Dentro de pocos días se conocerá el sentido del fallo de la señora Juez Sandra Liliana Heredia, sobre el juicio al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha suscitado todo el interés de los colombianos en las últimas semanas.
Pero no ha sido un recorrido de semanas o meses; este proceso largo, agotador, plagado de contradicciones y abundante en pruebas inexistentes, inició hace muchos años, a instancias del Senador Iván Cepeda Castro, cuyo papel de parlamentario, abusando de sus funciones constitucionales y legales, se ha reducido, en causa personal y obsesiva, a perseguir judicialmente al ex presidente, estando señalado ahora – como se desprendió de los testimonios durante el proceso y otras pruebas incriminatorias – de presuntamente reclutar a delincuentes en cárceles de Colombia y Estados Unidos, para que declararan en contra de Uribe Vélez, a cambio de beneficios procesales, económicos y/o de asilo político.
Estamos frente a un grotesco juicio político dónde todo el país pudo observar en tiempo presente la apretada teoría del caso de la Fiscalía para acusar a Álvaro Uribe, la subvaloración de la prueba con relación a la interceptación ilegal que tuvo que soportar el ex presidente en su celular por muchísimas horas, la contundencia de los testimonios para derrumbar el único delito que hoy sustenta la acusación: el soborno de testigos, que no se pudo probar nunca ni como autor ni como determinador, como sí el falso testimonio sistemático del “testigo estrella” de este proceso, el delincuente Juan Guillermo Monsalve.
La izquierda radical, que coopta, corrompe y amenaza al Poder Judicial, ahora en connivencia con el ministro de justicia y del derecho del petrismo, Luis Eduardo Montealegre, una especie de Girolamo Savonarola criollo, algunos medios de comunicación públicos, así como la bancada de gobierno, una colectividad fracasada y próxima a rendir cuentas con la justicia, desean a toda costa anular del escenario político al uribismo para 2026; maniatarlo electoralmente y erigir como trofeo la libertad de Álvaro Uribe Vélez, un gobernante, político y ciudadano correcto, valiente, siempre respetuoso de las instituciones y de la ley.
Además, este “progresismo empobrecedor” y el inepto partido de los “Pactos”, ve pasos de dragón ante la posible y virtual candidatura a la vicepresidencia del ex presidente Uribe, lo que, en principio, es completamente viable jurídicamente.
El delicado panorama institucional puede advertirse cuando el ente acusador considera delito de soborno una conversación entre abogado y testigo; de la misma manera, si la “dádiva por motivos humanitarios” es ofrecida por un actor de ideología de izquierda, es una simple anécdota; si la ofrece una parte de ideología adversa, es delito. Para una democracia estable y confiable, la politización de la justicia y la persecución personal punitiva, es un claro síntoma de que el Estado de Derecho ha dejado de existir.
En lo procesal, este juicio deja cientos de preguntas sin respuestas que en su momento debieron ser aclaradas: ¿Dónde está la abogada Mercedes Arroyave, compañera de Iván Cepeda en las visitas a cárceles, según varios testigos del juicio, que no fue vinculada al proceso? ¿Por qué la señora fiscal, Marlenne Orjuela, no hizo uso de la réplica sobre los argumentos de la defensa técnica de Uribe, para que la señora juez tuviese mayores elementos de análisis y forzar la contrarréplica, en un juicio tan importante como este? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia, en su momento, desechó y deslegitimó la extensa chuzada al ex presidente, en clarísima violación de las garantías procesales y el debido proceso, tanto en el orden interno como internacional? ¿Por qué exiliaron a Deyanira Gómez, una sospechosa testigo en este proceso, con el “cuentecito trasnochado” de que su vida corría peligro? ¿Por qué quedó sin develar y valorar el burdo montaje contra el abogado Álvaro Hernán Prada, como si ello no tuviese consecuencias… o las señas y los “papelitos” de la parte acusadora y fiscal en plena audiencia y en tiempo real, hacia testigos y Ministerio Público; eso no es una conducta reprochable procesal y éticamente?
Lo hemos dicho hasta la saciedad en esta columna: el próximo gobierno democrático no solo debe perseguir a los corruptos de este gobierno; sus derroches y bienes mal habidos, hasta que retornen al erario, sino también revisar a fondo las conductas de funcionarios y administradores de justicia abiertamente prevaricadores, o esa larga lista de casos de peculado, cohecho, concusión, etc, que duermen el sueño de los justos.
La tarea será ciclópea, titánica, pero indudablemente, valdrá todo el esfuerzo.
En lo político y judicial, hay conclusiones anticipadas: No existió una sola prueba y los testimonios más críticos de la Fiscalía (Monsalve y Vélez), fueron diametralmente mendaces, contradictorios y claramente alejados de la verdad. Esto no es un debate jurídico – político vengativo por contradicciones ideológicas, y debe, por encima de cualquier circunstancia y contexto, primar el principio de presunción de inocencia a favor de Alvaro Uribe Vélez.
En este orden de ideas, objetivamente, solo se espera un sentido del fallo absolutorio, que honre la majestad de la justicia y la independencia del poder judicial colombiano.
Luis Eduardo Brochet Pineda