En todos los sistemas presidenciales existe una aspiración permanente de los gobiernos a contar con un Congreso que les sea favorable. No se trata únicamente de una cuestión de comodidad política, sino de una necesidad funcional. En efecto, las reformas estructurales, es decir, las que alteran la arquitectura económica, social o institucional de un país, rara vez prosperan en un escenario legislativo hostil o fragmentado. Por eso, a lo largo de la historia republicana, los gobiernos han procurado rodearse de mayorías parlamentarias que les permitan tramitar sus iniciativas con relativa fluidez y sin los sobresaltos propios de una oposición numerosa.
El actual gobierno no ha sido la excepción. Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro dejó entrever su propósito de consolidar un bloque legislativo suficientemente robusto como para respaldar el conjunto de transformaciones que ha anunciado con insistencia. La aspiración era clara; tendía a asegurar un Congreso proclive a sus propuestas, capaz de acompañar el proyecto político que encarna y, eventualmente, servir de plataforma para su continuidad política. En ese horizonte también aparece el nombre de Iván Cepeda, figura cercana al ideario del gobierno y a quien algunos sectores ven como posible continuador de esa agenda de reformas.
Sin embargo, la realidad política que emerge el día 8 de marzo pasado de las urnas suele ser menos lineal que los cálculos estratégicos de cualquier proyecto de poder.
No obstante, los grandes titulares de prensa, las elecciones recientes no produjeron una ola arrolladora ni un desplazamiento decisivo del mapa político. Lo que dejaron, más bien, fue un Congreso que reproduce los mismos equilibrios que han caracterizado la vida parlamentaria en los últimos años; indiscutiblemente, las resultas conservan, casi que milimétricamente, la misma repartición cuantitativa de esas representaciones en los lados más antagónicos del espectro político.
En el bloque afín al gobierno se advierte un avance que, visto en detalle, resulta más aparente que sustancial. El partido de gobierno, el Pacto Histórico, pasó de 20 a 25 escaños en el Senado, es decir, ganó cinco curules adicionales. A primera vista podría interpretarse como un crecimiento significativo del ala autodenominada progresista en el cuerpo colegiado; sin embargo, ese incremento coincide con la desaparición práctica de la representación que hasta ahora había tenido en el Congreso el partido Comunes, que contaba con cinco escaños derivados del acuerdo de paz y que, para el próximo periodo legislativo, dejará de tener presencia. En términos aritméticos, el resultado final es revelador; el bloque de izquierda que respaldaba al gobierno mantiene prácticamente el mismo volumen parlamentario que tenía antes. Lo que ha ocurrido, en realidad, es una redistribución interna de esa fuerza política más que una expansión de su peso global dentro del legislativo.
En la orilla opuesta, los sectores de oposición también registran movimientos que, observados con detenimiento, responden más a un reacomodo interno que a un crecimiento real. El Centro Democrático alcanza una representación cercana a los 17 escaños, lo que supone una recuperación de cuatro curules frente al periodo anterior. Pero ese avance tiene una explicación concreta, buena parte de esas posiciones provienen del retroceso electoral de Cambio Radical, colectividad que perdió varios asientos en el Senado. En otras palabras, no se trata de una ampliación significativa del espectro ideológico de derecha dentro del Congreso, sino de un desplazamiento de fuerzas dentro de ese mismo campo político.
A ese reacomodo se suma la irrupción parlamentaria de Salvación Nacional, que logra abrirse espacio con cuatro curules, introduciendo en el Senado una voz de orientación doctrinaria que durante años había permanecido al margen del escenario legislativo.
Entre ambos polos permanecen, casi inalterables, los viejos partidos de tradición parlamentaria. El Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano continúan sosteniendo sus bastiones regionales con la solidez que les otorgan décadas de arraigo territorial. Son organizaciones acostumbradas a sobrevivir a los cambios de época y a preservar sus feudos electorales incluso cuando el clima político nacional se transforma.
A ese cuadro se suma el siempre adaptable Partido de la U, una colectividad cuya historia reciente ha estado marcada por una notable capacidad para mimetizarse o alinearse con de acuerdo a sus propias conveniencias.
En síntesis, el resultado general no configura una ruptura del orden político existente; solo cambian algunos nombres, se renuevan ciertas figuras y aparecen nuevos matices en el debate ideológico; pero la conformación de fuerzas permanece sorprendentemente similar a la de la legislatura anterior. Lejos de un vuelco histórico, el país parece haber optado por la continuidad de un equilibrio político que obliga a la negociación constante.
Así las cosas, el Congreso que surgirá el próximo 20 de julio no ofrece a nadie una supremacía indiscutida. Tampoco consagra una derrota categórica para ninguno de los bloques. Más bien dibuja un escenario de contrapesos donde cada reforma deberá abrirse paso entre acuerdos, tensiones y deliberaciones inevitables.
En una democracia madura, ese tipo de equilibrio no necesariamente es una debilidad. Con frecuencia es, precisamente, la forma en que las instituciones obligan a la prudencia. El Congreso, en tales circunstancias, deja de ser un simple instrumento del poder ejecutivo para convertirse en lo que constitucionalmente está llamado a ser: un espacio de deliberación y, cuando las circunstancias lo exigen, un auténtico dique frente al poder.
Dinhora Luz Sierra Peñalver