El ultimátum es una amenaza extorsiva, y eso es el comunicado del ELN del 6 de agosto, como el del 3, a horas de terminar el cese al fuego, una extorsión para presionar la reanudación de los diálogos congelados por ese Grupo Armado Organizado (GAO).
¿Qué exigen? Que el Gobierno, por decreto, lo saque de la lista de lo que es, un GAO, para igualarse con la Fuerza Pública, legitimar su violencia y hasta encarar a la Unión Europea, que, a pesar de la solicitud colombiana, aún no lo saca de su lista de organizaciones terroristas.
Los GAO son una clara definición del Artículo 1 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977, aprobado por Colombia con la Ley 171/94 y aceptado por el ELN como “marco de referencia común” para el cese al fuego suscrito en el Acuerdo 10/23; definición que también ratifican las leyes 1908/18 y 2272/22. Por tanto, el Gobierno no puede desbordar la estructura jurídica del país, en la que un decreto no mata ley, ni Constitución ni Acuerdos Internacionales.
El plazo: 23 de agosto. La amenaza: la que usaron las Farc para extorsionar al presidente que buscaba un Nobel; la Ley del terror: muerte, extorsión, secuestro, reclutamiento y control territorial para proteger las rentas ilícitas que pagan esa violencia.
Esa amenaza extorsiva hoy tiene nombre: Cese al Fuego. Si el Gobierno cumple, vamos a reunión extraordinaria; si no cumple, pues no la habrá, con todas sus consecuencias; una estrategia para terminar culpando al Gobierno.
Por ello conviene entender el cese al fuego, desde su artículo 1, que adopta como marco de referencia el DIH, es decir, la protección de la población; y su artículo 2 que obliga a la Fuerza Pública y al ELN a suspender acciones ofensivas y limitarse a las defensivas, sin menoscabo del deber constitucional de la Fuerza Pública de proteger a la sociedad en todo tiempo y lugar.
Pero… ¿Quién juzga sobre los incumplimientos, en términos de combate o de hostigamiento a la población? El Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, creado por el Acuerdo con participación del Gobierno, el ELN, la Iglesia y la ONU; aunque el ELN lo bloqueó con su ausencia desde octubre de 2023, con más de 200 casos de posibles incumplimientos, sobre los cuales no se puede pronunciar el MMV sin romper la bilateralidad.
En el plano de lo real, en los territorios no ha habido cese al fuego; basta ver las noticias. Por el contrario, el ELN ha seguido reclutando, entrenando y armando efectivos. Para qué, si se supone que lo obliga el artículo 11 del Acuerdo, según el cual “En todo momento debe tenerse presente que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz”.
Lo dicho: sin verificación no hay cese al fuego, convertido en argumento fácil para enredar el proceso, culpar al Gobierno y extorsionarlo con ultimátums inaceptables.
¿El ultimátum del ELN… es al Gobierno, al país…, un ultimátum a la paz? Amanecerá y veremos.
José Félix Lafaurie Rivera