Ha venido pasando desapercibida la calamidad que le significa a la región Caribe tener una “demanda no atendida”, que es como llamó la empresa XM, que es la que opera y administra el Sistema interconectado nacional (SIN), en su Boletín de septiembre pasado, un término eufemístico para denominar el racionamiento en la prestación del servicio de energía al que hemos estado expuestos desde entonces, debido a la incapacidad de las líneas de interconexión de transportar toda la energía que demandan los usuarios, regulados y no regulados. Eso quiere decir que no se ha venido cumpliendo con las leyes 142 y 143 de 1994, las cuales establecen que dicho servicio se debe prestar con eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad.
La Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, que debe velar por su cumplimiento hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Pero este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá no se reconoce que la ola invernal ha llegado al país. Si fuera el interior del país el que estuviera sometido a este racionamiento sería noticia de primera plana en todos los medios y merecería la atención prioritaria del Gobierno central, pero como es en el Caribe a ello no se le paran bolas.
Desde el año 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte. No obstante, el alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.
La tarifa de energía (Costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que marca la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8.5% en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminamos pagando los justos por los pecadores. Ello solo se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque, con base en el cual se pactó esta clavija entre el Gobierno Nacional y los nuevos operadores que reemplazaron a ELECTRICARIBE. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto.
Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del precio al productor (IPP), que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena, a varios de los cargos de la tarifa, por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado.
Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el año 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando, en su lugar, quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.
Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A raíz de la crisis de la pandemia, entre las medidas tomadas por el Gobierno Duque al amparo de la Emergencia económica, social y ambiental decretada dispuso diferir las alzas tarifarias, que los usuarios confundieron con un congelamiento de la tarifa. Por cuenta de la OT los usuarios contrajimos una deuda con las empresas prestadoras del servicio de energía, sobre la cual se pagan también intereses, la cual llegó a rozar los $5 billones. A finales del 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas tarifarias.
Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el Presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20%, según el caso, en la factura. “Hemos acordado que la Nación paga esas deudas a cambio de favorecer a las familias”[2]. Apenas dos semanas días después, también desde Barranquilla el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2.8 billones)[3]. Posteriormente adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo, para lo cual se requeriría la expedición de una Ley y ello en momentos en los que concluía la legislatura, de modo que su trámite debió aplazarse para la actual legislatura que instaló el Presidente Petro el pasado 20 de julio[4].
Entre tanto el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica” , entre ellas la asunción por parte de la Nación de la OT, contemplando incluso lo posibilidad de extender este beneficio a los consumidores de los estratos 4, 5 y 6. No obstante la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones[5]. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio al Ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada. Este plazo incumplido se viene a sumar al que le incumplió el Ministro Camacho al Presidente Petro, quien, en medio de la jornada “Gobierno en los Barrios” en Barranquilla, le dio en mayo 8 “una orden”[6], para que en un mes “bajen las tarifas eléctricas en Colombia”.
Finalmente, acaba de publicar el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, para comentarios, el proyecto de Decreto mediante el cual “la Nación asumirá el saldo va de $2 billones por concepto de opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3”[7]. En esencia lo que se trata a través del mismo es viabilizar un crédito – puente de FINDETER a las empresas, ampliando el cupo anterior que fue de solo $1 billón. Ello, mientras se tramita el proyecto de ley al que hicimos referencia anteriormente.
Y la cereza del pastel: en vista de la abultada y deteriorada cartera por el impago y/o morosidad en el pago del servicio de muchos de sus usuarios, la empresa AIR-E resolvió implementar lo que ellos denominan “periodos de continuidad”, que más bien se deberían llamar períodos de discontinuidad, consistente en el corte masivo del fluido eléctrico por espacio de 7 horas diarias de lunes a sábado (entre las 7 P.M y las 6 A. M) , concentrado en los barrios subnormales y en las llamadas “zonas de difícil gestión”. Ello ha provocado la airada reacción de los desesperados usuarios, que siguen demandando del gobierno menos anuncios y más soluciones prontas y efectivas a esta dramática situación.
Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables[8], además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción tarifaria por parte del Gobierno Nacional a las empresas, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G). Por su parte las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).
Las comunidades energéticas son parte de la solución, eso sí siempre y cuando se implementen de buena manera, evitando la improvisación y la ligereza, garantizando su sostenibilidad. Para ello es fundamental su manejo gerencial, que comporta contar con la buena administración, la idónea y experta operación y el diligente mantenimiento. La decisión tomada por los gobernadores de crear una empresa regional de energías alternativas va en la dirección correcta y la creada por el Distrito de Barranquilla constituye un buen piloto digno de imitar.
Finalmente, pero no por ello menos importante, es clave para contener la espiral alcista de los precios y las tarifas de energía meter el acelerador a fondo y destrabar la ejecución de los proyectos, tanto de transmisión como de generación, especialmente los parques eólicos en La guajira, para superar el stress del Sistema interconectado nacional, debido precisamente al atraso de los mismos. Mientras el consumo crece por encima del 7% la oferta a lo sumo aumenta a un ritmo del 2.5. De allí el estrecho margen entre la oferta (232 GWHD) y la demanda (221 GWHD).
Como colofón queremos decir que, como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impasse de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis. No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el Ministro de Minas y Energía y el Superintendente de servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis con ella tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. ¡Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo, a la vez!
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE
[2] El Colombiano. Mayo, 10 de 2024
[3] BLU Radio. Mayo, 29 de 2024
[4] El Heraldo. Junio, 1 de 2024
[5] Amylkar D. Acosta M. Del dicho al hecho. Julio, 19 de 2024
[6] Radio Nacional de Colombia. Mayo, 8 de 2024
[7] La República. Julio, 22 de 2024pec
[8] Amylkar D. Acosta M. De las protestas a las propuestas. Marzo 6 de 2024/ Propuestas sin respuestas. Marzo, 13 de 2024