El ICBF es una de las entidades con mayor presupuesto y presencia territorial del país, cuyas funciones, bien entendidas y ejecutadas, resultan esenciales para implementar las políticas y los programas de atención y cuidado a la población más vulnerable: los niños y niñas. Con un buen liderazgo y una planificación adecuada, se podrían aprovechar estas ventajas para tener un impacto positivo y duradero sobre quienes serán el futuro de nuestro país.
Sin embargo, sin ninguna planeación, sustentación y, mucho menos, divulgación, el ICBF decidió “priorizar”, supuestamente, lo público sobre lo privado en los mecanismos para brindar atención a nuestra primera infancia. En diciembre de 2023 renovó el Manual de Contratación y lanzaron una licitación con condiciones improvisadas para seleccionar nada más y nada menos que a quienes prestarían servicios de atención integral a la primera infancia. ¡¿Por qué improvisamos justamente con los niños?!
Viendo los resultados del desastroso experimento, nos preguntamos, será que lo que se busca es convertir a los novatos contratistas en colectivos activistas de izquierda para consolidar una revolución, tal como lo hizo Chávez en Venezuela, que sirva para los propósitos reales que el Presidente está promoviendo: ¿una constituyente para conservar el poder?
Según reporta la Procuraduría General de la Nación, 1.2 millones de niños de diferentes regiones del país están en riesgo por el improvisado cambio de modelo de los Programas de Atención y Nutrición a la primera infancia del ICBF.
Por eso, quiero contarles que desde comienzos de este año hemos enviado varios derechos de petición al ICBF y la respuesta al último de ellos, que llegó esta semana a mi oficina con fecha del 7 de marzo, nos dio la razón:
- De más de 1.300 zonas ofertadas en el país para que el ICBF preste sus servicios, se han declarado desiertas 240 zonas y de las restantes que resultaron elegidas, ni siquiera se han suscrito los respectivos contratos ni se ha iniciado la ejecución de estos.
- El mismo ICBF reconoce que solo en La Guajira, que es el departamento con mayores índices de desnutrición infantil dadas sus condiciones particulares, menos del 10% de los niños que se deben atender están recibiendo las ayudas a las que tienen derecho, lo que implica que por lo menos 44 mil niños guajiros estén siendo privados de los servicios de atención integral por la inoperancia de estos programas. La Procuraduría ya advirtió la gravedad de la situación, consecuencia de la falta de un plan de transición entre el modelo existente y el que se está implementando.
Llevamos semanas al frente de esta denuncia que se está presentado en La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Chocó, Antioquia y Cundinamarca que no solo tiene a nuestra niñez aguantando hambre, sino que también está perjudicando a cientos de mamás colombianas, quienes hacen parte de población vulnerable y dejan de trabajar porque no tienen con quien dejar a sus hijos, y a las mismas madres comunitarias que cumplen 3 meses sin poder abrir los jardines porque el Instituto no resuelve.
Señora Astrid Cáceres, cuéntele al País ¿Qué es lo que están haciendo?, ¿Qué es tan importante, que justifique que hoy usted siga teniendo a cientos de miles de niños vulnerables en riesgo y sin atención?
Alfredo Deluque Zuleta