“Sin duda, al cerrarse el telón de la tragedia puesta en escena, el Presidente ya había caído en las profundidades de un terrible precipicio político con todas sus luces encendidas, dejando su gobierno al garete y su mandato en total estado de descomposición”. Esta es la lapidaria opinión de Álvaro Leyva, quien, hasta hace poco, como Canciller, estaba dispuesto a inmolarse por Petro y su proyecto de gobierno. Hoy, es solo otro de una larga lista de arrepentidos.
Leyva no se equivoca ni exagera. El país atraviesa una de las mayores crisis institucionales de su historia, marcada por la absoluta falta de legitimidad y legalidad de un Presidente que llegó al poder con el respaldo de clanes políticos de dudosa reputación, estructuras criminales que vieron en la Paz Total la oportunidad de eludir la justicia y consolidar su dominio, y una ciudadanía esperanzada en el cambio que, al final, resultó estafada.
Definitivamente, el proceso 8.000 de Samper languidece ante el pacto de La Picota, los $15.000 millones de Benedetti y Sarabia, las narcoavionetas, los aportes de estafas masivas como Daily Cop y los pitufomillones en la campaña de la mano Xavi Vendrell, un catalán con pasado terrorista, señalado de corrupción en España al que Petro le otorgó de manera exprés la nacionalidad colombiana.
El fallido espectáculo del Consejo de Ministros, ideado por Benedetti, compinche de Vendrell, para que Petro se lavara las manos y evadiera su responsabilidad política por la ineficiencia de su gobierno, pasó a convertirse en la prueba irrefutable de su ineptitud y su incapacidad para dirigir un gabinete antitécnico de activistas políticos.
Tras el malogrado show, vino la renuncia de todos los Ministros, algunos de manera protocolaria, otros irrevocable, como Interior, Defensa, Cultura, Trabajo y Ambiente. Así, Petro sumó casi 50 Ministros y más de 120 Viceministros en 30 meses; muy por encima del promedio (40 Ministros en 48 meses de Duque o los 61 de Santos y los 37 de Uribe, en 96 meses cada uno). Después de esta desbandada y en medio de la más dolorosa crisis de seguridad, el Presidente se fue de viaje una semana.
Mientras Petro especulaba sobre la nube, la Defensora del Pueblo emitía una emergencia humanitaria sobre todo el territorio; alertando sobre la presencia de grupos armados en 809 municipios (73% del total), y 13 regiones con emergencia activa, donde se presentaban 5.452 desplazamientos forzados, 11.896 confinamientos y 27 homicidios (sin contar los 54.098 desplazados, 32.448 confinados, 8 firmantes desaparecidos y decenas de asesinados en El Catatumbo).
Como si esto fuera poco, el presidente de la CUT, Fabio Arias, y algunos Congresistas afines al Gobierno, amenazan con reeditar otro ‘estallido social’, si no se redistribuye la riqueza y no se aprueban las reformas de Petro, sumando a esta violencia, la amenaza de terrorismo urbano de mediana o baja intensidad como lo hicieron en el 2021.
Ante este panorama, surge la contrapropuesta del expresidente Álvaro Uribe, impulsar un ‘estallido democrático’ en el 2026 en las urnas, para sacudirnos de este régimen de incompetencia, violencia y corrupción, y devolverle a Colombia un gobierno con autoridad, principios y visión de futuro.
Paola Holguín