El primero y más oportuno comentario en torno a la Reforma Laboral se relaciona con el supuesto daño que su aprobación le haría a la economía colombiana. Se ha vuelto un lugar común por parte de la oposición, más exactamente de la derecha nativa, la cual es absolutamente pro empresariado que, la iniciativa planteada por el gobierno al Congreso apunta a propiciar el desempleo, desestimular el aparato productivo, en síntesis, a desanimar la economía. Es una de sus narrativas predilectas e infundadas. La teoría económica, la realidad e inclusive las políticas económicas implementadas por varios gobiernos progresistas de la región, desmienten tales falacias. Todo lo contrario, las mejoras salariales y consecuentemente de las condiciones de vida de los obreros opera como un estímulo, un acicate a la economía por la vía del incremento de la demanda agregada. México ha sido el más reciente ejemplo exitoso en ese sentido, desmintiendo la socorrida teoría de los tradicionales cultores neoliberales de las políticas económicas en Colombia sobre un supuesto y paradójico efecto negativo de los incrementos salariales por encima de cierto límite.
La experiencia y el contexto generalizado muestran una tendencia incontrolable hacia la disminución de los salarios reales en América Latina, principalmente como consecuencia de los efectos inflacionarios. En Colombia el retroceso del salario real ha sido del 8,77%, rubro en el que estamos en niveles preocupantes con respecto a los demás países de la región. Por los lados del salario mínimo “no escampa”, en el año 2024 y expresado en dólares, el salario mínimo en Colombia fue de US $ 323, bastante distante del líder en ese Rankin: Costa Rica con US $ 675, seguida de Uruguay con US $ 556, en tercer lugar, se ubicó Chile. Colombia ocupó la posición número 13 entre 17 naciones. Superamos únicamente a Brasil, Republica Dominicana y a Venezuela. De manera que la Reforma Laboral es más que justa y necesaria. No está demás comentar que los países señalados como líderes en materia salarial, son simultáneamente prototipos regionales en estabilidad y prosperidad, ostentan adecuadas condiciones de vida.
Por otro lado, se ha difundido erróneamente la tesis de una supuesta sobrecarga impositiva para los empresarios, lo cual no es cierto, ya que Colombia exhibe una estructura tributaria que, además de estar fundada en los Impuestos Indirectos es bastante regresiva– o sea una carga tributaria que castiga más a los que tienen menos ingresos-. En las dos ultimas reformas fiscales (2016, 2018) anteriores a la del gobierno Petro, el discurso dominante fue el de reducir la Tarifa Nominal de las Empresas y aumentar la de las Personas Naturales, con la presunción que de esa manera se promovería la inversión y la generación de empleo y se contribuiría a mejorar los impactos distributivos de la tributación directa. Ese es otro de los embustes más comunes: nos quedamos “viendo un chispero” con respecto a la generación de empleo.
Retornando a la razón fundamental de esta columna: la Reforma Laboral, debemos señalar en beneficio de los trabajadores que La Teoría de la Plusvalía no ha podido ser desmentida en cuanto atañe a quienes generan el valor agregado, el plus valor, la riqueza. Por lo tanto, es insólito ver como en la Comisión VII caracterizada por ser el escenario donde se desarrollan políticas sociales por excelencia, tales como los asuntos pensionales, laborales y de salud, se le quiera dar un entierro de tercera a semejante iniciativa. Es decir, no permitir el debate en torno a un asunto de tanta trascendencia como lo es la Reforma Laboral. El gobierno nacional según se infiere de la entrevista concedida por el recién nombrado Ministro del Trabajo: Antonio Sanguino tiene total disposición para discutir, debatir, transar y llegar a acuerdos sobre los distintos asuntos que constituyen el temario. Se propone un Acuerdo Nacional al respecto.
De no lograrse el mencionado Acuerdo, el gobierno anunció su legitima intención de apelar a otros mecanismos de la Democracia Participativa insertos en la Constitución de 1991 en su artículo 103 y en la Ley 134 de 1994. Paradójicamente el mismo senado, en donde las mayorías del gobierno son inciertas, es la institución que debe emitir un concepto positivo para la convocatoria al mandato popular. Ojalá que los 8 “Honorables Senadores” opositores, recapaciten y piensen menos en sus provechos grupales sectarios y más en los intereses de la nación y en especial de la clase trabajadora. No es justo que un puñado de congresistas, probablemente animados por sombríos beneficios, detengan, se atraviesen como “mula muerta” en el camino de un proyecto de Ley que fue ampliamente discutido en la Cámara y aprobado por abrumadora mayoría de 90 representantes, luego de 12 intensas sesiones. El texto de lo aprobado beneficiaría a alrededor de 4,000,000 de trabajadores.
Algún aguafiestas se pronunció sobre los eventuales costos de la consulta que podríamos situarla entre $ 400 y $ 500 mil millones. Cálculo basado en la última convocatoria popular: la Consulta Anticorrupción del año 2018, la cual tuvo un costo de $ 310,479 millones y con un potencial electoral inferior en 5 millones de votos. Al sumarle los efectos inflacionarios más los cinco millones de votos adicionales nos arrojaría el costo señalado arriba. Ante los innegables y cuantiosos beneficios que podría arrojar la aprobación de la Reforma mediante ese mecanismo democrático, podríamos pensar que bien valdría la pena. Colombia se encuentra en mora de actualizar, regular y reglamentar normas laborales, estamos rezagados, en particular con respecto a los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual formamos parte.
En cuanto a los detalles cuantitativos, dado que el censo electoral en Colombia es de 40,963,370 hombres y mujeres, implicaría según el articulo 55 de la ley 134 que cada pregunta que se someta en la consulta debe tener una participación de la tercera parte del Censo Electoral o sean 13,654,457 personas y por el SI a cada pregunta, deben votar por lo menos 6,827,229.
Con justa razón y en aras de cumplir lo prometido en campaña, Petro insinúa apelar al mencionado mecanismo constitucional y legal para tratar de superar el obstáculo que significa la negativa de los congresistas reacios a las trasformaciones. Un puñado de (8) insensibles congresistas de la Comisión VII, prevalidos y disfrutando vergonzosas sinecuras, quieren oponerse a que una gran mayoría de ciudadanos accedan a aceptables y mejores condiciones laborales. Los congresistas en cambio, devengaban el año pasado la bicoca de $ 48,142,046, y a la espera del reajuste para el 2025. Como si ello no fuese suficiente, ostentan otras gabelas como tiquetes aéreos gratuitos, vehículos, escoltas, un equipo de trabajo legislativo cuyo costo mensual es de $ 71,175,000 por cada congresista y demás beneficios derivados de su status de Padres de La Patria. Este grupo de 8 “privilegiados” fue el mismo que hundió la reforma a la salud en la legislatura anterior y tiene las fauces listas para volverse a engullir lo que fue aprobado en Cámara para la presente Legislatura.
Allí en este punto sale a relucir una de las paradojas y contrasentidos de la derecha colombiano y su séquito. Cuestionan al gobierno del cambio, porque en su concepto el cambio se quedó en relatos, no ha logrado desarrollar o aplicar la tan anunciada trasformación. Por supuesto, “es elemental mi querido Watson”, cuando se intentan adelantar iniciativas por vía legislativa orientadas a esa trasformación, aprovechan sus mayorías legislativas en las comisiones claves e inclusive en la Cámara Alta, para torpedear e impedir el tránsito de las propuestas orientadas a ese cambio. Vaya cinismo. Eso sin incluir el infame papel de las Altas Cortes, dedicadas a estropear importantes políticas gubernamentales.
José Luis Arredondo Mejía