En salud la ruta desarrollada por la administración Petro y sus dos ministros de salud se traduce en muertes evitables, complicaciones, mayores costos y la ruptura de la confianza en el sistema que era muy alta al inicio del gobierno y que, lentamente, de acuerdo con las últimas encuestas, va cayendo como consecuencia lógica del mal gobierno intencional en salud.
El cinismo es total en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. Se han decretado medidas de intervención forzosa para administrar en Famisanar, Savia, Asmet y Emssanar. Ninguno de sus indicadores mejora, pero las manejan interventores de mínima experiencia y oscura cercanía al defenestrado superintendente Ulahy Beltrán, otro de los altos funcionarios que sacan por la puerta de atrás para ocultar graves hechos de corrupción.
Para un gobierno que detesta a las EPS, la intervención para administrar no deja de ser una ironía. Y los resultados saltan a la vista. Las EPS en manos de Petro, esas que el pasado 24 de febrero se jactaba en controlar, no mejoran sino empeoran, como se verificó con la suspensión de dispensación para el régimen subsidiado por parte del gestor farmacéutico de Emssanar el pasado 26 de enero.
En detalle, todos los indicadores que se suponía debían mejorar con las intervenciones han empeorado y la solución de la Supersalud ha sido la de retirar la información de avance para ocultar el deterioro a los usuarios y a la opinión en general.
Pero liquidarlas, que es lo procedente en la óptica de vigilancia y control cuando no se pueden superar los defectos o problemas de que adolecen estas EPS intervenidas: ¡ni hablar!
Ahora en su comunicado de expropiación o “controlo” de esta EPS, Petro nos informó que serían las encargadas de implementar la reforma integral a la salud que la mayoría de Colombia rechaza, por la puerta de atrás.
Pero el cinismo no para allí. A nivel de fuentes fiscales el regulador, Minsalud, no gira y no deja que gire ADRES los cuantiosísimos recursos que la Nación adeuda al sistema. Ni si quiera dos órdenes seguidas en sendos autos de la Corte Constitucional motivan al gobierno a cumplir sus obligaciones.
Mientras debe recursos que van desde el Plan Ampliado de Inmunización (la cobertura de vacunas para nuestros niños y ancianos), los ajustes en presupuestos máximos (que cubren nuevas terapias para crónicos y alto costo), los presupuestos máximos en sí, las compras de medicamentos para enfermos de VIH y tuberculosis y la lista sigue, el ministro de Salud recorre el país hablando mal de las EPS, pidiendo reformas tributarias y negociando con sus cómplices la repártela de los recursos del presupuesto del ministerio que debería estar canalizando a la atención en salud, pero que ahora sabemos está girando en cientos de miles de millones de pesos para programas chimbos en las regiones bajo el rubro, ¡hágame el favor!, de programas de promoción de la ley 100.
Sigue juicioso el ministro destruyendo las EPS, cumpliendo el programa de su querida antecesora Corcho, mientras cada vez controla más EPS. Chantajeando de manera infame y abierta, como el peor mafioso, a las Cajas de Compensación, el gobierno se ha hecho al control de Nueva EPS saltándose el código de buen gobierno que desde sus orígenes le entregó el control a las cajas sobre esta empresa para impedir lo que vendrá, es decir su politización y destrucción.
Con todas las EPS antes mencionadas, Petro, el rey del cinismo, “controla” la prestación de servicios de cerca de 20 millones de colombianos. Y así como no tiene gente capaz y transparente para nombrar en ninguna otra área del estado colombiano, tampoco la tiene en estas entidades donde se multiplica ya la robadera, la manipulación de los pagos y el deterioro de los indicadores de morbimortalidad y estabilidad financiera que se suponía la intervención solucionaría.
Y enfrente del cinismo se encuentra el abismo. Y este no solo está representado en la quiebra y desarticulación sistemática del sistema actual de salud operado por las EPS.
El abismo está en los nuevos cambios existentes en la ponencia presentada para debate en la comisión séptima de senado por los senadores del gobierno.
No me mal entiendan. Lo que venía era malo, muy malo, pero después de 10 meses de forcejeo en la Cámara de Representantes algunas precisiones y matices se habían introducido.
Esta ponencia modificada que conocimos esta semana nuevamente profundiza los graves defectos universalmente criticados por tirios y troyanos.
Se extiende el fallido sistema de subsidio a la oferta a través de la desastrosa y politizada red pública de hospitales. Se magnifica el rol de las secretarías departamentales, distritales y municipales, maliciosamente llamadas Unidades Zonales de Planeación y Evaluación, para conformar las redes integradas e integrales de atención centradas prioritariamente en los mismos hospitales públicos bajo control de los mismos gobernadores y alcaldes.
Todo ello se hará desfinanciando las redes privadas para entregarles a rodos recursos de la atención a los políticos territoriales para que amplíen las capacidades instaladas de la red pública en un infinito mar de contratos de obra y dotación que sabemos bien que nunca se cumplen y son el pasto de la corrupción.
La EPS convertidas en Gestoras de Salud y Vida ahora no tendrán riesgo financiero, ni capacidad real de contratar las redes ni responderán por nada y el sistema todo perderá su función esencial de control de costo sobre recursos escasos que deben alcanzar para cubrir las necesidades de la población enferma, y que ya no alcanzarán, cuando las IPS puedan facturar a libertad en un esquema de adscripción sin control alguno y con mucho padrino político.
Nuestras EPS de hoy en esta ponencia, cuya discusión inicia ya, tampoco podrán participar ya en el nivel básico de atención. Se les prohíbe tener CAPS como lo preveía el proyecto en Cámara de Representantes y en la ley se les imponen sanciones progresivas anuales por incumplir indicadores de salud respecto de los cuales no pueden influir y con estas en muy pocos años pasarán de la irrelevancia a la desaparición.
Todos los recursos de atención primaria irán exclusivamente a los CAPS públicos a nutrir la incompetencia y la politiquería y se pretende en esta versión de la reforma que asuman los roles de las EPS desde lo territorial, rompiendo las complejas cadenas y protocolos de atención de nuestros conciudadanos con enfermedades crónicas, huérfanas y raras de baja incidencia y alto costo, población donde se ven ya muchas de las muertes evitables que este mal gobierno está empeñado en causar.
Del cinismo al abismo solo hay un paso.
Nota: Para un análisis en detalle de la nueva ponencia recomiendo a los lectores: https://www.ramonabel.com/blog/qu-nos-trae-la-ponencia-para-tercer-debate-de-reforma-a-la-salud
Enrique Gómez Martínez