La intención continuada del gobierno Petro de sabotear el sistema de seguridad social en salud de los colombianos, es una muestra más de la inmoralidad, temeridad e incuria que define a la actual administración.
Los connotados profetas del acomodo y los ilusos de la redención de Petro guardan vergonzoso silencio ante el acelerado deterioro financiero de todas las EPS del país.
Las intervenciones para administrar dejan como siempre el mal sabor de la corrupción, la incompetencia y la inutilidad. Si este gobierno odia tanto a las EPS ¿porque intervenir para administrar Asmet con 1,8 millones de usuarios, Savia con 1,6 y Emssanar con 1,8 para un total de cerca de 5,2 millones de usuario manejados por oscuros, inexpertos e incompetentes interventores?
El Supersalud Beltrán ha nombrado a personas con ninguna experiencia en aseguramiento y manejo de salud. ¿Está preocupado por la calidad de vida de los usuarios o lo hace para el beneficio de oscuros intereses políticos y saqueo de las entidades, antes de que lleguen al punto de no retorno financiero?
¿Es acaso la estrategia del ministro de salud Jaramillo la de continuar presionando financieramente a las EPS y al sector reteniendo ilegalmente pagos adeudados a las EPS, y con ello sometiendo a la iliquidez a toda la cadena de valor, para forzar una negociación entorno a la desastrada e inconveniente reforma a la salud?
Parece inverosímil. ¡No sea exagerado y polarizante dicen muchos!
Pero pensemos bien. Este gobierno muestra indiferencia con la vida y dignidad de los colombianos de la misma forma en el manejo del orden público. ¿Acaso no hemos visto la indiferencia brutal e indignante con la cual el ministerio de defensa registra los 252 asesinatos de uniformados desde el inicio de su mandato? ¿No escuchamos acaso a Petro justificar el plan pistola y los atentados con bomba contra nuestros policías?
Mientras Petro entrega licencia para matar y secuestrar al ELN y otros bandidos, no nos debe sorprender que permita a los responsables del sector salud en su gobierno utilizar la vida de los usuarios, los pacientes crónicos y los empresarios del sector como moneda de cambio en el chantaje vergonzoso para lograr la aprobación de la reforma a la salud.
Las desastrosas decisiones del fin de 2022 en el manejo del SOAT, conducen inevitablemente a la quiebra de este sistema de aseguramiento esencial para la protección ciudadana frente a los crecientes riesgos viales e implica un golpe adicional para toda la cadena de prestación y la destrucción severa de valor para la industria aseguradora colombiana.
Además del retraso intencional e injustificado en el pago de los ajustes de presupuestos máximos a las EPS y el no pago de saldos de punto final, la principal herramienta de Petro para la destrucción programada del sistema de aseguramiento en salud es sin duda la documentada insuficiencia de la UPC aprobada por el gobierno para 2023.
La UPC es el pago por usuario anual que de acuerdo con su sexo y condición etaria debe cubrir, en un esquema de aseguramiento parcial y solidaridad, los gastos de salud de la totalidad de los afiliados de una EPS. El gobierno nacional fue advertido expresamente por diversas instancias técnicas en 2022 que mayores incidencias derivadas de Covid, aumentos de costos en las cadenas internacionales de suministros, los gastos excesivos en años anteriores, la insuficiencia acumulada y los aumentos de consultas y atenciones derivados del pánico causado por el anuncio de la destrucción de las EPS, hacían necesarios ajustes en la UPC muy significativos para asegurar la cobertura y oportunidad en la atención en salud.
El ajuste del 16,23% fue insuficiente frente a la realidad de los costos médicos asumidos por las EPS y no atendió el rezago endémico de la UPC del régimen subsidiado al cual, precisamente, pertenecen las tres EPS antes mencionadas y que el mismo gobierno que las desfinanció, decide ahora intervenir para administrar golosamente y para contento de la clase política y las mafias territoriales de la salud.
El estrés que este manejo destructivo e intencional está generando en las cadenas de atención es notorio. Jornadas extendidas en unidades de diagnóstico, presión en la operación de las prestadoras, cierres de despachos por parte de las coordinadoras logísticas a cargo del suministro farmacéutico, retrasos en los pagos a empleados de muchos hospitales de la red pública de hospitales de los entes territoriales y muertes prevenibles, son efectos que se agravan día a día ante la indiferencia del ministro de salud.
No entraré siquiera a resaltar las deficiencias en políticas públicas de prevención que debe liderar el ministerio como los temas de vacunación Covid, el avance del dengue y otras infecciones tropicales y la grave crisis de infecciones agudas respiratorias que han aumentado la presión sobre el sistema mientras Jaramillo se dedica a romper la ley de bancadas y a hablar mal del sistema de salud para justificar la comatosa reforma a la salud.
El gobierno juega con candela y lo sabe. Pero para quien no se avergüenza de su ineficacia y de mentir, la muerte y el sufrimiento ajeno se pueden instrumentalizar sin empacho para mantener la lógica del discurso y la obsesión ideológica.
Enrique Gómez Martínez
El sistema se cae a pedazo o implosiona por los mismo efectos perversos de la ley 100. Del casi centenar de EPSs hace rato pasaron a mejor vida más 80% todas abocadas a la liquidación por incapacidad material de cumplimiento del objeto social; ante los desastres financieros de sus gestiones operativas, desastres que no se le puede adjudicar al gobierno Petro, debido a que ha sido una constante muy consistente desde los mismo albores de la mencionada ley e implementacion del sistema de salud. Tan es constante el fenómeno que por dicha ocurrencia se puede pronosticar que todas la EPS están condenadas a desaparecer.
Desconocer lo anterior para atribuir las debacles calamitosa de las intermediadoras a la gestión del ministro de salud es una calumnia y una falacia de marca mayor. Máxime cuando no se debe confundir la obligación del gobierno de intervenir para garantizar el fundamental y básico servicio al cual tenemos derechos todos los colombianos, especialmente , los de estratos vulnerables, con que la misma es para aniquilar o profundizar los problemas endémicos de dichas entidades, que como anote, son estructuralmente históricos e inherentes al modelo de negocio, donde privados sin ningún riesgo de capital montan un lucrativo negocio, que consiste en extraer capital y rubros destinados a la prestación de servicios, bajo la modalidad de la negación de los mismos a los usuarios. Que no se olviden los defensores de oficio de las ineficientes que el dinero es del estado, es público, y por ende sujeto de intervención y control.
Y a este gobierno la oposición acomodada no le va a criticar posteriormente por negligente, por no tomar las medidas a tiempo y dejar que el problema creciera y profundizará, como ha sido típico en gobiernos anteriores, por complicidad y colisión de interés por defender el negocios de los amigos o los propios dejaron pasar y hacer, de los recursos dela salud una feria corrupta y de muerte.