El 20 de julio, el presidente Petro instaló la tercera legislatura del Congreso, con un discurso que, en tono conciliador, estuvo plagado de imprecisiones. Veamos algunas:
Primera, insistió, como lo ha hecho su Gabinete, en que el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), es un caso de corrupción aislado y el único responsable es el exdirector Olmedo López; hábilmente inició sus palabras pidiendo perdón y señalando que la corrupción no es un problema ideológico, ni de estratos, es una “cultura”.
Olvida que además del caso de la UNGRD; están los escándalos de financiación indebida y violación de topes de campaña; y en 24 meses de Gobierno, el caso de los más de 100 contratos del Ministerio del Deporte; los contratos irregulares y el acoso laboral en RTVC; los beneficios a cambio de votos en el Congreso, del exdirector del Fondo Nacional del Ahorro; las maletas y el polígrafo a la niñera de Laura Sarabia; el tráfico de influencias de la exministra de Minas para sacar a su hijo del país; los viajes, el maquillador, el masajista y otras excentricidades de la Primera Dama; los millonarios contratos del Fondo de Energías no convencionales al cuestionado Clan Torres, que aparecen como financiadores irregulares de la campaña presidencial; la presunta corrupción en la compra de tierras, y una extensa lista que demuestran que si Samper no vio el ‘elefante’ en la sala, Petro no está viendo un ‘zoológico’.
Segunda, habló del cambio de modelo económico, del extractivista al del intelecto. Si bien es cierto el Gobierno Petro está empeñado en acabar el sector minero- energético, es falso el supuesto éxito económico del que habló. Basta revisar algunas cifras. El País pasó de un crecimiento del PIB del 7,3% en 2022 a 0,6% en 2023; de acuerdo con el DANE, en mayo de 2024 la Inversión Extranjera Directa cayó 22,3% en comparación con la registrada el mismo mes de 2023 y un 51% frente al 2022, paradójicamente el 80% de la IED para mayo de 2024 corresponde al sector que quiere acabar. Por si esto fuera poco, el Banco de la República registró un desplome de la Formación Bruta de Capital en 2023 con un -25,9% ($147.015 miles de millones), lo cual resulta ser peor que el balance de 2020 con Covid (-20,7%, $153.203 miles de millones).
Tercera, afirmó que varios Congresos anteriores congelaron los recursos de educación para salvar banqueros (1998), o para hacer la guerra. Los recursos para educación han sido siempre cercanos al 4% del PIB, en 1998 fueron de 3,93%; y en los últimos Gobiernos, han crecido así: en los 2 Gobiernos de Uribe el promedio fue 4,25% (con crecimiento promedio del PIB de 4,22); en los Gobiernos de Santos 4,56% (PIB creció 3,77 promedio); en el Gobierno Duque 4,62 (con cifra récord en 2020 de 5,27; PIB creció 3,34 en promedio, a pesar del Covid), y en los dos años del Gobierno Petro, 4,2% en 2023 y 3,9% en 2024 para educación (con crecimientos del PIB de 0,6 en 2023 y este año se espera crezca 1,3).
Cuarta, según Petro en un año o dos desparecen los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de Energía en su informe de octubre del 2023, pronostica que a lo largo de esta década la demanda de combustibles fósiles alcanzará su máximo histórico y empezará a caer a partir del 2030, pasando del 80% al 73% en el suministro de la demanda, advierte además que el declive será muy lento.
Quinta, como lo hizo en el Consejo de Seguridad de la ONU hace unas semanas, Petro le reafirmó al Congreso su apuesta por un nuevo Fast Track para acelerar el trámite de sus reformas, como parte, según él, de un compromiso internacional asumido unilateralmente por Colombia con la firma del Acuerdo de La Habana de y su poder constituyente. Contrario a lo que ha dicho, una declaración unilateral de un Estado no tiene la vocación ni el alcance jurídico para crear obligaciones internacionales del Estado que desconozcan su ordenamiento Constitucional y Legal interno.
Paola Holguín