No recuerdo cuantas miles de veces he escuchado en noticieros, aulas universitarias, reuniones con amigos y colegas, aquellas frases de eternas lamentaciones sobre los asesinatos de líderes políticos, líderes sociales, opositores del gobierno, jefes de comunidades, periodistas o ciudadanos del común, como si fueren hechos irresistibles. Tras esos crímenes se ciernen días y años de oscuridad, confusión, olvido e impunidad, hasta transformar aquellas tragedias en simples anécdotas, e inclusive, en relatos propios del folclor nacional, como si nunca hubiesen ocurrido.
Es por ello que el magnicidio de Uribe Turbay, nunca debemos cobijarlo bajo el manto de los recuerdos borrosos, hasta que las responsabilidades penales se establezcan e individualicen, rompiendo, de una vez por todas, con la tendencia de un sistema de justicia que premia a los facinerosos y encarta penal y disciplinariamente al buen ciudadano.
Por investigaciones periodísticas, se conoció que hubo dos (2) alertas tempranas de seguridad, los días 26 de mayo y 3 de junio de 2025, que describían claramente sobre atentados planificados por grupos terroristas aspirantes al proceso ilegal de “Paz Total” en que se empeña torpemente este gobierno, dirigidos no solo al senador Uribe Turbay, sino también a diferentes actores políticos de oposición, claramente identificados e individualizados: Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Jota Pe Hernández, Claudia Carrasquilla y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿Qué hizo el fiscal de crimen organizado y la Fiscalía General de la Nación con esa información clara, detallada, específica con relación a las posibles víctimas y que, evidentemente, cobró la vida de Miguel Uribe Turbay días después de haberse conocido el plan?
Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se ha presentado formalmente otra denuncia contra el presidente Petro por su presunta responsabilidad por hostigar, en más de cuarenta y tres (43) ocasiones, al senador asesinado con mensajes de odio y amenazantes, tales como “la herencia paramilitar”, “régimen del terror de su abuelo Turbay Ayala” y “serán borrados por el pueblo”, entre otros. En la misma línea, no se entiende cómo el gobierno a través de la UNP (Unidad Nacional de Protección), no atendió más de veinte (20) solicitudes de refuerzo a la seguridad y, de manera inexplicable además de absurda, procedió a la reducción de ese esquema de seguridad tan necesario para esos días, que facilitaría el accionar del sicario y los planes criminales perfectamente coordinados, como se deduce de las primeras resultas de la investigación.
A contrario sensu y de manera paralela, el gobierno nacional protege con escoltas, dota de vehículos de alta gama y suministra combustible, por un valor mayor a los ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000), solo en este renglón, a criminales de lesa humanidad del ELN y otros grupos terroristas, quienes se desplazan por los territorios sin ningún tipo de control y “acreditando” su calidad de “gestores de paz” que los blinda para continuar delinquiendo a sus anchas, mientras las Fuerzas Armadas y de Policía de la Nación, han sido desmembradas en más de 30.000 efectivos, inutilizados el 80% de sus equipos y humillados, desmoralizados al interior de la tropa; a tal punto, que el mismo presidente de la república se reúne con un terrorista implicado directamente con el genocidio de los 13 policías en Amalfi y el carro bomba de Cali, apenas 24 horas después de esa masacre.
Todo lo anterior, mientras pasan del centenar los líderes sociales asesinados en este período de gobierno; 34 militares secuestrados en el Guaviare, y un Estado que protege a grupos ilegales e incentiva su accionar delictivo con políticas proteccionistas, apoyando de paso, a regímenes constituidos como Narco Estados, como los de Maduro y Ortega.
Solo acudiendo a la fuente de nuestras Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, tenemos que en mayo 23 de 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto 34180 precisaba que para que un delito se considere crimen de lesa humanidad, es necesario que ocurra en el contexto de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil y/o ejecutadas por el Estado o una organización que tuviera control y posibilidad de movilizarse libremente por una parte del territorio nacional… (Esto coincide).
La sentencia C – 580 de 2002 de la Corte Constitucional, luego de 23 años de su vigencia, ya consideraba imprescriptible este tipo de delitos, en satisfacción de los siguientes fines constitucionales: 1) Proteger los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y 2) erradicar la impunidad en torno a estos delitos… (Esto, también coincide).
Se deben agotar, fuere el tiempo que sea necesario y los esfuerzos que demanden, todas las alternativas legales viables y disponibles, tanto en el sistema jurídico – penal interno, como en el derecho internacional de los derechos humanos y los procedimientos de la Corte Penal Internacional, para develar todo el entramado de este Crimen de Estado y de Lesa Humanidad, delitos imprescriptibles, en aras de individualizar a los diferentes autores, sentar un precedente de justicia histórica y reparar integralmente a cada una de las víctimas; no solo en este magnicidio, sino en los crímenes conexos que apuntan directamente, a los excesos del poder estatal bajo el gobierno actual.
Luis Eduardo Brochet Pineda