El salario mínimo para 2025 nuevamente se ha convertido en un tema central de discusión, pues su incremento no solo impactaría los ingresos mensuales de aproximadamente 3.3 millones de colombianos, sino también otros temas económicos, como los precios y tarifas de servicios esenciales que siguen indexados con este indicador.
La comisión de concertación, liderada por la ministra de Trabajo, que reúne a representantes del gobierno nacional, centrales obreras y gremios empresariales, es el escenario establecido en forma apropiada, siguiendo el espíritu del tripartismo que promueve la OIT, donde se debaten las diferentes propuestas orientadas a lograr un acuerdo eficaz para un incremento sensato del salario mínimo.
El Ministerio de Hacienda en su momento había señalado que el incremento debe incorporar el dato oficial de inflación del 2024, el cual llegó a 5.2% en noviembre. Desde una perspectiva técnica no se han observado diferencias del sector empresarial con ese enfoque, aunque si han hecho serios cuestionamientos a las cifras de productividad reportadas por el DANE -por no reflejar la realidad macroeconómica- lo que podría dificultar un acuerdo para un alza entre el 6.2% y el 6.5%, incluyendo el ajuste por productividad.
Por su parte, el sector sindical, liderado por la CUT, con la participación de las otras centrales CGT y la CTC, más las confederaciones de pensionados, ha sido enfático al fijar su petición de un incremento de dos dígitos; es decir, de 12% como lo precisaron en el transcurso de esta semana.
Tanto el presidente de la ANDI como el de FENALCO han reiterado que el sector empresarial atraviesa un mal momento, y que, con la excepción de los cafeteros, la industria en general ha caído y el comercio no ha tenido un buen año. Por su parte, FEDESARROLLO ha sostenido que no es conveniente un incremento de dos dígitos pues se podría reflejar en el crecimiento del desempleo, dado que las empresas tendrán que disminuir esos mayores costos, o trasladarlos al consumidor final. El Banco de la República ha recomendado ser moderados y cuidadosos con el incremento que se haga, advirtiendo que no puede ser de la misma magnitud nominal que el del año pasado.
Seguramente las centrales obreras no harán esfuerzo alguno para concertar un incremento razonable del salario mínimo y no se moverán un ápice de su petición inicial pues saben que al final el gobierno nacional lo hará a su antojo por decreto, tal como ha ocurrido en los dos años anteriores.
Nuevamente el presidente Petro aprovechará la oportunidad de golpear a la empresa privada dados sus antecedentes de confrontaciones y ataques contra ese importante sector de la economía del país. En su momento manifestó que, gracias a su terquedad, “en los años anteriores subió el salario mínimo por encima de lo que los empresarios y periódicos pidieron”.
Algunos analistas temen que, dada su estruendosa derrota en el Congreso por la no aprobación de la ley de financiamiento, haga un incremento con varios puntos porcentuales por encima de la inflación para satisfacer las aspiraciones de los sindicatos y para “compensar” del golpe que supuestamente le dio la elite de la derecha en la oposición, tal como salió a pronunciarse en su cuenta de X. Sus ataques han sido agresivos contra los congresistas que promovieron el archivo del proyecto, demostrando todo lo contrario de una actitud proclive a la paz.
Eso le servirá, además, para alimentar su narrativa sobre las causas de la transitoria reducción de la pobreza, cuando afirmó que “la economía popular, junto al aumento del salario mínimo, fueron los causantes de la reducción de la pobreza en Colombia en 2023.
Lo que esperamos la mayoría de los colombianos es que al final se imponga la sensatez y se llegue a un consenso para un incremento que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores y se preserven las condiciones económicas que garanticen la sostenibilidad de las empresas, lo que les permitirá continuar generando oportunidades de empleo para muchos compatriotas que las necesitan.
Álvaro López Peralta