Para el 31 de mayo de 2026 se programa la primera vuelta presidencial en nuestro país; de momento, entre precandidatos en búsqueda de avales y precandidatos por firmas, hay más de 100 nombres, muchos con gran solvencia programática, académica, política y ética; otros, con figuraciones escénicas de último momento, y algunos, realmente impresentables por sus antecedentes y su oscura ideología.
Luego de padecer el primer gobierno de izquierda, la sociedad colombiana ha vivido un retroceso de 30 años en muchos frentes, siendo la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, la mayor preocupación. Ha regresado la delincuencia a las tiendas de los barrios, a las carreteras nacionales, a las zonas urbanas y rurales, producto del crecimiento incontrolable del tráfico a gran escala, pero también al microtráfico de drogas; a la extorsión, el secuestro organizado y demás crímenes de escala empresarial, sin presencia alguna de las fuerzas armadas constitucionales, ostensiblemente debilitadas y fragmentadas como si obedeciere a un plan sistemático de Estado, en aras de generar un estado de cosas caóticas e incontrolables, que permita direccionar la permanencia del actual gobierno en el poder, sea cual fuere el período al que pretende atornillarse.
En los temas jurídicos y políticos, la izquierda petrista en el poder ha sido desacertada, irresponsable y violadora permanente de la ley. Quizás, desde la misma estructura y financiación de la campaña presidencial, presumimos lo que sería esta administración. El apoyo abierto a terroristas, la ruptura diplomática o convencional con Israel y los Estados Unidos, la persecución descarada al sector gremial y productivo, los escándalos de sobornos en el Congreso de la República, la destrucción de Ecopetrol y el sistema de salud, la mafia enmarañada de contratistas del Estado y un largo etcétera, son apenas la pequeña punta del Iceberg que a diario ya no sorprende a los colombianos.
A nivel institucional, el deterioro ha sido enorme: el sistema educativo es una moneda de cambio sin visión de futuro ni aseguramiento; se ha normalizado la trampa, la falsedad y la ausencia de idoneidad para poder ocupar cargos y dignidades públicas; a diario escuchamos discursos incoherentes y vacíos de un gobierno que desprecia a la familia, que reta groseramente las buenas costumbres y las tradiciones, que gasta miles de millones de pesos del erario en frivolidades; que presta apoyos económicos y logísticos a comunidades violentas aliadas; que ejerce presiones indebidas contra los poderes públicos; que vocifera insultos diarios contra personas, entidades, líderes y políticos de oposición.
Ello, finalmente, acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay.
En ese orden de ideas, cabe plantearnos la reflexión que para 2026, en procura de iniciar una larga andadura para recuperar la democracia, solo nos queda decidir de manera categórica por la opción de la derecha tradicional: orden, seguridad, respeto a la ley, persecución y condena a la corrupción; poderes públicos fortalecidos y Estado de bienestar en función del ciudadano.
Aquí no caben las medias tintas del “centro tibio” que termina negociando con la izquierda marginal corrupta para empeorarlo todo.
En lo relativo a las políticas de desarrollo económico y la dinámica productiva, es claro que hay la necesidad urgente de recuperar el sector minero – energético, volver a las exploraciones y explotaciones de nuestros recursos agotables, mientras se planifica a largo plazo una creíble reconversión energética, sin abandonar los procesos en curso. En cuanto a la política tributaria y fiscal, el adelgazamiento de la burocracia del Estado y los recortes al gasto público, con medidas de choque seguramente impopulares, darán posibilidades tangibles de alivios tributarios a las utilidades de las empresas y al patrimonio de las personas naturales, mientras se inicia un ajuste fiscal para volver a los índices recomendables, cumpliendo así con las obligaciones del pago de la deuda pública, tan alegremente rebosado en los últimos tres años.
Las políticas de desarrollo productivo deben mirar el largo plazo, al menos 25 años adelante, armonizando los recursos públicos con la empresa privada y con la inversión extranjera directa; preocupa enormemente el deterioro de la infraestructura vial en un promedio del 60% a nivel nacional, los desarrollos regionales desarticulados y el exceso de control estatal en la dinámica societaria y en las relaciones obrero – patronales, que nada han aportado en este gobierno y, mejor, comienza a observarse un retroceso en la calidad del empleo y un incremento de la informalidad, lo que será crítico en los próximos 12 meses.
El próximo 28 de noviembre de 2025, se definirá el candidato oficial del Centro Democrático, el único partido real de oposición y el más perseguido. Todos los precandidatos son muy buenos, pero la elegida ha de ser María Fernanda Cabal Molina.
Otra equivocación como la de hace cuatro años, es desaparecer políticamente, olvidar los aprendizajes y dilapidar esfuerzos.
Paralelo a ello, el outsider Abelardo De La Espriella, es la segunda fórmula coherente, válida, viable y visible.
Finalmente, esta triada la complementaría Germán Vargas Lleras, para que bajo acuerdos necesarios y desapegados de egos e intereses particulares o partidistas, avancemos hacia un Estado de Derecho en 2026, que hoy no existe.
Luis Eduardo Brochet Pineda