Parece que el ADN del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está constituido para mantenerse en el centro de las polémicas politiqueras y cumplir con los propósitos de los políticos.
Recibo información documentada de un atropello que está cometiendo el ICBF en La Guajira, en contra de la Asociación de Madres Trabajadoras (ASOMADORAS). Y, según dicen, el atropello del que está siendo victima lo está gestionando un mediocre senador del partido Centro Democrático, que se quiere hacer pasar como guajiro para ganar réditos electorales.
La Asociación ASOMADORAS no es desconocida para el ICBF, porque le ha prestado servicios desde hace mas de 15 años consecutivos atendiendo a la niñez wayúu en el alta guajira.
La situación es la siguiente.
En diciembre de 2019 el ICBF publicó unas convocatorias para conformar el Banco Nacional de Operadores de la Primera Infancia (BNOPI) y realizar los procesos de contratación solo con los operadores que cumplieran con todos los requisitos para la ejecución de modalidades de atención dirigida a la primera infancia.
https://www.icbf.gov.co/system/files/invitacion_publica_ip-003-2019_preliminar.pdf
Con base en dicha convocatoria, y teniendo la experiencia de mas de 15 años, ASOMADORAS se inscribió y fue habilitada para hacer parte del selecto grupo de operadores que podían suscribir contratos con el ICBF. Sin embargo, y con el fin de mejorar el campo de operación, en el año 2020 ASOMADORAS amplió su experiencia para operar la modalidad de prestación de servicios en Centros de Desarrollo Infantil institucional (CDI).
Y hasta ahí todo bien.
A partir del año 2021 el ICBF cambió los procedimientos de selección de operadores, implementando un modelo que denominó Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad (BETTO). Con el fin de que, a través de inteligencia artificial y analítica de datos, se garantizara la objetividad en la escogencia de los operadores, y que en ese mismo sentido se cumpliera con el proceso contractual de manera eficiente.
De tal forma que el software BETTO se encargaría de evaluar y elegir a los mejores operadores, los cuales habían sido previamente habilitados en el BNOPI que se conformó en el año 2019 para la prestación del servicio de educación inicial de calidad, que incluye también el componente de nutrición.
Incluso, la doctora Lina Arbeláez, Directora General del ICBF, cuando presentó a BETTO en sociedad ante los medios de comunicación expresó que “Con la selección que hizo BETTO buscamos la protección, el bienestar y garantía de los derechos de la niñez. Este proceso permitió escoger a los mejores operadores en la contratación de los servicios, con diversidad de oferentes y sin concentración de contratos”.
El proceso de selección realizado a través de BETTO posicionó a ASOMADORAS en el primer lugar de elegibilidad de los operadores interesados en suscribir las modalidades de atención CDI y Modalidad propia en beneficio de la primera infancia pertenecientes a los corregimientos de Nazaret, Siapana y Puerto Estrella, en el alta guajira.
Y así le fue comunicado de manera oficial, a través de correo electrónico remitido por la doctora Martha Isabel Tovar Turmequé, directora regional encargada del ICBF de La Guajira, el 9 de febrero del presente año a las 3:50 de la tarde: “De acuerdo con los procesos de contratación que se adelantan en la actualidad para la prestación de los servicios integrales en la vigencia 2021, entre los cuales se encuentra Centros de Desarrollo Infantil –CDI-, Hogares Infantiles –HI-, Desarrollo Infantil en Medio Familiar –DIMF- y la Modalidad Propia e Intercultural, esto en el marco del Banco Nacional de Oferentes para la Atención a la Primera Infancia conformado a través de la Invitación Pública – IP 003 de 2019, y mediante la herramienta tecnológica de inteligencia artificial creada por el ICBF, la cual se denomina BETTO, (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad) donde se realizaron los procesos de invitación, el procesamiento de la información de las manifestaciones de interés, dando aplicación de los criterios de verificación y de selección, arrojando como resultado el respectivo orden de elegibilidad, me permito informar:
Dentro de la invitación a ofertar en la que usted quedo en primer lugar en el orden de elegibilidad…” (sic).
Y, además, en el mismo correo, la directora regional del ICBF de La Guajira solicita la respectiva documentación para avanzar en la revisión, y darle continuidad al proceso contractual.
A partir de aquí empieza el atraco de BETTO y el ICBF de La Guajira.
En cumplimiento de la notificación recibida por correo electrónico, el 10 de febrero ASOMADORAS remitió por la misma vía toda la información que le fue requerida, a la dirección de correo electrónico contratacion2021_gjr@icbf.gov.co que le fue informada.
A partir de ahí, y habiendo cumplido ASOMADORAS con todos los requerimientos, no les notificaron ninguna solicitud de subsanación, ni de información adicional, para continuar con el proceso contractual. Ante el silencio, y al pasar los días, ASOMADORAS presentó un derecho de petición que todavía no ha sido respondido.
Esa parece que es la costumbre en todas las entidades públicas en La Guajira: nunca contestan un derecho de petición.
El 15 febrero se lleva a cabo una reunión de Dialogo intercultural con líderes del municipio de Uribia (La Guajira) en la Dirección Regional La Guajira del ICBF en Riohacha para resolver el problema de la toma de la vía férrea del carbón por parte de la comunidad indígena, en razón a que reclamaban por no haber quedado incluidas en los resultados del BETTO.)
El 20 de febrero se conoce el acta de la reunión anterior en la que aparecen los resultados del comité evaluador en la que se lee:
“El ICBF hace entrega de los resultados de la aplicación del procedimiento establecido para la selección de las Entidades Administradoras de Servicios (EAS) a través del BNOPI y de las orientaciones para la concertación, su alcance y limitaciones.
Decisiones: Levantar las vías de hecho y continuar con el procedimiento establecido para la selección de entidades administradoras de los servicios de forma directa según lo establecido en el numeral 1.2.3 del manual de contratación y en los decretos 1088 de 1993 y 252 de 2020”.
Si este era el compromiso entonces tenían que contratar a ASOMADORAS porque había sido admitida y calificada en el primer lugar, según le habían comunicado en el correo electrónico del 9 de febrero.
¡Oh sorpresa!
El ICBF decide adjudicar a la Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible Energía Vital, argumentando que ASOMADORAS “no cumple por experiencia”.
¿Cómo así? ¿Quién entiende esa decisión? ¿Y entonces por qué el resultado de BETTO calificó a ASOMADORAS en el primer lugar? Y si ASOMADORAS no cumple por experiencia, a pesar de prestarle servicios por más de 15 años al ICBF, ¿por qué había sido admitida en el banco de oferentes?
Incluso, en el orden de elegibilidad calificado por BETTO, la Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible Energía Vital ocupó el 4º puesto; y sin embargo pasó a ser la entidad seleccionada por el ICBF Regional La Guajira para ejecutar los contratos 2021-44-10001208 y 2021-44-10001209.
De todo este juego de intereses politiqueros el mayor perjuicio lo asumen las comunidades indígenas wayúu, a las cuales todavía no se les prestan los servicios.
Y revisando la información publicada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Santa Marta, sede de la Fundación para el Desarrollo Integral Sostenible Energía Vital, se encuentra en el objeto social que suministra toda clase bienes y presta toda clase de servicios; la lista es tan larga que no excluye nada, como por ejemplo distribuidor de combustibles, administración de recursos públicos, medio ambiente, ayudas diagnósticas, imagenología, recuperación de cartera, reforestación, etcétera, etcétera, etcétera.
En fin, ¡hace de todo!
Es decir, se constituye como Fundación para aparentar que lleva a cabo actividades sin ánimo de lucro, pero en todo sentido son actividades lucrativas de una sociedad comercial.
Y la historia documental de dicha Fundación dice que fue creada en el año 2005 por Pablo Jose Correa y Luis Francisco Schneider, pero hoy los “socios”, como cualquier empresa comercial, son Luis Gabriel Arregocés Solano y Sandra Milena Campo Ramírez.
El Revisor Fiscal es el Contador Público Jose Eduardo Cuello Cuello del cual tendrá conocimiento la Junta Central de Contadores por intermedio de esta denuncia.
Aquí se presume que hubo, en algún momento, una compraventa de una Fundación para llevar a cabo actividades con ánimo de lucro que las autoridades deben investigar.
ASOMADORAS es una Asociación conformada por 10 personas de la etnia wayúu, reconocida en el municipio de Uribía, con más de 15 años de experiencia en el territorio, brindando atención con enfoque diferencial, y cuenta con el respeto y la confianza de las autoridades tradicionales de la Alta Guajira.
Esta situación que se denuncia debe ser investigada por los organismos de inspección, vigilancia, control y judiciales, además de la Junta Central de Contadores, porque se nota, sin levantar una sola hoja, que pasaron por encima de todo, sin impórtales las consecuencias de nada, para sacar a la asociación ASOMADORAS.
Y a pesar de todas las órdenes que dio la Corte Constitucional en la sentencia T302 de 2017 el ICBF todavía no atiende a la niñez del alta guajira.
Definitivamente, La Guajira está destinada a ser una tierra sin dios ni ley?
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
@LcolmenaresR