Los guajiros no podemos seguir indiferentes ante lo que ocurre en el departamento, con la impunidad como combustible que alimenta una corrupción desmedida. Los datos más recientes deben llamar la atención: en 2024, la Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por más de $223.646 millones en proyectos del Sistema General de Regalías.
Es la paradoja de la abundancia en la miseria, porque los recursos no faltan. Entre 2023 y 2025, la Contraloría auditó proyectos por más de $20 billones de recursos de regalías, y solo en proyectos OCAD PAZ se establecieron hallazgos fiscales por $339.668 millones. En 2024, se detectaron irregularidades en el uso de recursos del SGP por más de $19 mil millones en proyectos de agua potable, sistemas solares fotovoltaicos y fortalecimiento productivo, que se ejecutan sin sostenibilidad por deficiencias en estructuración y planeación.
Sin embargo, identificar no es suficiente: es un diagnóstico sin cirugía. Se requiere avanzar con celeridad y contundencia para que los hallazgos se traduzcan en procesos de responsabilidad fiscal efectivos y condenas ejemplares.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia reveló cifras sobre la magnitud del problema: entre 2010 y 2023 se presentaron 922 delitos contra la administración pública en La Guajira, pero solo el 16 % logró capturas y apenas el 2 % obtuvo condenas. Esto significa que el 97,2 % de los casos de corrupción permanecen en la impunidad absoluta: 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación y 899 sin condenas; el 85,95 % de los expedientes en riesgo inminente de prescripción, mientras que el 10,93 % posiblemente ya prescribieron. El 50 % de los expedientes llevan más de 10 años engavetados; el 39 %, entre 5 y 10 años sin movimiento. La justicia local, capturada por intereses corruptos, ha demostrado ser incapaz o renuente a actuar; y, en tal sentido, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría General de la Nación deberían considerar la creación de una unidad especializada para La Guajira, y empezar actuando sobre los hallazgos de la Secretaría de Transparencia.
La inestabilidad gubernamental es un síntoma y la causa de esta crisis. Es el círculo vicioso del poder corrupto. La Guajira ha tenido 15 gobernadores diferentes desde 2011, cuando solo debían ser tres. Una rotación que evidencia la profunda degradación institucional. Cuatro gobernadores han sido condenados por cometer delitos en su respectivo período de gobierno. Esta rotación permanente no es casualidad: es la estrategia de unas élites que se alternan el poder para mantener el control sobre los recursos públicos. Mientras tanto, el 65 % de estos dineros comprometidos por malos manejos corresponde a municipios, y el 26 % a la gobernación. No se ha gobernado con el ánimo de resolver los problemas de la gente, sino con el propósito de robar.
La Guajira es el drama humano detrás de las cifras: mantiene la segunda posición nacional en pobreza monetaria, con 65,3 % en 2023; mientras que en pobreza multidimensional registra 39,3 % en 2024. El índice de desarrollo humano del departamento es el más bajo de la región Caribe, con apenas 0,617; y, mientras tanto, muchos recursos se evaporan en cuentas privadas de algunas autoridades tradicionales que viven como jeques árabes.
La impunidad no solo es un problema de La Guajira, sino una herida nacional que cuestiona la viabilidad misma del Estado de derecho y exige que los órganos de control y judiciales actúen con urgencia. No solo se trata de destituir un gobernador más, sino de desarticular las redes de corrupción que han convertido el sufrimiento humano en su modelo de negocio. Mientras la justicia permanezca pasiva, La Guajira seguirá siendo líder de la desigualdad extrema.
Como sociedad, no podemos seguir siendo cómplices silenciosos de esta tragedia. El silencio no puede ser opción. El costo del silencio se mide en vidas humanas perdidas. Cada día que pasa sin justicia efectiva es un día más muriendo niños de hambre y millones de pesos se desvían hacia cuentas privadas. Es hora de que la justicia recupere su lugar y, desde La Guajira, demuestre que en Colombia sí hay lugar para la justicia.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
El ocaso del progresismo: la fiesta se acabó
Durante años, el progresismo internacional se presentó como la gran alternativa moral y política frente al capitalismo liberal y a las derechas democráticas. Bajo discursos de inclusión, paz y justicia social, conquistó gobiernos y organismos multilaterales. Pero hoy, el espejismo se desmorona: la ONU pierde legitimidad, y líderes como Lula, Maduro, Petro y Sánchez muestran un desgaste evidente. La fiesta terminó, y lo que queda es un rastro de crisis, desconfianza e incapacidad.
La ONU, vacía de autoridad
El presidente Trump lo resumió con una claridad demoledora: la ONU se dedica a emitir cartas y declaraciones vacías mientras los conflictos reales se multiplican. La invasión rusa a Ucrania, la guerra en Medio Oriente y la expansión del narcotráfico han mostrado a un organismo paralizado, más preocupado en sostener agendas ideológicas que en cumplir su mandato de garantizar paz y seguridad internacional. El progresismo global había depositado en la ONU su legitimidad, pero hoy esa legitimidad se evapora.
Lula: el gigante cansado
En Brasil, Lula prometió ser la voz de los pobres y el líder de un nuevo Sur Global. Sin embargo, su gobierno naufraga entre escándalos de corrupción, una economía estancada y el descrédito internacional. Mientras Brasil necesita soluciones, Lula invierte capital político en defender a Maduro o en intentar reposicionar un Mercosur irrelevante. El progresismo latinoamericano ya no encuentra en él el faro que soñaba.
Maduro: el narco-régimen desenmascarado
En Venezuela, Maduro se sostiene en el poder con represión, alianzas criminales y la exportación de cocaína a gran escala. Su carta a Trump, filtrada recientemente, además de ridícula, expone su precariedad: acusa incluso a su supuesto aliado Petro de estar detrás de la producción y exportación de droga. El progresismo internacional, que alguna vez lo justificó, hoy lo observa con incomodidad, pero sin capacidad de romper definitivamente con él.
Petro: el fracaso colombiano
Colombia, bajo Petro, vive una crisis institucional y de seguridad que confirma los peores temores. La llamada “paz total” se ha convertido en un festín de impunidad para narcotraficantes y terroristas. La corrupción toca incluso a su familia, y el país ha sido formalmente descertificado en la lucha antidrogas por Estados Unidos. Un gobierno que prometió justicia social solo ha dejado hambre, división y violencia.
Sánchez: el progresismo de alquiler
En España, Pedro Sánchez es la versión europea de este progresismo desgastado: pactos con independentistas, sometimiento a la ideología de género y un manejo político centrado en la supervivencia personal más que en el futuro de la nación. Su modelo se sostiene en la propaganda, pero no resiste el contraste con los problemas reales de los españoles: inflación, desempleo juvenil y fractura institucional.
El final de un ciclo
El progresismo global está en retirada. Su narrativa de “esperanza” se agotó, su capacidad de gestión fracasó y su credibilidad internacional se desploma. Lo que se presenta en todos estos países y organismos no es una conspiración externa, sino el resultado de su propia incoherencia: corrupción, narcotráfico, autoritarismo, impunidad y promesas incumplidas.
La fiesta se acabó. La ciudadanía, cada vez más consciente, exige resultados, seguridad y respeto por la ley. Frente al vacío del progresismo, resurgen fuerzas de centro y derecha que ofrecen orden, libertad y futuro.