad, es más preciso hablar de “negociaciones”, porque en Colombia los Presidentes “negocian los paros”. Los “paros” se levantan después de negociaciones exitosas con el Gobierno, lo cual implica una ruta expedita para todo tipo de concesiones y prebendas.
Al Presidente Petro le corresponde “negociar” este “paro”. Su pasado le condena, porque el país recuerda con plena vigencia la forma como, siendo Senador de la República, promovió “paros” contra los presidentes Duque, Santos y Uribe Vélez. Ahora se encuentra de éste lado de la mesa y debe asumir la responsabilidad de atender la emergencia con toda la autoridad que implica su cargo de Jefe de Estado, o Presidente, o Jefe del Ejecutivo.
Cualquiera de los tres representa la potestad de la Nación y, por ende, la responsabilidad frente a todos los colombianos. ¿Con qué actitud llega el Presidente a la mesa de negociaciones? ¿O no llega, como es su espantosa costumbre? ¿Qué va a hacer el equipo de Gobierno para enfrentar el caso? ¿Con qué soluciones se levantarán los quejosos? Por todo lo dicho en los medios por los representantes de los grandes gremios y empresarios, el equilibrio de hoy es bastante precario, suficiente como para que se enciendan todas las alarmas. Se han cuidado de dar a entender que los problemas e incomodidades que sufren los colombianos a causa del bloqueo, y el inminente riesgo de desabastecimiento, de pérdida de cosechas y del desperdicio de la leche, son “responsabilidad del gobierno por haber tomado la medida de elevar la tarifa del diésel”. A eso le llamamos extorsión, y será extorsión social cuando se manipule la movilización social para aumentar el ruido y la fuerza para presionar decisiones.
Cualquiera que sea el caso, lo que el país vive hoy no parece una protesta social, en tanto no son los pequeños quienes han ordenado los bloqueos y no son ellos quienes se han lanzado a las calles a reclamar sus beneficios legítimos. Tampoco cuentan ellos, los pequeños propietarios, con recursos y fondos para soportar la inactividad indefinida que implica el “paro”, al contrario, resienten el que su trabajo se vea suspendido forzosamente y que deba cada quién asumir los costos y consecuencias de la inactividad ordenada por los gremios. Los grandes transportadores, en un escenario distinto, se oponen a una medida de Gobierno que afecta sus finanzas, desde donde toman argumento para ordenar el cese de actividades en abierto desafío a la autoridad del Gobierno, sin desconocer ni desestimar la responsabilidad directa o indirecta que les cabe en el bloqueo de carreteras, algo que ellos mismos saben que “se les salió de control”.
Siendo, así las cosas, el “paro camionero” de hoy toma otro carácter: ahora es una protesta empresarial mediada por intereses de muy alto empuje económico, lo cual transforma el asunto en una clara lucha de poder contra el Estado, con el agravante de que la postura de los gremios se ha dejado caer en las vías de hecho, lo cual agrega un tinte claramente extorsivo a la discusión. La protesta, cualquiera que sea su espíritu, pierde su carácter noble cuando incurre en actos de violencia, y es un acto premeditado de violencia el promover y ordenar el bloqueo de carreteras, así se haga de modo supuestamente pacífico, sabiendo con claridad cuál es el efecto perverso que comienza a sufrir el país casi inmediatamente. Allí se encuentra enquistado el efecto extorsivo de la acción de protesta.
La protesta camionera, si así podemos reconocerla, aparece turbada por hechos de violencia como la amenaza de “paro” tan pronto como Hacienda anunció su intención de ajustar la tarifa del diésel. Es decir, desde el comienzo se mostraron las espadas. Los grandes empresarios, y detrás de ellos los gremios, no aceptan la medida del Gobierno Nacional en tanto la ven contraria a sus intereses, y éste tampoco sede en tanto se encuentra empeñado en la tarea de buscar recursos por todas partes para atender las necesidades de inversión social, principalmente a causa del fracaso de la Reforma Tributaria en la anterior legislatura. Por ésta y muchas razones se ha colocado frente a la necesidad de desmontar subsidios onerosos, como el de los combustibles, para tratar de mejorar – eso suponemos- el flujo de caja hacia la inversión social.
La protesta social no será vehículo de avanzadas de violencia con evidente intención de hacer extorsión frente al Estado y promover, procurar, propiciar, patrocinar su bloqueo. El mismo argumento si se usa para presionar o arrebatar por la fuerza decisiones frente a medidas tomadas para el bien común. El derecho legítimo de la protesta social, amparado por demás en la Constitución Política, no necesita caer en la penosa condición de la extorsión impulsada por la fuerza y la violencia. Tampoco el derecho al “paro”. La extorsión, en cuanto está mañosamente amparada en la movilización social y se aplica de manera tendenciosa e inconveniente frente a las instituciones de gobierno y en perjuicio de la sociedad, es la más peligrosa herramienta para desestabilizar el Estado y generar caos, por consiguiente, está inadmitida.