En la legendaria historia de Robín Hood, el antagonista principal es el Sheriff de Nottingham, un tirano corrupto y cobrador de impuestos abusivos que oprime al pueblo para enriquecer a los poderosos.
Robin Hood, el héroe del relato, roba a los ricos para redistribuir la riqueza entre los pobres, desafiando así la injusticia del sistema.
En Colombia, hemos sido advertidos desde hace años, sobre este nefasto régimen social comunista – progresista, aliado de dictadores, bandoleros, narcotraficantes y terroristas.
La declaración de emergencia económica, establecida en el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, no es más que un guion meticulosamente planeado para sumirnos en un panorama de incertidumbre y desaliento, generando zozobra en la nación.
La crisis actual en Colombia no surge de una catástrofe natural, sino de la corrupción desbordante, el despilfarro indiscriminado, la improvisación deliberada y el pésimo manejo de las finanzas públicas. Todo ello ha precipitado una debacle económica evitable.
Perpetrar este golpe artero y serpentino por parte del gobierno nacional, en plena temporada pre – electoral y durante las vacaciones de fin de año de las Altas Cortes – en especial la Corte Constitucional que es la encargada de validar la constitucionalidad del decreto – revela una malignidad psicótica.
Ahora, sin debate ni escrutinio, pretenden agravar la crisis imponiendo más impuestos a empresas y familias, esquilmando a la sociedad colombiana y al sector productivo, para someterlo a presiones que debiliten su capacidad de compra y de operación, frenando el ciclo económico.
Paralelo a lo anterior, el gobierno, fuera de calendario, hipoteca al país con 23 billones en TES, al 13.15%, el doble de la tasa del mercado internacional para estas operaciones. ¿A quién le hacen el negocio; cómo serían las comisiones y quien se beneficia de ellas; cómo se escogió a Pimco, el único comprador de los bonos; dónde está la Contraloría, la Procuraduría, Las Comisiones Económicas del Congreso y otros entes de control, que se palpan absolutamente ineficaces, invisibles e inútiles?
Echen mano de la ley 42 de 1993, ley 610 de 2000, decreto 403 de 2020 y otras normas concordantes, a ver si hay un poco de claridad sobre tanto exabrupto, saqueo y ramplonería administrativa.
Y todo esto, a pesar de que el gobierno dispone de recursos sobrantes en abundancia: presupuestos no ejecutados (como en el Ministerio de la Igualdad) y los 16 billones de pesos que buscan captar con este decretazo – equivalentes a unos 4.000 millones de dólares – destinados a repartirse a dedo para comprar lealtades políticas y votos, asegurando la continuidad del déspota actual y su sucesor maligno.
El artículo 215 de la constitución está de bulto: endilga responsabilidad al presidente de la república y sus ministros, por la declaratoria de un estado de excepción sin que hayan existido las circunstancias para decretarlo. Aquí hay usurpación de las funciones del congreso de la república, zarpazo a la institucionalidad constitucional, prevaricato agravado y una extorsión colectiva y vulgar, propia de una banda mafiosa metódica y eficiente, pero jamás de un ejecutivo responsable y respetuoso de los pesos y contrapesos democráticos.
Lamentablemente, en una decisión desafortunada, irresponsable y ridícula, por lo poco comprometida y ética, la Corte Constitucional no sesionará de manera extraordinaria, y solo se ocuparía del tema a mediados de enero, sentando un precedente nefasto: cualquier tirano bufón, desde la presidencia y el poder ejecutivo, puede violentar la constitución y la ley; puede someter al ciudadano colombiano a injustas disposiciones, a raíz de que los magistrados de la Corte Constitucional, a pesar del encargo superior de funciones públicas, están disfrutando de sus vacaciones colectivas, quedando en suspenso o en pausa el Estado de Derecho.
En esta misma columna, el 4 de mayo de 2025 – edición 218, ya habíamos advertido sobre el sesgo ideológico progresista de esta Corte, que comienza a manejar políticamente las grandes decisiones e intervenciones jurídicas.
Este régimen aplica a la perfección la doctrina combinada de los pensadores italianos Antonio Gramsci (comunista) y Giovanni Gentile (fascista): “cortarles las piernas a las personas y luego darles muletas para que puedan caminar”. ¿Cómo lo logra? Mediante subsidios, paguitas y ayudas ineficaces financiadas con el presupuesto nacional, que al final todos pagamos.
Es claro que los colombianos no causamos esta “crisis”, pero nos obligan a solventarla de nuestros agotados bolsillos. Se trata de otra vil mentira del gobierno, como todo lo que emana de su autoritario, incompetente, perverso y soberbio paladín: mitomanía y manipulación en estado puro.
Así las cosas, al igual que en la leyenda de Robín Hood, debemos unirnos en el equivalente al Bosque de Sherwood y rebelarnos contra el régimen opresor que asfixia al pueblo.
Luis Eduardo Brochet Pineda