Desde la teoría microeconómica se propone que las fallas de los mercados ocurren cuando ellos son intervenidos a partir de la imposición de precios y cantidades, como resultado del poder que ejercen las unidades económicas productivas cuando actúan bajo la modalidad de monopolios, oligopolios y en competencia monopolística, contradiciendo todos los principios de la competencia perfecta.
Pero las fallas más recurrentes de los mercados ocurren cuando se ejecutan proyectos innovadores por parte de agentes económicos, cuyas decisiones afectan negativa o positivamente las condiciones de vida y el bienestar de grupos sociales y comunidades sin que estos impactos sean tenidos en cuenta por quien los produjo. A dicha situación se le conoce técnicamente como externalidad.
La nube radioactiva que contaminó gran parte del Europa del este con el accidente de Chernobyl en 1986; el desastre del Exxon Valdez provocado por el petróleo que se derramó en las costas de Alaska en 1989; el petróleo que fue vertido en el Golfo de México por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010; los impactos por la contaminación generada desde el sistema Transmilenio – SITP en Bogotá, hacen parte de un largo listado de ejemplos de externalidades negativas, las cuales generan costos sobre otros, que no son tenidos en cuenta por quien realiza la actividad, son costos externos que generalmente no son cubiertos por los proyectos.
Para medir estos costos, la microeconomía recurre a identificar el costo marginal social, el cual se puede definir como el costo que está dispuesta a pagar la sociedad por evitar las unidades de externalidades negativas. También se recurre a la cuantificación del beneficio marginal social, entendido como el monto de los recursos que la unidad productiva involucrada está dispuesta a pagar por el derecho a impactar negativamente por unidades de economías externas. La intersección de los costos marginales con los beneficios marginales para toda la sociedad permite calcular el máximo beneficio neto social (punto de equilibrio y optimo social)
Desde la sociología, lo que estamos viendo como resultado del proyecto que ejecuta Enel en Winpeshy, La Guajira, tiene que ver con una vieja lección aprendida internacionalmente por las empresas, que parece haber sido ignorada y que señala que los proyectos innovadores se pueden frustrar no tanto por la ingeniería de diseño, sino por la ingeniería social cuando no opera el llamado punto de optimo social.
Todo indica que el tipo de relacionamiento social ha sido la manzana de la discordia. Lo social no ha estado claro desde el comienzo de la interacción de las comunidades con el proyecto y las consultas previas adolecieron de información de calidad y transparencia. Por las fases de los proyectos de plantas de energía eólicas en La Guajira (medición de potencial, estructuración del proyecto, ejecución, operación y desmote de las plantas) en el territorio de los wayuu aparecen y desaparecen actores e intermediarios, se cambian interlocutores con las comunidades, lo que trae como consecuencia que estas se estresan, pierden la trazabilidad de los acuerdos y del cumplimiento.
Por otro lado, las empresas se consideran agentes económicos dominantes al determinar los costos privados, pasando por alto el costo de todos los impactos (externalidades negativas), que tampoco son asumidos por el Estado, dejando solas a las comunidades. Igualmente, no se ha tenido en cuenta que como seres humanos los wayuu son racionales, sometidos a disyuntivas, responden a incentivos al disponer de la tierra como un factor productivo escaso.
En fin, a las comunidades no se les tratan como agentes económicos, sino como actores sociales en medio de las carencias. No se valora que ellas se sacrifican (costo de oportunidad), cuando arriesgan la convivencia y alteran su ordenamiento territorial al disponer sus tierras en favor de terceros beneficiarios de la estrategia de la transición energética.
Bajo estas circunstancias, lo que nos revela Enel en Winpeshy, es que el mercado por sí solo no fue capaz de lograr la eficiencia del proyecto y se requiere la urgente intervención del Estado que despliegue sus capacidades estabilizadoras y lograr el óptimo social a partir de cuantificar el costo marginal social y el beneficio marginal social de las externalidades negativas, ya que hasta ahora los impactos de los proyectos han sido asumidos por las comunidades, llevándolas a múltiples padecimientos y conflictos allá en las profundidades de las rancherías.
En perspectiva microeconómica, la empresa no aplicó que el Costo Marginal Social es igual al Costo Marginal Privado más las externalidades (impactos en los territorios wayuu) y por lo tanto, no se estimaron los beneficios marginales a las comunidades. Ello implica que tampoco se logró el equilibrio social, punto del optimo social que se pueden obtener a través de incentivos al ser tratadas como agentes económicos y como parte del proyecto a partir del programa de comunidades energéticas. Esa simple ecuación se olvidó y se desconocen las complejidades de las consecuencias de los malestares, protestas y deseos de las comunidades de renegociar acuerdos, muy a pesar de la formalización de las consultas previas.
Cesar Arismendi Morales