Se escucha con inusitada frecuencia esa afirmación según la cual las democracias de América Latina y el mundo, y como caso particular el de Colombia, se encuentran en peligro gracias a la avanzada de acciones opresoras de “las potencias imperialistas.” Como lo ha hecho explícito el Presidente Petro en sinnúmero de oportunidades recientes en todo tipo de foros, lo mismo que el Presidente Maduro en Venezuela y otros presidentes de la Región en su momento a lo largo de dos décadas, pareciera que está en la Agenda la decisión de exterminar de modo definitivo cualquier expresión progresista, radical, revolucionaria, socialista, que pretenda encaminarse por un rumbo contrario al que quisiera consolidar el sistema de dominación que defiende la potencia continental.
Antes que ello se convierta en una verdad tolerada y aceptada por todos, que finalmente llegue a sentirse como una realidad incorregible de nuestro diario vivir, vale la pena echar una mirada profunda a lo que significa el concepto de la Democracia y qué sería todo aquello que puede deteriorarse en realidad, o debilitarse, o neutralizarse, o condenarse al fracaso. Si nos va bien en el ejercicio, es probable que salgamos convencidos que sí hay motivos para estar preocupados al respecto de lo que se dice y no se dice de las “potencias imperialistas”, o que más bien los motivos de alarma están en otra parte, así como quién y quienes los dinamizan, lo cual debe servir para que se opere un cambio de actitud y de estrategia en la Región.
Gracias a la Real Academia[i] y a los clásicos de la historia se puede dejar claro que Democracia en su sentido más puro se refiere al privilegio –léase derecho- que tiene toda persona, hombre o mujer, de hacer parte de un sistema político en el cual la soberanía reside en los ciudadanos, es decir en el pueblo, soberanía ésta que se ejerce directamente o por medio de representantes que son elegidos de entre todos por intermedio del voto libre como procedimiento más general. Un país organizado de esa manera es, por definición, una Democracia. Queda además entendido que los países y sus sociedades, cuando se consideran democráticas, preservan como valor público esencial el derecho de los ciudadanos de elegir y ser elegido, es decir, el derecho de participar libremente y en igualdad de condiciones como cualquier otro en el deber de decidir sobre su forma de Gobierno y quiénes les representan para desempeñar esta tarea. En síntesis, una Democracia real, como estructura de Estado, será aquella y sólo aquella que permite el acceso libre de los ciudadanos a las instancias de Gobierno legítimamente constituidas, es decir en aquellas en donde se hace el ejercicio del poder, y se protege para todos los ciudadanos ese derecho, lo cual le aparta de cualquier otra forma de Estado represivo, autoritario o autárquico. Colombia, pues, debe ser vista como una Democracia real en ejercicio, protegida por un Estado Social de Derecho que funciona para garantizar el ejercicio libre, equitativo y justo de los derechos civiles y políticos de las personas.
Este apretado resumen no es del todo perfecto, claro, pero sí nos deja apercibidos de los elementos necesarios para la discusión que viene, todo con el propósito de no sucumbir ante afirmaciones temerarias, principalmente cuando los Jefes de Gobierno de Colombia y Venezuela, amén de otros gobiernos del continente afirman persistentemente que se sienten agredidos por “las grandes potencias imperialistas que accionan en contra de las Democracias del continente”, quizás con obscuros propósitos capitalistas y neocolonialistas. Veamos qué puede haber en el fondo del asunto.
- La afirmación resultaría correcta siempre que la acción de “la potencia” estuviese orientada a invadir un país para establecer autoridad, o someterlo política o económicamente, de una forma en que se buscara suprimir o retirar mandatarios legítimamente elegidos, aunque resistentes al “imperio”, o tal vez limitar y entorpecer sus procesos democráticos internos y suprimir o manipular los derechos de los ciudadanos, o quizá para ejercer dominio salvaje sobre su economía con la intención de destruirle como país. Toma fuerza la afirmación de los presidentes cuando se acumulan evidencias de acciones conducentes a desestabilizar algún sistema político local, o acaso imponer un modelo político servil que limite la voluntad de los ciudadanos y coarte sus libertades, particularmente cuando escala la amenaza norteamericana de entrar a territorio venezolano para “capturar a un funcionario de Gobierno” y establecer un orden que no le corresponde y para el cual no le asiste derecho legítimo. En dicho caso las acciones debilitantes de la entidad Democrática se tornan evidentes, desde el momento en que se sugiere la invasión inminente del territorio de un país Soberano y se moldea el riesgo de violación de principios esenciales de Soberanía Nacional. Nada justifica una acción de ese calibre en el continente, mucho menos con el uso de la fuerza, al estilo de la que se vivió en Panamá en 1989. ¿Tendría el continente que presenciar una repetición de tan burdo episodio?
“Bajo el sello Causa Justa, el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo la invasión del territorio panameño entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, luego que el Dictador Manuel Noriega se declarara en estado de guerra con las Estados Unidos, en curso del Gobierno del Presidente George H. W. Bush. Habiendo sido restablecido el Presidente electo Guillermo Endara, las Fuerzas de Defensa de Panamá (FDP) fueron disueltas y el derrocamiento del General Noriega quedó cumplido. Manuel Noriega fue capturado y conducido hacia los Estados Unidos, buscado por las autoridades bajo la acusación de crimen organizado y narcotráfico”[ii]
- Y cuando se dice que “la acción armada que ha emprendido el Gobierno de los Estados Unidos en el Caribe, a título de lucha contra el narcotráfico”, atenta contra las democracias latinoamericanas y del Caribe, debe verse como una advertencia de intromisión excesiva – acéptese el calificativo de abusiva- que ya se manifiesta en el uso indiscriminado de armamento de guerra contra embarcaciones civiles en aguas que de seguro están bajo la jurisdicción de los países del Caribe. ¿No podrían las armadas de los países caribeños adelantar un formidable programa de control y vigilancia en sus propias aguas sin que fuese necesaria la petulante demostración de poder y suficiencia que pretende dar el Presidente Trump en la propia cara de los presidentes de las repúblicas caribeñas? Si hace falta fuerza, queda el camino de la cooperación amistosa entre todas las armadas de continente para lograr valor agregado en la acción. No hay que posar de “jefe militar” ni de “policía voluntario” ante el continente entero. Operaría mucho mejor la interdicción que el uso indiscriminado de fuerza destructora para poder privilegiar los derechos vitales de las personas que pierden la vida al ser interceptadas con misiles, puesto que sería más edificante el asegurarles la posibilidad de vivir mientras se garantiza la presunción de inocencia y la correspondiente defensa en el debido proceso. No se puede olvidar que quienes caen allí son víctimas de sacrificio de estructuras mafiosas que jamás se ensuciarán las manos con la sangre de sus víctimas.
El trabajo conjunto y la cooperación entre los países en el asunto del narcotráfico debería ser la plataforma sobre la cual se engrandece la unión y se fortalecen las democracias. La actitud apática y descomprometida consigue todo lo contrario, pues justifica la actitud prepotente de “la Potencia” para desplegar su Armada por las aguas del Caribe, ¡que no es una zona de guerra!, para establecer el orden que le interesa. Cada demostración de fuerza proveniente de “la potencia capitalista” servirá al infame propósito de desarmar espíritus entre gobernantes y pueblos y reducir todo ímpetu de soberanía y resistencia a la dominación. Siendo, así las cosas, el reclamo de los presidentes tiene todo sentido frente a la amenaza.
- La afirmación de que “hay una acción deliberada para amenazar las economías de los países y reducir sus posibilidades de resistencia para avanzar en procesos de dominación económica” vendría a ser correcta cada vez que se confirme que hay una opresión de tipo capitalista que impone un modelo económico que debilita la capacidad generadora de riqueza de los países en cuestión y atenta contra su sostenibilidad, lo cual representa un riesgo para su estabilidad interna y su plan de vida democrática. Lo anterior, amparado en una agresivo y muy bien calculado plan de sanciones diseñadas para quebrantar la voluntad de resistencia.
Si los países no pueden centrar su fuerza de trabajo y su capacidad financiera en conseguir los mejores resultados para su propio beneficio, todo esfuerzo que se haga quedará endosado en favor del andamiaje económico dominador. Dicho en mejores palabras, los países terminarán trabajando para satisfacer necesidades ajenas, es decir del imperio opresor, y pagar la deuda correspondiente con la banca multilateral.
¿Cómo se espera que sea la vida de un país con economía débil que permanece sometido a la coyunda de la deuda externa? El modelo capitalista neoliberal así lo determina, de tal modo que todos sus esfuerzos sean apenas suficientes para sobrevivir y mantener el país bajo el más triste y precario estatus de “economía dependiente”. ¿Cómo podrán fortalecerse las democracias locales en medio de una condición tan desigual, llena de restricciones e impregnada de pobreza y miseria?
Con esa consciencia en mente, el reclamo de los presidentes tiene sentido, porque no es probable ni creíble que haya democracias robustecidas en medio de condiciones de precariedad e insatisfacción extremas. El plan de dominación toma más fuerza cada vez.
Pues bien, si ya se puede ver que hay en efecto una “avanzada” que se funda en amenazas y presiones de todo tipo –incluida la presión militar-, se puede entender que haya una acción desestabilizadora para poder intervenir en las débiles democracias locales. De dicho modo se abre el paso a las acciones intervencionistas amparadas en la diplomacia y en los grupos de poder económico que resignifican el valor de la Democracia y hablan de la necesidad del cambio de regímenes autoritarios y Estados fallidos, casos de Venezuela y Nicaragua, o de la erradicación de regímenes de izquierda, como se vivió en Argentina, Bolivia y Ecuador y se vive con Chile, México, Brasil y Colombia, para legitimar de tal modo la injerencia de las potencias y la consolidación del esquema neoliberal.
De ese tamaño han comenzado a ponerse las cosas en la geopolítica de los países, dependiendo de cómo se desarrollan los procesos democráticos corrientes y qué clase de políticos son elegidos, a riesgo de que puedan ser intervenidos si se llegare a sentir que no dan “buenas señales de resultado para la Potencia”. Tal vez por esta razón se busca cerrar espacios democráticos que se abrieron mediante procesos electorales recientes en América Latina y el Caribe y que no son cercanos al gusto de “la Potencia”, y explica por qué razón se subvaloran los logros y se destruyen elementos que hagan recordación de progresismo, izquierda, revolución y antimperialismo.
Al final, la geopolítica está presionando un reacomodo global y ello afecta de plano las condiciones para el robustecimiento de las democracias locales, así es que el proyecto de intervención “del imperio” imagina el uso de todas las opciones y herramientas disponibles para lograr un efecto de espectro complejo sobre los gobiernos “disidentes”. Cuenta mucho el esquema de control militar para aminorar resistencia, pero también el aparato de represión para el Control de la producción de Drogas y el enfrentamiento al narcotráfico, que es un potente recurso para intervenir impunemente en los países. Después está la acción diplomática y comercial, que impone condiciones para la ayuda económica y la cooperación bilateral, mientras se compartes tragos de whisky con los interlocutores. Detrás viene la acción sobre la sociedad civil por intermedio de multitud de agencias que influyen en la vida y pensamiento de las personas, para terminar la faena de disuasión con la acción de los medios que confunde, distorsiona, desinforma, moviliza opinión en contra y genera desconfianza hacia los partidos de izquierda y sus gobernantes.
Si todo lo dicho ilustra lo que sería una avanzada de “la potencia” para desestabilizar países gobernados por la izquierda, con el ánimo de “recuperarlos al orden de la dominación”, los presidentes tienen razón en pronunciarse porque, en efecto, se socava la estabilidad de las democracias por el sólo hecho de que “son gobiernos de izquierda” que contrarían la voluntad de la “potencia dominante”. Son y serán siempre Democracias en tanto preserven los principios y forma de proceder que hemos anotado desde el principio de nuestro debate, aunque sean gobernadas por tendencias políticas distintas. Otra cosa muy distinta es que no cumplan bien con su tarea, lo cual queda como prerrogativa única de cada país para aplicar ley e impartir justicia.
En la medida en que los países tomen consciencia del riesgo y desafío político que enfrentan en los años que están por venir, encontrarán en la unión su mejor recurso para sobrevivir. La unión entre todos los Estados Americanos debe servir como soporte institucional para extender los principios democráticos como se han figurado aquí, sin que ello implique que las tendencias de derecha, de izquierda o de centro tengan que imponer criterios y dogmas a los demás, al cabo que la decisión última no está en los políticos corroídos por las mieles del poder sino en los ciudadanos de todo orden y condición que son depositarios de la “soberanía del poder”. Cuando los líderes del mundo logren entender esa sublime condición, tal vez entonces las cosas comiencen a mejorar de verdad.
Arturo Moncaleano Archila
[i] Fuente: https://dle.rae.es/democracia?m=form
[ii] Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_estadounidense_de_Panam%C3%A1