Posterior a los efectos económicos que se vivieron en la pandemia que resultó afectando al sector empresarial con un cierre 509.370 compañías para el año 2020, las cifras de cierre de empresas siguen una tendencia alcista partiendo de que para el año 2024 se presentaron 184.400 cancelaciones de unidades productivas que aportan al crecimiento económico del país. Según un estudio de Confecámaras referente al tema “El cierre de las empresas está condicionado por una diversidad de factores internos, los cuales se clasifican principalmente en dos categorías fundamentales: aquellos vinculados a las características intrínsecas de la empresa y aquellos asociados a las habilidades y destrezas del empresario o emprendedor que la lidera”. Si bien es cierto Colombia es un país emprendedor con una alta tasa de emprendimiento, destacándose a nivel global y regional según The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) que ha revelado que Colombia se ubica entre los países con mayor tasa de actividad emprendedora (TEA), se requiere herramientas que garanticen la sostenibilidad de las empresas en medio de entornos de mercados complejos donde existen factores de riesgo asociados al modelo de negocio.
Durante años, el régimen de insolvencia regulado por la ley 1116 de 2006 ha operado más como un instrumento de liquidación que como una herramienta de recuperación empresarial. Precisamente, la Ley No. 2437 del 12 de diciembre de 2024, mediante la cual integra de manera definitiva al marco legal colombiano los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, junto con sus reglamentarios 842 y 1332 de 2020, relacionados con la insolvencia empresarial, cambia a un enfoque de salvamento, protección y sostenibilidad empresarial dándole al empresariado colombiano más herramientas para prevenir el cierre de empresas y garantizar estrategias que busquen darle continuidad a los negocios. En este sentido, La ley incluye herramientas para prevenir la crisis empresarial antes de que sea terminal, reconoce la importancia de preservar el empleo y la actividad productiva, establece procesos simplificados de reorganización para MIPYMES, procura el fortalecimiento de acuerdos extrajudiciales y la promoción de la reestructuración temprana como alternativa real a la quiebra.
Mientras hace su trámite en el Congreso de la República el proyecto de ley que promovió la Superintendencia de Sociedades, denominado “De la insolvencia al salvamento empresarial” que busca promover unos cambios estructurales en el estatuto concursal en Colombia enfocados en los siguientes pilares: (i) la protección a los pequeños acreedores, (ii) la agilización de los procesos, (iii) la promoción de la reestructuración financiera y operativa de las empresas, y (iv) el fortalecimiento de la confianza en las normas regulatorias del régimen concursal, La Ley 2437 de 2024 no es solo una reforma técnica; es una oportunidad histórica para construir un verdadero sistema de rescate empresarial y que dependerá de los jueces, los auxiliares de justicia, los empresarios y del propio Estado que esta promesa no se quede en el papel y sea una herramienta de rescate empresarial que permita la preservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente de empleo, sobre la liquidación, procurando la sostenibilidad de las empresas viables. en el mercado.
Rubén Pimienta Curvelo