Sigue latente la indignación de los usuarios del servicio de energía por el alza desmesurada que han tenido las tarifas de energía en los últimos meses, afectándoles el bolsillo y el poder adquisitivo. En primera instancia el Presidente Gustavo Petro, haciendo eco de la protesta ciudadana anunció medidas e incluso amenazó con intervenir la CREG, si ello era necesario para reducirlas. Siguiendo sus instrucciones, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez les hizo un llamado a los generadores y comercializadores de energía para que renegociaran sus contratos bilaterales con el fin de rebajar la tarifa en un rango entre el 4% y el 8%, objetivo este que se cumplió a medias, dejando insatisfechos a los usuarios porque al final la reducción de la tarifa fue irrisoria. La propia Ministra reconoció que la rebaja no había ido más allá del 2.7%.
Y no era para menos, pues dicha renegociación se circunscribió prácticamente a la revisión y cambio, que efectivamente se dio, del indexador aplicado a la tarifa, el Índice de precios al productor (IPP), que, como se recordará dio un salto desde el 4% en 2020 al 34%. En efecto, acordaron que, en adelante, se utilizará como indexador en la fórmula tarifaria el menor valor que se registre entre el IPP y el Índice de precios al consumidor (IPC).
En vista de que este pequeño alivio, producto, de lo que llamó la Ministra un Pacto por la justicia tarifaria, no le movió la aguja a la factura que les llegó a los usuarios este mes de noviembre, cuando la expectativa era mayor, la Ministra anunció en su visita a Barranquilla, ante el requerimiento que le hicieron los usuarios y las autoridades regionales, vendrá “una segunda fase para que en términos regulatorios se puedan renegociar a final de año más de 900 contratos entre generadores y comercializadoras”. Este anuncio ha causado desazón e incertidumbre entre estos porque temen que el gobierno le meta mano a las tarifas y por esta vía se llegue a comprometer la suficiencia financiera de las empresas.
Analizando las causas y las consecuencias de las desmedidas alzas de las tarifas del servicio de energía, desfasadas con respecto a la tasa de inflación, que alcanzó el 12.2 % anual al corte del mes de octubre, la preocupación persiste porque no se avizora una solución de fondo s esta problemática en el corto plazo y ello angustia a los usuarios, tanto los regulados como los no regulados. Cabe advertir que el aumento pudo haber sido mayor de no aplicarse la llamada opción tarifaria, que es un truco que se inventaron para amortiguar el impacto del alza, parte de la cual se difiere su pago, de tal modo que el usuario, sin percatarse de ello, viene contrayendo una deuda con la empresa que le presta el servicio, sobre la cual además deberá pagar intereses, la cual acumula una cifra que supera ya los $4 billones. Y no hay que perder de vista que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague.
El promedio de dichas alzas supera, en promedio, el 24% a nivel nacional, pero en la Región Caribe ha sido aún más exorbitante, superando el 40%, casi el doble de la del resto del país. De los 6 componentes de la tarifa (CU = G + T + D + C + R + PR), los que más han estado impactando el aumento de las tarifas, además de IPP, que ya se modificó, es el cargo por las restricciones (R). Lo que resulta inadmisible es que siendo que estas obedecen a atrasos en la ejecución de los proyectos de generación, como ha ocurrido con HIDROITUANGO o de transmisión ese sobrecosto tenga que asumirlo el usuario y no el responsable de dichos atrasos. Por esto estamos demandando de la CREG que corrija esta inequidad y que las restricciones las pague quien las cause. Esto no es mucho pedir.
En el caso de la región Caribe, definitivamente lo que marca la diferencia, abismal por lo demás, entre el alza escandalosa de las tarifas a los usuarios de Air-e y Afinia, con respecto al resto de usuarios del país son las pérdidas reconocidas (PR), porque, a diferencia de los demás, en donde solo se cargan en la tarifa las pérdidas técnicas, en su caso se reconocen las que se denominan eufemísticamente no técnicas, que no son otra cosa en romance paladino que la energía que se roban, la que no se paga por parte de los morosos y las correspondientes a las instalaciones fraudulentas. La Ministra Vélez afirmó que “la región Caribe verá una mayor reducción en esas tarifas mientras seguimos trabajando en soluciones estructurales”. Ello está por verse, ¡lo cierto es que mientras no se le encuentre solución a esta clavija que le están metiendo a los usuarios las tarifas no van a bajar!
La solución es estructural y pasa por cambios normativos y regulatorios que apenas se empiezan a discutir, que tienen que ver con la formación de los precios en el mercado mayorista, para darle a estas señales mucho más eficientes, en la operación y despacho de las plantas, los cuales hay que revisar y ajustar, lo mismo lo atinente a los servicios complementarios, ahora que las fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER) se están integrando y acoplando a la matriz energética.
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE