Escribo esta columna después de vivir momentos de frustración, como seguramente los sintieron muchos, por los dos bloqueos de vías simultáneos que me obligaron a aplazar la llegada mi pueblo Barrancas este 12 de octubre para asistir a las tradicionales festividades de la virgen del Pilar y el festival del carbón.
En nuestra Guajira, como también ocurre en otras regiones del país, son cada vez más frecuentes los actos de bloqueos de vías que realizan algunas comunidades u organizaciones, como medio de presión para lograr que los gobernantes, territoriales o nacionales, se comprometan con soluciones a algunos problemas particulares que padecen; sin embargo, esos bloqueos causan, al mismo tiempo, negativas y costosas consecuencias en la mayoría de los habitantes y visitantes del territorio, por la violación o ilegal restricción de su derecho a la libre movilidad.
Como regla general, y así será en lo sucesivo -según los principios políticos que direccionan el accionar del actual gobierno nacional-, todos los bloqueos se logran suspender luego de los acuerdos a los que se llega como resultado del dialogo entre los lideres de las comunidades que protestan y los representantes del gobierno o las autoridades competentes. Es una situación que se repite frecuentemente y parece un déjà vu perverso. Lo acabamos de ver en estos hechos de bloqueos de vías más recientes realizados por las comunidades indígenas en Puente Negro, cerca al municipio de Hatonuevo, y las comunidades rurales de Caracolí y Marocazo en el puente Guanábano, ubicado en la vía entre San Juan del Cesar y Distracción.
Luego de los acuerdos alcanzados, algunos miembros de la comunidad del corregimiento Caracolí salieron presurosos a manifestar con alegría que “realizar bloqueos si vale la pena”. Lo curioso es que al mismo tiempo, luego de los acuerdos que permitieron levantar los dos largos bloqueos, el gobernador encargado salió a decir que “La administración departamental demuestra que está presta al diálogo con las comunidades y a través de éste llegar a acuerdos que lleguen a soluciones”
La ineludible pregunta que surge entonces es: ¿Si las soluciones a los diferentes problemas que padecen algunas comunidades se logran mediante el diálogo respetuoso y oportuno, porqué hay que esperar hasta que ocurran los bloqueos de vías, con las graves afectaciones y daños que generan a la mayoría de los habitantes, durante varios interminables días y noches, para sentarse a analizar cada situación y buscar soluciones concretas que satisfagan a las partes y que, por encima de todo, contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades?
Ese enfoque, poco lógico pero frecuente, parece tener un origen cultural, relacionado con estrategias y tácticas de interacción para la negociación en la búsqueda de soluciones efectivas, que definitivamente debe erradicarse en el desarrollo del relacionamiento del gobierno y las comunidades. No solo en el territorio de La Guajira sino en general en todo el país, por las cuantiosas pérdidas que ocasiona la atención tardía de los reclamos de las comunidades.
Debería ser claro, entendible y aplicable por todos, gobierno y comunidades, que las acciones proactivas son las más convenientes para todos. Prevenir los problemas sociales y anticipar las soluciones es la actitud que debe primar en el devenir de la administración pública y de las comunidades. En ese contexto, las autoridades gubernamentales competentes no deberían esperar a que ocurran las vías de hecho para cumplir con su deber de atender oportunamente los problemas cotidianos y apremiantes de las comunidades.
Como sociedad debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se debe proteger y garantizar por las autoridades. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. No existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le impida tener comida en su mesa y la de su familia; esa obstrucción es un hecho que transgrede normas del código penal, sin interpretaciones ambivalentes.
Por principio debería existir una responsabilidad compartida, entre los lideres de las comunidades los lideres gubernamentales, en la prevención de los problemas que pudieran afectar la calidad de vida de las comunidades, identificando e implementando soluciones apropiadas y oportunas, que se concierten como resultado del dialogo, y que al mismo tiempo eviten la ocurrencia de hechos violatorio de la ley.
Esa es el comportamiento gana – gana que finalmente coadyuvará a lograr la sana convivencia y la anhelada paz que todos queremos para nuestro bello y amado territorio Guajiro.
Álvaro López Peralta