Mientras la única obra de infraestructura que está empezando en el gobierno Petro, a saber, la reconstrucción de la cortina de hierro y la nueva división de Berlín, avanza a pasos agigantados, el futuro energético del país se oscurece a gran velocidad en medio de la retórica hecha omisión del ministerio de Minas y Energía.
Múltiples errores, pasados y presentes, empiezan a destruir el futuro energético de la Nación.
Un primer error esencial es la degeneración total de las consultas previas para la industria de hidrocarburos, la minería, los proyectos de generación y transmisión eléctrica y la infraestructura, proceso absurdo de inversión de valores y prioridades sociales que ha creado una cultura de chantaje, atraso y abuso iniciado desde la la Ley 70 de 1993 y que se ha venido agravando con el Decreto Legislativo 1069 de 2015, la Ley 1753 de 2015 y la Directiva Presidencial No. 8 de 2020, proceso que si bien en forma alguna puede imputarse a la administración Petro, si ha sabido llegar al paroxismo en esta, en medio de las solidaridades de cuerpo ideológicas, corruptas y étnicas que mueven a los nuevos mandamases del petrismo en todas las áreas de la administración central.
Los “costos sociales” de nuestros proyectos de explotación de combustibles fósiles y de generación y transmisión se han disparado locamente desde hace cerca de 10 años. Y el problema no es solo monetario, lo cual obviamente repercute en las estructuraciones financieras y en los mayores costos tarifarios que debe asumir toda la población y el sector productivo, sino que es asociado también al alto nivel de incertidumbre en los cronogramas de desarrollo que deben asumir los inversionistas. La extensión insidiosa del chantaje social enerva y destruye la determinación aun de las empresas más poderosas e implantadas en el país, como se verificó recientemente en el lamentable retiro de ENEL del parque eólico Windpeshi, una instalación que teóricamente hubiera podido generar hasta 205 megavatios de energía para la red eléctrica nacional.
Un segundo error garrafal es el auto saboteo ambiental liderado por la ANLA y auxiliado, torpe y corruptamente, por las corporaciones autónomas regionales en todo el país. El mismo Estado se encarga de impedir el desarrollo de su misión ejecutiva, reflejada en los proyectos energéticos de cualquier tipo que promueven el interés general, en medio de una maraña de regulaciones, conceptos pseudo científicos, radicalismos ambientales y chantajes y peajes burocráticos.
El tercer error, este si exclusivo del gobierno Petro, es la adopción de una agenda de transición energética caótica, ilusa, desfinanciada y basada en la destrucción de la industria de hidrocarburos y desarrollada mediante un coyunturalismo ajeno a la buena planeación y proyección de largo plazo que una industria como la de la exploración y explotación petrolera y gasífera requiere de manera esencial. El coyunturalismo se refleja en las posturas “estructurales” en el análisis de reservas de hidrocarburos y gas con base en el comportamiento trimestral de los informes de reservas de la ANH. La política de no otorgamiento de nuevos bloques exploratorios se modula o define ahora de acuerdo con el comportamiento mensual o en el mejor de los casos trimestral de nuestra relación de reservas sobre producción petrolera que permite fijar el horizonte de autoabastecimiento de crudo y gas. Este enfoque trivial e irresponsable aterra y ahuyenta a los inversionistas serios del sector y empieza a generar desde ahora la percepción válida de que perderemos la autosuficiencia en hidrocarburos prontamente (menos de siete años). Solo la consistencia y planeación de largo plazo permiten alcanzar los niveles mínimos de hallazgos para evitar la que sería una desastrosa necesidad de importar crudo y gas.
Un cuarto error imperdonable, también de cuño exclusivo de esta administración, fue la imposición de un criterio alcabalero a la industria de hidrocarburos en la reforma tributaria. El oportunismo fiscal no dio un brinco ante la caída de precios de este semestre, que dejó con los crespos hechos al siempre equivocado exministro Ocampo, y que ha generado retiros importantes de inversionistas y limitaciones de capital en los operadores y exploradores que persisten, contra toda lógica, en apostarle a nuestro potencial petrolero.
Un quinto error antipatriótico e injustificable, propio y exclusivo de Petro, es la entrega a los guerrilleros y bandidos de siempre de enormes cantidades de territorio para que medren sobre empresas y complejos petroleros y energéticos. Esto se ha hecho mediante la reducción intencional del volumen de operaciones de la fuerza pública, el socavamiento de su moral y el ataque jurídico, desde el mismo ministerio de Defensa, a los integrantes de las fuerzas militares y de policía.
Otro error más de Petro, y no el último, ha sido el populismo tarifario. Las interferencias en las estructuras tarifarias de manera arbitraria y a veces concertadas, han sido antitécnicas, posiblemente manipuladas por varios actores de la cadena de valor de la energía eléctrica y mayormente ineficaces para lograr la deseable reducción de costos de tarifa al usuario final. La forma en la cual se ha pretendido modificar los complejos sistemas tarifarios diferenciales en el país solo eleva más, si cabe, la incertidumbre del sector y disuade de las enormes inversiones que el mantenimiento de la red eléctrica nacional requiere con urgencia.
Claro que hay más errores. Pero los expuestos señalan con suficiencia el reto que implicará en el próximo gobierno lograr la reconstrucción de nuestro sector energético. Como siempre se destruye con facilidad y velocidad.
Por ello debemos sentar cabeza desde ahora en planear como lograr la rápida reconstrucción energética en 2026. El país debe evitar que en el post Petro la inercia negativa de los errores señalados, más la complejidad de las soluciones, nos lleven a una mega crisis energética en la cual la izquierda y las guerrillas puedan continuar pelechando oportunidades para su siempre vigente objetivo de la conquista del poder.
Todo girará, en el post Petro, entorno de la recuperación rápida y contundente del orden público como determinante esencial de credibilidad ante los inversionistas en hidrocarburos y energía eléctrica y en acciones paralelas y sincronizadas en lo institucional que permitan reducir drásticamente el costo social y ambiental y la incertidumbre, sin sacrificar los fines de respeto a las comunidades ni la sostenibilidad de nuestra matriz energética. Un reto complejo y urgente para los partidos, los gremios, la academia y el poder judicial.
Enrique Gómez Martínez