La política fiscal es un instrumento técnico usados por el Estado para organizar sus ingresos y gastos con el objeto de garantizar la producción de bienes, servicios públicos, promover la equidad y mantener la estabilidad económica. En Colombia, el proyecto de ley de financiamiento fue presentado como una medida de urgencia para fortalecer el recaudo y equilibrar las cuentas del gobierno. Sin embargo, sus propuestas, no alcanzaron los resultados esperados y su trámite ante el congreso mostraron las limitaciones y tensiones estructurales.
Una de las principales causas del fracaso es la propensión constante a incrementar gasto de funcionamiento por parte del gobierno. La estructura del Estado colombiano está marcada por compromisos ineludibles que crecen cada año, desde salarios, servicio a la deuda, obligaciones pensionales y transferencias regionales que dependen de una metodología de asignación de recursos. Esta rigidez reduce el margen de decisión del gobierno y hace que cualquier incremento en la tributación no impacten los desequilibrios de fondo.
Durante el periodo de gobierno, el endeudamiento del país pasó de $170 billones $330 billones. Cuando el servicio de la deuda se convierte en una carga creciente, el margen fiscal se estrecha aún más. Esto significa que incluso una reforma tributaria que aumente el recaudo esperado en $ 16.3 billones, tiene que competir con esta obligación, lo que limita su capacidad para aliviar otros sectores del presupuesto.
A esto se sumó el malestar por aplazamiento progresivo de inversiones necesarias para la formación bruta de capital, como las carreteras 4G, el metro de Bogotá, el tren de cercanía del Valle del Cauca y otras más. Las obras de infraestructura, los programas de modernización administrativa y las iniciativas para mejorar la competitividad fueron sacrificadas progresivamente en la búsqueda de un equilibrio fiscal inmediato, cuando lo correcto era limitar el gasto de funcionamiento.
La falta de inversión pública no solo frena el crecimiento económico, sino que limita la capacidad del Estado para activar sectores productivos y mejorar el bienestar de la población a través de bienes públicos.
El debilitamiento de la regla fiscal también afectó la credibilidad de la reforma. Esta herramienta es fundamental para garantizar disciplina en el manejo del gasto, pero el aplazamiento de sus metas redujo la confianza de ciudadanos, inversionistas y analistas académicos. Sin ese respaldo institucional, una reforma tributaria pierde fuerza política y económica, y su impacto se debilitó desde el inicio.
La diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta se convirtió en un problema persistente que desde la propuesta de reforma no logró explicar suficientemente. Sin medidas estructurales, el déficit terminaría absorbiendo buena parte del efecto que se esperaba del aumento de ingresos, lo que generó dudas sobre la sostenibilidad real del proyecto de ley.
Por otro lado, las iniciativas de austeridad no avanzaron con la contundencia que se esperaba. Aunque se habló de racionalizar el gasto público, las acciones concretas fueron limitadas, y el mensaje que recibió la ciudadanía fue que se pedía más recursos sin demostrar un esfuerzo equivalente por mejorar la eficiencia del gasto existente. Esa percepción erosionó el respaldo social hacia la ley.
La evasión y la elusión tributaria se han incrementado durante el periodo de gobierno. Por la inestabilidad de la DIAN, Colombia presenta niveles elevados de incumplimiento de la legalidad fiscal, y aunque las propuestas de la ley de financiamiento introdujeron herramientas para reducir estos vacíos, sus alcances no fueron suficientes para convencer sobre cómo mejorar los niveles recaudación.
Depender de un número reducido de contribuyentes vuelve el sistema frágil e injusto, además de limitar el potencial de recaudo. Ampliar la base permite distribuir mejor las cargas y fortalecer la estabilidad fiscal sin recurrir a incrementos excesivos de impuestos. La ley de financiamiento intentó avanzar en este punto, pero lo hizo de manera parcial, sin generar transformaciones profundas.
Adicionalmente, la economía del país y sus contribuyentes se encuentran cerca de los límites naturales de su capacidad de aportes fiscales. Según la lógica representada por la curva de Laffer, existe una relación entre los ingresos fiscales y las tasas impositivas, definiendo que la recaudación fiscal tiende a caer al modificar las tasas.
En Colombia elevar las tasas impositivas más allá de cierto punto puede desincentivar la actividad económica y reducir el número aportantes, lo que incide en la disminución de los recursos disponibles para el Estado. Ese riesgo hizo que varios sectores vieran con preocupación algunos componentes de la reforma.
El ambiente político tampoco favoreció el trámite del proyecto de la inciativa. Las discusiones en el Congreso estuvieron marcadas por desacuerdos, presiones regionales y un clima de desconfianza sobre la asignación de los recursos en un periodo electoral. Sin un consenso amplio, el alcance de las propuestas se debilitó, lo que facilitó su cuestionamiento y limitó su discusión.
Por estas razones, el proyecto terminó siendo una respuesta parcial a una problemática que requiere cambios más profundos. La falta de articulación entre el manejo del gasto, la necesidad de ampliar la base tributaria, el peso creciente del servicio de la deuda, el gasto de funcionamiento excesivo, el aplazamiento de los de inversión y las dificultades políticas impidieron que se convirtiera un proyecto de reforma sólida que el país necesita, ya que fue pensada para el corto plazo.
Cesar Arismendi Morales