Bajo el entendido general que constituye delito toda acción conducente al levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo o de una nación, bajo cualquier pretexto político, sea éste razonable o no, llevada hasta el extremo de promover sublevación contra el orden establecido, provocando alguna forma de rebelión -acaso revolución-, cargada de motines y actos de sedición, resulta extraño y de plano alarmante que sea el propio Presidente de la Nación la persona que se halle invitando a la movilización de fracciones de la población cuidadosamente escogidas para cumplir con acciones que bien caben en las conductas señaladas aquí.[i]
En efecto el artículo 244 del Código Penal Colombiano (CPC)[ii], al definir el delito de Extorsión señala que se aplica a todo aquel que “…constriña a otro (o a otros) a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero”. Desde el momento en que el Presidente concita a las masas a movilizarse “en defensa del Presidente que han elegido” ante la supuesta avanzada de la oposición –léase la derecha política- que pretende derrocarle mediante “golpe de Estado”. El Presidente tiene todo el derecho constitucional de permanecer en el cargo con la sola aplicación de la Constitución y la Ley, de modo que resulta absurdo en su posición de Jefe de Estado que quiera acudir a la movilización popular para defenderse de algo que ni siquiera está demostrado que vaya a suceder, y que solo se asume en su propia paranoia y en la de sus esferas cercanas de poder, como sería el supuesto golpe de Estado liderado por sus opositores. No está nada bien que sea el Presidente quien promueva movilizaciones que pueden terminar en nefastas situaciones de sublevación, amotinamiento, sedición y violencia.
¿A qué clase de movilización popular se refiere el Presidente? ¿A una que subvierta el orden público? ¿Una que lleve al amotinamientos y actos de violencia sediciosa de unos contra otros? ¿No es ésta una invitación al levantamiento irregular de fracciones de la población civil en medio de un posible brote de guerra civil? Todo esto sucede bajo el señuelo extorsivo de que “ha llegado la hora de alzarse para defender la Democracia”, tal como repite el Presidente en su tribuna preferida de X. ¿Perdió de vista el Presidente que es él el primer salvaguarda de la Constitución y la Ley y que se sale de sus funciones y su responsabilidad Constitucional cuando se atreve a convocar a la población a realizar “manifestaciones de respaldo” que pueden terminar en graves enfrentamientos civiles? ¿No es este un desafío para la paz y la convivencia ciudadana? Y si además advierte a la Fuerza Pública que “no se atreva a tocar a los manifestantes”, ¿a quién va a acudir cuando los hechos de violencia se salgan de control? ¿Regresará el país, gracias a la imprudente paranoia del Presidente, a los días de la más cruda guerra civil?
Se podrá hablar del delito de Rebelión cuando se haga uso de las armas para derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, tal como establece el CPC en el artículo 471, lo cual aplicaría bien para quienes, en ejercicio irracional de la oposición, incurran en actos de conspiración, aún sin el uso evidente de las armas. Sin embargo, hay forma de pensar diferente cuando es el propio Gobierno el que acude al recurso vivo de la movilización social violenta para presionar situaciones de sublevación y violencia que le permitan declarar la emergencia y lograr modificaciones al régimen constitucional y legal vigente, que es precisamente lo que parece intentar el Presidente. Quizás no se califique esta conducta como Rebelión propiamente, pero sí de algo asimilable en tanto viola el Presidente el Mandato constitucional de proteger la Paz y la Unidad de la Nación en procura de un interés personal, cual es el de permanecer en el cargo a todo costo, particularmente si llegare el caso en que se concreten los procesos normales de investigación y acusación que deben surtirse en el Congreso y se ordene alguna novedad con relación a su permanencia en el cargo. No puede hacerse de otra manera. Tiene que ser en completo ajuste con la Constitución y la Ley, luego desaparece el motivo de preocupación que agobia al Presidente. No hay Golpe de Estado posible cuando se mantiene la supremacía de la Constitución y la Ley.
En consecuencia, ¿Cómo puede entenderse la conducta del Presidente al convocar al levantamiento de las masas populares? ¿Qué es lo que busca? Aquí algunas ideas exploratorias que solo comprometen la opinión del autor…
1.- El Presidente se victimiza para movilizar sus adeptos. Por supuesto que lo hace. Hace uso y saca provecho del fantasma del golpe para asustar al país y lograr, con el señuelo extorsivo de que “…ha llegado la hora de defender al Presidente elegido por once millones de colombianos…”, una agitación muy peligrosa entre sectores de la población que siguieron su discurso populista en los pasados comicios electorales y que se levantarían sin problema si el Presidente se los pide. ¿Podrá ser más imprudente? Sin duda, porque la intoxicación de soberbia y vanidad personal que le domina le permite hacer “locuras” como esta de pedir que sus adeptos se movilicen. No dice claramente que tomen las armas, pero sí, si lo hace de manera sobreentendida, porque si hay algo que este país sabe hacer es salir a las calles a romper lo que sea con tal de sentirse un poco más satisfecho. ¿Ignora este riesgo el Presidente? Obviamente que no, sin embargo, persiste en sus mensajes provocadores confiando en que será la masa popular manipulable la que realice el trabajo sucio que él anhela que se haga. Mantendrá entonces el mensaje lastimero de la víctima de una conspiración urdida por la oposición como detonador de la movilización.
2.- El Presidente clama venganza. No es una movilización civilizada lo que reclama y el Presidente lo sabe, es un levantamiento de sectores de la población que el Presidente busca que le sigan en su peligrosa iniciativa – léase algunos sindicatos, organizaciones indígenas, estudiantes universitarios, minoría étnicas- reforzados ellos por la red de bandidos y delincuentes que está vinculando a su esfera de poder con el título de “gestores de Paz”. ¿De qué se trata entonces? ¿De armar un ejército de incondicionales, o una versión evolucionada de “primera línea”, pagada con dineros del erario público?
Que explique el Presidente con qué objeto está haciendo estos movimientos, porque lo que se ve desde afuera, desde la posición de cualquier ciudadano, es que el Jefe del Estado se está blindando como para sostener una guerra que sólo él se inventó. Parece una locura, es cierto, pero las señales que emite desde sus mensajes indican que está decidido a desatar un conflicto que sólo existe en su cabeza, sin tener en cuenta que arrastraría el país a una profunda división y al suplicio de la guerra. ¿Es una venganza en contra de la otra parte del país que no lo eligió y que jamás votaría por él? No debe perder de vista el Presidente que, dentro de los once millones de hombres y mujeres que sí votaron por él en el 2022, hay muchos, de verdad muchos, que lo hicieron así para que no ganara el otro funesto candidato, lo cual hubiera podido ser cien veces peor para el país.
3.- El Presidente no lee la realidad del país. Parece un absurdo, otra vez, pero con inusitada frecuencia el Presidente se asoma a lo público para lanzar afirmaciones y propuestas que no tienen nada que ver con lo que necesita el país: en política petrolera y energética toma decisiones equivocadas a título de la “transición energética” mal entendida por él; en política agraria y de seguridad alimentaria no se ven resultados; en las reformas a la salud, la educación, el régimen pensional, la cuestión laboral, la cuestión tributaria, etc., armó desastres en la estructura existente, no soluciones; en el terreno del gasto público protagoniza un despilfarro colosal, no el cambio y la lucha contra la corrupción que pregonó en su campaña. Siendo así, el país, que siente que está gobernado de pésima manera, tiene que oponerse, tiene que alzar la voz para hacerle ver al Presidente que está “metiendo la pata” y que debe corregir. Las primeras señales de este problema vinieron desde los primeros tiempos de su gobierno, cuando espléndidos Ministros se retiraron de su gabinete porque no consiguieron torcer su caprichosa manera de ver las cosas para el país. Esta incertidumbre no ha cambiado para nada en los días presentes, solo que ahora le siguen Ministros incondicionales.
4.- El Presidente está frustrado en su propósito de seguir la Ruta de Chávez. Ya hemos dicho en escritos anteriores que el dedicado aprendiz de dictador no ha podido seguir cabalmente la ruta de su maestro porque, para empezar, no ha conseguido ni va a conseguir la famosa convocatoria al “poder constituyente”, con lo cual hubiera buscado reformar el Estado a su total acomodo, como sí lo logró Chávez para gobernar como le dio la gana. Al Presidente Petro le ha tocado gobernar con lo que tiene como aparato institucional y con lo que está establecido, incluido en ello el Congreso. Chávez dominó su Asamblea Nacional y las Cortes y logró lo que quiso, Petro no.
Pero el Progresismo sigue siendo un corriente fuerte en el continente y de allí saca el Presidente muchos alientos, de donde se explica cómo se adelanta a proponer la “elección popular de jueces”, tal como lo acaba de imponer su homólogo mexicano López Obrador. Esa medida en Colombia no debería pasar jamás el trámite en el Congreso, ya que implicaría reconocer que, dentro del capital político de los partidos, en donde ya figuran los famosos caciques políticos, Senadores y Representantes, Gobernadores y Acaldes, Diputados y Concejales, se agregarían los jueces. ¿En qué quedaría la imparcialidad de la Justicia? ¿Cómo funcionaría una Justicia pervertida por el clientelismo? En México sí pasó esa reforma porque López Obrador tiene el Congreso, en Colombia no, que es algo que el Presidente Petro resiente en el alma cada vez que sus iniciativas reformistas se han reventado en el Congreso.
En síntesis, vivimos tiempos de tensión originada por un Presidente que está convencido que el país está contra él, lo cual no es cierto. El país quiere que gobierne como es su deber y que corrija cuando se equivoque, como es su deber, pero nunca podrá admitirle que siga por el sendero de la provocación social y la invitación a la movilización de unos contra otros, porque esa viene a ser una abierta invitación a la guerra civil. Eso no tiene otro nombre, y en un Jefe de Estado constituye una abierta violación de sus funciones constitucionales. En alguna parte de su cabeza debe tener el Presidente la razón suficiente para recapacitar y proceder con la gallardía, el talante y la prudencia que la Nación entera le reclama.
[i] Sinónimos todos de la palabra Alzamiento. Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. https://dle.rae.es/
[ii] Ley 590 de 2000. Diario Oficial 44097 de Julio 24 de 2000. Bogotá – Colombia