“En Colombia el problema de desnutrición aguda se ha venido reduciendo de forma importante desde 1995. El problema que nos queda es un poco más residual”.
Fernando Ruiz Gómez
Actual Ministro de Salud
El Tiempo del 19 de julio de 2014,
La vulneración de los derechos a la infancia wayuu por la muerte recurrente de niños por enfermedades asociadas a la desnutrición no es un tema residual, como lo señaló en su oportunidad el hoy Ministro de Salud. En medio de la crisis humanitaria, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF parece haber perdido la gobernabilidad del programa de atención integral a la infancia, ya que este no logra percibirse como un proceso de educación inicial bajo la modalidad propia e intercultural en las comunidades étnicas y rurales de las entidades señaladas en la Sentencia T-302 de 2017. En el nuevo gobierno, su rol será estratégico para La Guajira y puede determinar si definitivamente habrá cambios sociales estructurales.
En las áreas de servicio en donde funcionan las Unidades Comunitarias de Atención – Uca, el programa que adelanta el ICBF es percibido como una acción con enfoque nutricional, desconociéndose que el componente pedagógico es el más importante en consistencia con la distribución presupuestal que mantiene a su interior. Ello implica que este no tiene la suficiente fuerza en el programa y que termina siendo evaluado en sus logros a través indicadores de talla y peso alcanzado por los beneficiarios, es decir por indicadores de capacidades nutricionales.
Por otro lado, muy a pesar de su comprensión institucional como un programa educativo, tiene baja interacción con el sistema educativo que se encuentra regulado por el Ministerio de Educación Nacional, ya que no siempre se aplica una promoción automática al grado de transición. Al cumplir el límite de edad, los beneficiarios son excluidos de las Ucas, perdiendo la oportunidad de acceder de manera directa al siguiente grado educativo y al programa de alimentación escolar – PAE.
En la gestión de las Ucas, esta presenta diferentes barreras de entrada como son la identificación, vacunación completa, afiliación al sistema de seguridad social, requisitos que no siempre se cumplen y que llevan a la exclusión cientos de niños menores de 5 años. El modelo seguido presenta evidentes fallas que ponen en riesgo a los niños y niñas, dado que dejan por fuera a menores con discapacidad, madres gestantes y lactantes, lo que repercute en el estado de desnutrición.
El programa deja de operar durante 5 meses al año. De enero a marzo las Ucas se encuentran cerradas por los procesos de la contratación de los operadores. Aunque en el calendario debe reanudarse la atención en marzo, la realidad es que la actividad se pone en marcha en mayo, lo que implica que la atención y canasta de alimentos se dejan de recibir durante 5 meses. En el de madres gestantes y lactantes, se entregan paquetes alimentarios hasta los 6 meses y no hasta los 18 meses (post parto y lactancia), según se establece en el manual del operador. Estas condiciones, determinan que el programa se enfoque en generar condiciones para que sus beneficiarios puedan sobrevivir y no en generar condiciones objetivas para su desarrollo integral.
Analizando las condiciones de desnutrición del 2013, es importante resaltar que el ICBF amplio la cobertura efectiva y transformó la modalidad de atención. Si se compara con la cobertura existente al 2021, se puede concluir que esta fue de 9.801 beneficiarios. Esta acción fue complementada con la reasignación de 14.040 cupos, que se trasladaron de Maicao (1.115) y Riohacha (12.925) a los municipios de Manaure y Uribia, lo que contradice los principios de progresividad, sostenibilidad y universalidad determinados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017.
Ante esta situación, el personal que trabaja en las Ucas en los municipios accionados por la sentencia T-302 de 2017 se cuantifican en 7.952 entre auxiliares, técnicos y profesionales y en La Guajira son 9.396, labor y eficacia que se pone en dudas por los resultados que se obtienen y las brechas que se mantienen en relación con los promedios nacionales de los indicadores para la superación del estado de cosas inconstitucional seguidos por la Corte.
En la atención que se lleva a cabo, no se presenta una concertación adecuada con las autoridades. Los operadores tienen un exagerado poder e incidencia sobre los empleados y las comunidades que utilizan en el desarrollo de este trabajo que se contrata con el Estado. La modalidad propia y el enfoque intercultural no se refleja en la minuta que se sigue desde el componente nutricional. Ella no se ajusta a los patrones tradicionales alimenticios wayuu; de allí que muchas madres en distintas comunidades salen a vender productos como los enlatados y las lentejas a las tiendas de barrios como en ocurre en Uribía y Manaure, porque no son apetecidos ni se ajustan a las tradiciones alimenticias. Con frecuencia solicitan que en vez de alverjas, lentejas o enlatados les incluya maíz para preparar la chicha wayuu.
Un porcentaje muy alto de Ucas carecen de dotación apropiada, como silletería, chinchorros, colchonetas, utensilios de cocina, calderos, platos y cucharas, muchas de ellas rotativas, lo cual fácilmente genera vectores de contagios gripales o de cualquier tipo de virus entre los niños. Son evidentes las necesidades de mesas, escritorios, refrigeradores, estantes para archivos, sus condiciones internas son precarias y el espacio de las cocinas tradicionales de las Ucas se convierten en un espacio de alto riesgo para los niños por el sistema de preparación de alimentos con leña y carbón en el suelo.
Las Ucas son también potenciales espacios de riesgos por la localización de muchas de ellas. Allí se presentan lesiones y accidentes, incluso mueren menores de 5 años a su interior. No cuentan con un botiquín de primeros auxilios, máxime cuando geográficamente son zonas rurales dispersas y no pueden acceder a un centro de salud cercano.
Las cocinas de las Ucas no tienen sistemas básicos de refrigeración, obligando de manera puntual, aplicar el sistema de salar las carnes (pescado salado, pollo salado, carne salada), convirtiendo a la cecina wayuu en parte fundamental de la guía nutricional básica de las Ucas y esto implica una alta demanda de agua por parte de los infantes, obligándolo al consumo de agua de jagüey en las comunidades (agua no apta para el consumo humano).
Gran parte el personal que laboran en las Ucas, como el agente educativo, la auxiliar de cocina o manipuladora de alimentos, la dinamizadores y profesionales del servicio, desconocen el manual operativo como un documento orientador de obligatorio cumplimiento que brinda insumos y herramientas para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a niñas, niños, mujeres gestantes y familias usuarias.
Así las cosas, es necesario redefinir la política pública que determina el programa en relación con sus objetivos específicos (educación inicial o nutrición), los requisitos de acceso, los estándares de las instalaciones física, la participación de las comunidades, las familias, las minutas, la promoción al ciclo de la educación básica y la edad de escolarización de acuerdo al pensamiento propio de los wayuu.
Existe la necesidad de ampliar la cobertura de madres gestantes, niños en condiciones de discapacidad y niños menores de 5 años, que por las restricciones de entrada no logran vincularse al programa. Igualmente, mejorar la infraestructura física de las Ucas incluyendo el servicio y dotación de cocinas, con sus respectivos sistemas de conservación de alimentos. Estas acciones deben ser respaldadas presupuestalmente. En una región como La Guajira donde continúa el estado de cosas inconstitucional la desnutrición no es un tema insignificante o residual, por lo tanto, a la niñez indígena se le debe garantizar y de manera efectiva el servicio intramural en las Ucas durante los primeros 1000 días de vida.
Cesar Arismendi Morales