Décadas de espaldas al principal problema del país. Los vetos y populismos prohíben si quiera tocar el tema. Arriesgarse, como lo haré aquí, es no solo enfrentarse al ostracismo y la tergiversación. Es un suicidio político y social.
Y el título de esta columna tiene todo que ver con el problema del desempleo y la informalidad laboral. Y este problema, en sus efectos, tiene correlación directa con las grandes preocupaciones nacionales empezando por el futuro de la salud, pasando por la baja cobertura del sistema de pensiones, siguiendo por el roto fiscal que este sistema genera y va a generar bajo la nueva reforma petrista, y terminando en la baja productividad general y laboral del país que le impide superar su dependencia enfermiza de las exportaciones de materias primas.
Hemos construido un régimen de protección al contrato de trabajo asalariado fenomenal. Sus protecciones, prestaciones y cargas son iguales o equivalentes a las de los países socialistas europeos con una fracción de la productividad. Los derechos de asociación son casi que ilimitados y favorecen una directiva sindical que agrupa a pocos, pero manda sobre muchos.
Los asalariados representan cerca del 43% de los ocupados y de ellos se supone que el 64% de ellos está formalizado. Los independientes o trabajadores por cuenta propia representan también el 43% de los ocupados y se supone que de ellos el 83% está en la informalidad[1]. El total nacional de informalidad para el DANE está en el 58%.
Como en casi todo, revisadas las estadísticas del DANE, nos enfrentamos a tres países. El primero formado por el “Total 13 ciudades y áreas metropolitanas”, el segundo conformado por el “Total 23 ciudades y áreas metropolitanas” y finalmente cuando se encuestan todas las cabeceras. Contra más grandes las ciudades, más aumenta la formalización de asalariados y menor la informalidad de independientes y lo contrario es cierto contra más pequeño el núcleo poblacional encuestado. Se demuestra que el régimen laboral vigente ahonda las desigualdades entre el campo y la ciudad y claramente promueve el desplazamiento económico de la periferia a las ciudades.
Hacer parte de los ocupados en el país ya es de por si un privilegio, pero ese factor de privilegio se dispara al ser asalariado formal. De los 23,6 millones de ocupados, solo 5,8 millones de personas (24,5%) tienen la fortuna de estar asalariadas formalmente. Este indicador coincide, como un factor de medición, con la cobertura del sistema pensional.
No se trata de denostar el trabajo independiente. Pero en esta clase de ocupados, la informalidad total del 83% es brutal. 8,3 millones de personas no cotizan ni a la salud ni a pensiones, acabando con la viabilidad del sistema de salud y haciendo un hazmerreir el sistema de pensiones.
Al margen de la cultura de elusión y evasión de cargas previsionales, la realidad es que el 75% de los ocupados del país no tiene ni va a tener acceso a condiciones laborales regulares.
Esta situación no deriva, como lo pretende la izquierda gobernante, de la maldad e injusticia impuesta por los cerca de 536.000 empleadores del país que contestan la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.
Esta situación es creada por la excesiva carga de gastos en nómina para la gran mayoría de empleadores del país que manejan MiPymes del país que generan el 80% del total del empleo del país. Para estos empresarios las cargas impuestas por la legislación laboral y la inflexibilidad del contrato en sus formas de terminación, implican una barrera insuperable para la formalización y un obstáculo gigantesco para la creación de empleo.
Este obstáculo se agrava en la creación de plazas de trabajo para el primer empleo. Si algo debe avergonzar a los dirigentes nacionales es el fracaso de décadas en el desempleo juvenil en la categoría de menos de 25 años. Este indicador de desempleo ha estado en promedio por encima del 20% en los últimos 15 años y es otra endemia nacional.
Fuente: Datos Macro.com
La promesa de primer empleo se dilata para nuestros jóvenes sin excepción y se retrasan en el ingreso a la fuerza de trabajo hasta tres años, retraso patrimonial que nunca recuperarán en sus vidas. Además, el castigo en el acceso para las jóvenes mujeres es bastante mayor ahondando brechas de género en el ingreso laboral y la acumulación patrimonial que no se pueden corregir nunca.
Además, en esta categoría juvenil de menores de 25 años, cerca del 23% de los jóvenes en edad de trabajar ni estudia ni trabaja. De aquellos con estudios superiores el 35% no logra emplearse en su área de formación.
A pesar de este drama seguimos manteniendo la cultura del privilegio del asalariado sobre el resto de los ocupados. La reforma laboral, que probablemente pasará en el congreso, no hará sino agravar este fracaso nacional.
El acceso a un empleo o una actividad independiente productiva y rentable es un derecho y la sociedad colombiana fracasa estruendosamente en su cumplimiento. El aumento de los gastos en nómina, el encarecimiento demagógico del salario mínimo, la falta de flexibilización del salario mínimo y del contrato laboral, son la causa de este desastre. Setenta años de populismo laboral no pueden seguir llevándonos al fracaso. Es hora de que enfrentemos la realidad de este fracaso y creemos un entorno amigable con el empresario y el emprendedor para que el estado sea socio en la generación ingresos y plazas de trabajo y no un enemigo que impone ficciones costosas e inhabilitantes como las que consagra la legislación laboral.
Seguir haciendo lo mismo y pretender resultados diferentes no solo es estúpido. En el caso del desempleo y la informalidad, es inhumano. Por eso es que valiosos colombianos se nos van del país. Se van en busca de formas de generar el ingreso que quieren y necesitan.
Enrique Gómez Martínez
[1] DANE: Nueva medición de informalidad laboral Julio 2022/Boletín Técnico 31/1/25