Soy analfabeta en las parcelas del saber jurídico, no obstante, dada la actualidad e importancia me resisto a callar sobre un tema eminentemente judicial. La consideración que el derecho es un espacio epistemológico donde la lógica y el sentido común juegan un papel singular animan a plantear elucubraciones sobre la palpitante actualidad jurídico-política. Las reflexiones surgen a raíz del fallo emitido por la Corte Suprema, y con ocasión de las plétoras en que viene incurriendo la fuerza pública patentados con los casos de Dylan Cruz, Javier Ordoñez y con los excesos colectivos en los acontecimientos desencadenado por la reacción ciudadana en las jornadas del 9 y el 10 de septiembre, sumadas ocasionaron la muerte de 16 civiles. A los excesos aludidos añadimos el caso de Juliana Giraldo a manos del Ejército.
Con inusual frecuencia se constata que ante una hipótesis o una situación jurídica particular planteada a 5 abogados distintos nos toparemos con 5 opiniones divergentes. Ante idéntica problemática jurídica la exegesis individual difiere, cada uno expresa un punto de vista distinto frente a una misma situación. Tarea más sencilla alinear a 5 micos para tomarle una foto. He ahí una de las pruebas ostensibles de la subjetividad del derecho.
En consonancia con lo expresado arriba y por los elementos políticos e ideológicos en pugna tras la decisión antedicha, los criterios de los bandos discrepan, para unos la Corte actuó en Derecho y dentro del marco de la Constitución y las leyes, para otros, -no es difícil imaginar quienes- La Corte Suprema se excedió. Que tal esta ¡la Corte se excedió ¡al tratar de proteger la vida y los derechos humanos. Bienvenida cualquier exuberancia. La derecha a través de sus corifeos está acudiendo a subterfugios y legalismos a fin de cuestionar el laudo de la Corte Suprema. Un elemento central de la juridicidad aclama que lo sustancial debe estar por encima de los legalismos y si se trata de proteger el máximo derecho fundamental como lo es el derecho a la vida, adquiere mayor legitimidad la primacía de lo sustancial sobre la formalidad.
Los portavoces del extremismo diestro no deben olvidar que, sin excepción todos los jueces ostentan la condición de jueces de tutela y el amparo que tiene al mundo político y jurídico nacional polemizando fue fallado en contra en primera instancia por el Tribunal y por competencia le correspondía a la Sala Civil de la Corte resolver la impugnación. La Corte aborda el estudio de la tutela en cumplimiento del artículo 113 de la Constitución Política, el cual establece la colaboración dentro de las diferentes instancias del poder y máxime si se ha dado lugar a violación de derechos fundamentales. Por otro lado, el derecho a la protesta también está consagrado en la Constitución en el artículo 37. De manera que la Corte no se excedió ni desbordó sus competencias, se asentó en Jurisprudencia y normatividad vigentes. Algo tan sencillo como acatar una sentencia se ha tornado un galimatías jurídico y una interminable batalla dialéctica y de la hermenéutica jurídica
Las sentencias amen de no ser novedosa, es un fallo bien dotado, fundado en la trayectoria Jurisprudencial de la Corte Constitucional, probablemente el Gobierno está “tacando burro” al pedir su revisión por el máximo organismo constitucional. Además, soslaya que el Estado se organiza para garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. No queda duda, lo atestiguan el sinfín de imágenes que tanto en el caso del asesinato del estudiante Cruz el año pasado, del ingeniero y abogado Ordoñez hace unos días, y en las jornadas de protesta que degeneraron lastimosamente en vandalismo, hubo excesos de la Policía. Según estudios bien documentados no constituyen hechos aislados, obedecen a patrones sistemáticos y a prácticas y reacciones habituales. La infiltración de la guerrilla y los comportamientos vandálicos son hechos ciertos, mas no se pueden seguir justificando para validar el disparo al bulto y el uso indiscriminado de armas letales contra la población civil en aplicación de la teoría del “enemigo interno”.
La doctrina autoritaria alimenta la filosofía gubernamental y de sus adláteres, impregna los actos y los “legitima”; subsiste una mentalidad generalizada y un espíritu de cuerpo, no es extraño que el Presidente como Comandante en Jefe a través de simbolismos, mensajes subliminales, prohíja, proteja y avale el comportamiento policial. El negacionismo gubernamental: unas manzanas podridas, casos aislados que no se extiende a la institucionalidad, como fundamento doctrinario tiene eco en el arsenal verbal y la palabrería usada por los ideólogos neoconservadores en la defensa de comportamientos barbaros. En ese espíritu autoritario la represión es la respuesta a la insatisfacción y al descontento social. Sin embargo, la cháchara ideologizada se estrella con el muro de las frías y objetivas estadísticas que rebaten el manido argumento. Desde el 2018 a la fecha van registradas 249 agresiones, y el ESMAD figura con el 84 % de las mismas, el 61% están relacionadas con la dispersión de manifestaciones- no se está garantizando el derecho a la protesta-, 91 de las victimas totales son estudiantes, lo que equivale al 36%.
Coletilla: preferimos una corte excediéndose mediante fallos protegiendo la vida, a una fuerza pública excediéndose en el uso de la fuerza y de las armas letales en contra de ciudadanos inermes.
JOSE LUIS ARREDONDO MEJIA