Los colombianos empezamos a pagar el impuesto saludable que aprobó el gobierno Petro en 2022 y cuya aplicación empezó el 1 de noviembre, justo después de elecciones. Lo que era un engaño que pretendía que la medida no impactara la votación del Pacto Histórico, se convirtió en una venganza después de los muy malos resultados electorales que obtuvieron.
El impuesto sube el 10% del precio de los productos y subirá a un 15% en enero del 2024 y a un 20% en enero del 2025. Castiga productos relacionados con carne y derivados, galletas, pastas, panadería, cereales, aderezos, condimentos, conservas de hortalizas, chocolates, dulces, helados, preparaciones para café, mermeladas, pasabocas, preparaciones para postres, refrigerados, entre otros que han sido llamados no saludables. Más de 80 productos de 16 categorías diferentes se ven afectados. Los colombianos podrán ver la subida de los precios pues muchos se consumen diariamente: salchichas, sándwiches, jamones, pasteles de panadería, repostería, tortillas, cafés saborizados, pastas con salsas o saborizadas, atunes, carnes larga vida, tocinetas, pavos, galletas de sal, mermeladas, hamburguesas, chorizos, morcilla, barras de cereal, chocolates para el desayuno, cocoas, gelatina y hasta las arepas. Rosquitas, maduros, papas fritas, chitos, crispetas de maíz, paletas de agua a base de fruta, cremosos, dulces duros, gomas, batidos nutricionales. Los acompañantes de comida tampoco se salvaron: salsas de mostaza y tomate, condimentos, aceitunas, ajíes de conserva y sazonadores.
Cada vez es más frecuente que el Estado decida intervenir sobre los llamados bienes meritorios. Sin embargo, no es un tema filosóficamente menor que el Estado limite las libertades.
Sin embargo, dejando de lado la discusión filosófica, lo grave para lo que estamos viviendo, es que la inflación de alimentos volverá a subir. El pasado 20 de julio Petro afirmó que su gobierno “venció la inflación”. Sin embargo, en enero de este año la inflación de alimentos fue de 26,18%, una de las más altas del mundo a causa de los efectos del paro nacional del 2021- promovido por el entonces candidato Gustavo Petro-. Para octubre de este año, la inflación sigue siendo alta con un aumento de 10,36%.
El mayor golpe de este impuesto lo recibirá la población en condiciones de pobreza. Los alimentos pesan en el 23,7% de sus ingresos, mientras que para los colombianos de altos ingresos es sólo del 8,13%, según el DANE. Este hecho contrasta con las razones que promovieron el ya mencionado paro nacional, donde protestaban porque los alimentos tendrían IVA del 19% -menos del 25% que quedó hoy- y sobretodo, el gobierno Duque proponía devolver ese impuesto en dinero a los ciudadanos más pobres. Es decir, todos los colombianos lo pagaban, pero a los más pobres se les devolvía lo que habrían pagado. Era un impuesto solo para ciudadanos con mayores ingresos. Con el impuesto petrista los ciudadanos más pobres serán los más afectados.
Esto se suma a la subida progresiva de la gasolina. Pasó de 9.100 pesos el galón en septiembre del 2022 a 14.373 en septiembre del 2023. La inflación en el sector transporte aumentó este mes 17,26%, siendo el rubro de mayor aumento en la canasta familiar. Además, a partir de diciembre, suben los peajes un 13,12% y en enero del 2024 suben otra vez con la inflación del año que puede estar cerca al 9%. Cabe recordar que el Presidente congeló las tarifas de los peajes, pero jamás observó el efecto fiscal ni el impacto sobre el sistema de concesiones.
Como si fuera poco, el gobierno Petro también impuso una sobretasa de renta a las hidroeléctricas que producen más del 60% de la energía del país. Hoy con una probabilidad de más del 70% de que el fenómeno del niño sea fuerte -según el IDEAM- los costos para las hidroeléctricas aumentarán por el niño y por el impuesto, y los precios de la electricidad en las facturas de los colombianos tendrán que subir.
Cálculos del presupuesto del gobierno estiman que en 2024 les quitarán a las familias 3,1 billones de pesos entre impuestos saludables y plásticos de un solo uso. Nos esperan días muy duros en materia económica, y muy duros para los ciudadanos. Algunos se consuelan pensando que llegarán más o mejores subsidios; lo que no necesariamente será así. Basta ver las cifras del Min Igualdad, al que le destinaron 1,3 billones, de los cuales 900 mil son para burocracia y solo 400 mil para la inversión social. Así están las cosas.
Paloma Valencia Laserna