Los colombianos aún recordamos la gravedad de los actos violentos cometidos en 2021, en el marco de unas protestas sui generis, promovidas fundamentalmente por sectores políticos y sociales afines al actual Gobierno, que contaron con la judicialmente probada participación y el auspicio de grupos al margen de la ley, como el ELN y las FARC, y que, bajo el eufemismo de “estallido social”, propiciaron el caos generalizado con el fin de deslegitimar y desestabilizar el Gobierno Duque.
Los desórdenes en las calles y el bloqueo del País tenían como supuestas consignas, el rechazo ciudadano al alza de los combustibles, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la corrupción, la mala gestión gubernamental, el clientelismo, el aumento de impuestos y el deterioro de la calidad de vida de los colombianos. Por eso, llama la atención que, ante la gravedad de esos temas hoy, en el Gobierno Petro, los antiguos promotores de las protestas, callen.
El balance oficial de las afectaciones provocadas entre el 28 de abril y el 15 de septiembre de 2021, llevó a que algunos calificaran los hechos de “terrorismo urbano de baja o mediana intensidad”. Los colombianos vivimos 12 casos de violencia de género, entre ellos, el abuso sexual a una mujer policía por parte de una turba vandálica en Bogotá; 12 policías fueron secuestrados, 3 asesinados y 1.753 lesionados; 12 instalaciones públicas y de gobierno arruinadas y 167 con graves daños; 214 cámaras de seguridad y fotomultas, 188 semáforos y 142 señales de tránsito destruidas; 28 peajes, 30 bienes culturales y 4 instalaciones religiosas vandalizados. Además, 163 instalaciones y 622 vehículos policiales destruidos o gravemente afectados; así como 1.422 actos de violencia contra el transporte público, 319 contra misiones médicas, 491 contra establecimientos de comercio y 463 contra oficinas bancarias.
Por estos hechos, las autoridades judicializaron a más 1.600 personas, 300 de las cuales fueron privadas de la libertad, y algunas condenadas, como los cuatro integrantes de la ‘primera línea’ que recibieron una pena de 19 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público, impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá.
Desde que asumió la Presidencia, Petro ha intentado por todos los medios reivindicar a quienes desde las calles le dieron el triunfo, legitimando sus acciones violentas y procurando la libertad de los judicializados por crímenes tan graves como homicidio, tortura o secuestro; al tiempo que reitera una y otra vez su llamado a volver a las calles, esta vez para defenderlo de los que, según él, lo quieren “matar o tumbar”.
En este ambiente de incertidumbre inducido por el discurso sectario de Petro y el radicalismo de sus posturas contra la institucionalidad democrática, la Fiscal General de la Nación expidió la Directiva 001 (10 de septiembre de 2024), en la que establece 31 directrices, supuestamente encaminadas a reconocer, garantizar y proteger el derecho a la protesta social pacífica, pero que -en la práctica- implican una limitación sustancial al ejercicio de la acción penal por parte de los funcionarios de esa Entidad, e incluso, yendo más allá de sus atribuciones, restringe el uso de la fuerza a los organismos de seguridad y el alcance de las competencias constitucionalmente reconocidas a otras autoridades judiciales, como la Justicia Penal Militar.
La instrucción al cuerpo de Fiscales para que adopten una interpretación amplia del ejercicio del derecho a la protesta, el establecimiento de estándares más estrictos en la valoración de la ilicitud de los actos violentos, la inmunidad penal para los organizadores o convocantes de protestas que deriven en violencia, así como la prohibición de recurrir al tipo penal de “concierto para delinquir” para judicializar a los responsables de actos criminales en el desarrollo de la protesta, se traducirá en una patente de corso y en un incentivo, para que los que ya bloquearon criminalmente al País, lo vuelvan a hacer.
Paola Holguín