La dantesca espiral de violencia asociada a lo que se ha denominado “paro nacional”, y que inició el pasado 28 de abril, ha tenido como denominador común, sumamente preocupante, las manifestaciones de desprecio hacia las instituciones, en especial la policial y militar. El secuestro, tortura, agresión sexual, linchamiento público y asesinato de nuestros Policías, refleja lo que resulta de la instigación al odio, sistemática y generalizada, por parte de mezquinos líderes políticos e influenciadores de opinión.
Al 10 de junio, dos policías habían sido asesinados, uno a puñaladas en Soacha y otro con arma de fuego en Cali; 11 secuestrados en el Valle del Cauca; 1.343 lesionados con elementos y armas de todo tipo (elementos contundentes, armas corto punzantes, explosivos incendiarios y armas de fuego o traumáticas), 60 de ellos son mujeres (una de ellas agredida sexualmente). Además, el reporte actual da cuenta del ataque, y en la mayoría de los casos destrucción, a 709 bienes policiales, entre ellos, 116 CAI, 560 vehículos, 3 distritos, 14 estaciones, 4 subestaciones, 2 oficinas, 1 comando, 2 edificios de especialidades, 2 instituciones educativas y un dispensario médico.
Esta absurda realidad nos debe llevar a la reflexión sobre cuestiones básicas, como el derecho absoluto a la dignidad y a la vida de estos servidores públicos, el supremo valor de la institucionalidad como condición para el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas, así como el sentido social y constitucional de la Fuerza Pública.
Sobre este último punto, vale la pena recordar y destacar que, como concepto e institución, la Fuerza Pública constituye uno de los más importantes logros de nuestra República, en la medida en que representa la unidad nacional y presupuesto de la estabilidad democrática.
Desde las Constituciones Granadinas (1830, 1832, 1843 y 1853), en las que se configuró como una institución no deliberante y fundamentalmente obediente, sujeta a la autoridad central y provista de un fuero especial, la Fuerza Pública ha simbolizado los ingentes esfuerzos de la sociedad colombiana por dotarse de un instrumento público de protección, que, entre otras cosas, pusiera fin a la dispersión total del poder militar que propició los continuos ciclos de violencia interna que vivió el país hasta la Guerra de los Mil Días (1899-1902), y asegurara el monopolio estatal de las armas.
La Constitución Política de 1991, inspirada en el carácter público y unificador del término, ya empleado en la Constitución centralista de 1886, configura la Fuerza Pública como una institución en la que convergen las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículos 216- 223), encargada de la defensa de la Nación y el aseguramiento de las condiciones que demanda el ejercicio de los derechos y libertades públicas.
Ante una situación tan dolorosa de irrespeto y violencia en contra de nuestros Policías, tan humanos y ciudadanos como cualquiera de nosotros, debemos volver a lo fundamental: la Fuerza Pública simboliza la unidad de la Nación y la solidaridad entre los colombianos; el ataque contra ella y la instigación al odio, no es otra cosa que un vil golpe a las nobles aspiraciones de unidad y de paz de nuestra sociedad.
Como lo expresó el Libertador “la energía de la fuerza pública es la salvaguardia de la flaqueza individual, la amenaza que aterra al injusto, y la esperanza de la sociedad. Considerad, que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad, que sin fuerza no hay virtud; y sin virtud perece la República. Mirad, en fin, que la anarquía destruye la libertad, y que la unidad conserva el orden”
PAOLA HOLGUÍN