El Cabildo Abierto es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución Política de Colombia de 1991, específicamente en el artículo 103, que busca involucrar a la ciudadanía en la deliberación de asuntos de interés público. A primera vista, parece una herramienta democrática poderosa, pero en la práctica, su implementación en Colombia ha generado críticas y preocupaciones debido a sus limitaciones y potenciales efectos negativos.
Uno de los principales problemas del Cabildo Abierto es que, aunque está diseñado para incluir a la ciudadanía, no siempre logra una representatividad amplia y equitativa. En muchos casos, la participación se limita a ciertos sectores de la población, como líderes locales, grupos de interés o personas con mayor acceso a información y recursos. Esto puede marginar a comunidades vulnerables, como las rurales, indígenas o afrodescendientes, que enfrentan barreras logísticas, económicas o educativas para participar activamente. Además, la asistencia a los cabildos suele ser baja, lo que reduce su capacidad de reflejar el sentir general de la población. Por ejemplo, en algunos municipios, los cabildos han sido dominados por grupos organizados con agendas específicas, lo que puede desvirtuar el propósito de una deliberación plural.
El Cabildo Abierto, en lugar de ser un espacio de diálogo genuino, puede convertirse en una plataforma para la manipulación política. Autoridades locales o líderes con intereses particulares pueden utilizar estos espacios para legitimar decisiones ya tomadas, presentándolas como el resultado de un proceso participativo. Este fenómeno es especialmente preocupante en contextos donde la ciudadanía no cuenta con suficiente información o formación para cuestionar las propuestas presentadas. Así mismo, los cabildos pueden ser explotados por líderes populistas que buscan avivar emociones y polarizar a la población, en lugar de fomentar un debate racional y constructivo. En Colombia, donde la polarización política es un problema recurrente, los cabildos pueden exacerbar divisiones en lugar de promover consensos.
Aunque los cabildos están concebidos como un mecanismo para influir en las políticas públicas, sus resoluciones no son vinculantes. Esto significa que las autoridades no están obligadas a implementar las propuestas o acuerdos surgidos en estos espacios. En muchos casos, los ciudadanos invierten tiempo y esfuerzo en participar, solo para descubrir que sus aportes no tienen un impacto real en las decisiones finales. Esta falta de incidencia genera frustración y desconfianza hacia las instituciones, lo que puede desincentivar la participación ciudadana en el futuro. Por ejemplo, en el contexto de los cabildos abiertos realizados durante el Paro Nacional de 2021, muchos ciudadanos expresaron sus demandas en estos espacios, pero las soluciones propuestas no siempre se tradujeron en políticas concretas, lo que alimentó la percepción de que los cabildos son más un ejercicio simbólico que una herramienta efectiva.
La implementación de un Cabildo Abierto requiere recursos, organización y difusión adecuada, aspectos que a menudo son deficientes en Colombia. En muchos municipios, especialmente en zonas apartadas, la falta de infraestructura, como espacios adecuados o acceso a internet, dificulta la participación. Además, la publicidad de estos eventos suele ser limitada, lo que reduce la asistencia y la diversidad de voces. Por otro lado, la moderación de los cabildos puede ser un desafío. Sin una facilitación imparcial y profesional, los debates pueden desviarse hacia conflictos personales o discusiones poco productivas, lo que resta eficacia al proceso
En un país con profundas desigualdades y tensiones sociales como Colombia, los cabildos abiertos pueden convertirse en escenarios de confrontación. Diferentes grupos con intereses opuestos pueden utilizar estos espacios para imponer sus agendas, generando conflictos en lugar de soluciones. Por ejemplo, en temas sensibles como la distribución de tierras, los proyectos extractivos o las políticas de seguridad, los cabildos han sido escenario de enfrentamientos entre comunidades, autoridades y empresas privadas.
La combinación de los problemas mencionados falta de representatividad, manipulación política, ausencia de incidencia y limitaciones logísticas puede erosionar la confianza de los ciudadanos en los mecanismos de participación. Cuando los cabildos no cumplen con las expectativas de ser un canal efectivo para influir en las decisiones, la ciudadanía puede percibirlos como una formalidad vacía, lo que refuerza el sentimiento de apatía y desconexión con el sistema político.
Si bien el Cabildo Abierto es, en teoría, un instrumento valioso para fortalecer la democracia participativa en Colombia, su implementación enfrenta serios desafíos que limitan su efectividad y, en algunos casos, generan efectos contraproducentes. Para que este mecanismo sea realmente útil, es necesario garantizar una participación inclusiva, transparente y con resultados concretos. Esto implica mejorar la difusión, asegurar la representatividad, profesionalizar la moderación y, sobre todo, otorgar un carácter vinculante a las decisiones surgidas en estos espacios. Sin estas reformas, el Cabildo Abierto corre el riesgo de convertirse en una herramienta que, lejos de empoderar a la ciudadanía, profundiza la desconfianza y la polarización en un país que necesita urgentemente consensos para avanzar.
Antonio Pinzón