Eran aproximadamente las 8 de la mañana de un día laboral del cual no tengo exactitud en su fecha (hace más o menos un mes) cuando escuchando la radio me enteré de que el senador Alfredo Deluque advertía sobre la compra de unos carrotanques que la unidad nacional de riesgos, había entregado para el municipio de Uribía. Al atender la entrevista pude analizar que el desacuerdo del senador se basaba en que desde el gobierno nacional no se estaba desarrollando una articulación con la sociedad civil. Para poder entender la raíz del problema con relación a la escasez del agua él argumentaba que la llegada de los carrotanques al departamento no era nada nuevo, puesto que en gobiernos anteriores eso ya se había hecho y que en este tema habían sido muchos los intentos que se implementaron, pero que el tiempo había demostrado cuáles eran los métodos más efectivos para minimizar el flagelo de la escasez del agua en el departamento, también recuerdo que el entrevistador contradecía al senador argumentando que los carrotanques si podían subsanar y coadyuvar distribuyendo el agua a los puntos poblacionales distantes uno del otro. A mi modo de ver, tal vez el periodista no logró entender objetivamente el desacuerdo que manifestaba el senador, el cual desarrolló una crítica directa sobre la desarticulación que se estaba implementando al momento de establecer una inversión pública para el tema en cuestión.
Solo después de un mes de aquella entrevista acalorada pude comprender lo que el senador quiso dar a entender, todos esos motivos que hoy el país entero sabe y que han dejado al descubierto un amplio margen de errores contractuales que en ese entonces el senador seguramente prefirió guardar y no decirlo públicamente, pues tal vez creyó que el futuro cierto de esa inversión social sería un escándalo nacional, lo peor de todo es que a medida que van pasando los días nos vamos entendiendo de cosas nuevas, por ejemplo hoy, por medio del nuevo director nacional de gestión de riesgos, conocimos que no son 40 los carro tanques, sino 80, y que ninguno cuenta con póliza real de funcionamiento porque las que se presentaron solo fueron unas simples cotizaciones que no se cancelaron, por tal motivo el nuevo director ordenó sacarlos temporalmente de funcionamiento, ¡Dios mío!
Aquí en la guajira solo se escuchan comentarios al respecto, algunos dicen, que esto de momento es el ¡pico del iceberg! Con referencia a lo que Colombia conoce de los manejos dados en la pasada dirección nacional de gestión riesgos, incluso, hay un alcalde que apareció en un video manifestando que todo este escándalo se trata de una persecución amarillista de los medios de comunicación nacional frente a la aplicación de las políticas de gobierno del presidente Gustavo Petro, sin embargo, creo que lo mejor es esperar que sea el tiempo quien dé la última palabra sobre todo este tema que solo ha servido para avergonzar una vez más el nombre del departamento de La Guajira el cual desafortunadamente vive de polémica en polémica, realmente creo que hasta el momento aún nosotros acá no hemos entendido la magnitud de este escándalo que sin lugar a dudas hasta el momento es el lunar negro que más ha marcado al gobierno Petro.
A mi modo de ver las cosas, el tema de la producción de agua potable en La Guajira encierra dos puntos transversales y esenciales, el primero, es el reto de la producción del líquido y el costo que este tiene por metro cúbico, que por ley todos saben no está subsidiada por el estado colombiano para zona rural, el segundo, es otro reto a un más complicado, la distribución. Frente a estas afirmaciones la historia ha demostrado que estas tierras desérticas en donde los puntos pequeños poblacionales (rancherías) están distantes uno del otro, la mejor alternativa es establecer puntos de agua en sectores estratégicos, y evocar a la poblacional indígena que se encuentre cercana a que esta se acerque y se abastezca, porque otros métodos infructuosos como la instalación de tuberías para trasladar el líquido a las comunidades se consideró por experiencia insostenible, pues, según los registros existen más de 15 mil comunidades indígenas en todo el territorio que enmarca las zonas de acción de la sentencia t302 (Uribía, Maicao, Riohacha y Manaure), además otros métodos que al pasar los años se han venido implementando para minimizar el flagelo que según registros del instituto de bienestar familiar, este, ha costado cientos de vidas.
Lastimosamente, el sistema de alianza política no siempre va a estar alineado con los menesteres sociales en una misma visión, el gobierno nacional, quien es el poder del estado con más fuerza de ejecución, está asistiéndole a la inversión pública con un sesgo político muy notable, situación que al fin y al cabo perjudica a la sociedad civil en estado de vulnerabilidad, pues no siempre el grupo político que cuenta con el aval del presidente ve las necesidades sociales en la guajira con un equilibrio entre su empoderamiento y el bienestar social, tesis que desarrolle en mi anterior artículo. Creo firmemente que la situación crítica de este departamento no debe ser tomada exclusivamente para llenarse los bolsillos de dinero, sino, para ayudar objetivamente a que los recursos públicos logren coadyuvar la disminución de los altos índices de pobreza multidimensional que tenemos acá en nuestro territorio, pienso que todos los intentos que se han establecido para acercar la población vulnerable al acceso del agua potable pueden servir para identificar cuál es la metodología más eficiente y de fácil acople a las situaciones propias de nuestra geografía.
Ya no debemos improvisar más, con mucha inversión de recursos públicos en este sector. Los gobernantes que han dirigido los destinos de esta región de la costa atlántica han puesto la vista hacia el pasado, presente y futuro, son testigos de lo que se debe y no se debe hacer. Debido a esto quiero resaltar la inauguración de las pilas públicas que en los pasados meses se han venido realizando en distintos sitios a lo largo del territorio rural, creo que la construcción de esos micro acueductos lleva implícito el aprendizaje de la historia, costumbres y cosmovisión de los Wayuu, además de una fusión de la auto sostenibilidad por medio de la energía fotovoltaica para la producción del agua potable, pienso que es necesario exaltar las cosas buenas para informarle a la comunidad nacional que no todo en la guajira está mal, el proceso de crecimiento social nuestro es lento, pero hay esperanzas, la construcción de estas pilas nos indica que estamos aplicando lo que hemos aprendido, lástima que el escándalo sea más notorio que esto.
Hace dos días el senador dando un discurso en el congreso de la república pidió seguridad por su vida y la de su familia, en las declaraciones afirmó que lo habían amenazado por haber interpuesto públicamente su desacuerdo por la forma en que se estaban direccionando los recursos públicos hacia la guajira desde la unidad de gestión de riesgos.
Sinceramente, siento que la guajira se ha convertido en una especie de novela desde el fallo de la sentencia t-302 y la declaratoria de estado de cosas institucionales en las poblaciones de Uribía, Riohacha, Manaure y Maicao, porque desde 2017 se han establecido una cantidad amplia de mesas de trabajos y un número interminable de CONPES para avanzar sobre el tema y es la hora 7 años después estamos como si hubiéramos empezado antier ¡Por Dios santo!
Desde que empezó el escándalo cada día salen más cosas a flote, es una historia que desde su inicio no sabemos cuándo irá a acabar, aún no tenemos certeza si los responsables realmente van a pagar por lo que hicieron o si, por el contrario, será un escándalo más que con el pasar de los días quedará en el olvido, así como ha quedado la guajira ante el estado colombiano desde su fundación el 28 de diciembre de 1963. Espero que al final de la jornada no se vayan a llevar los carrotanques y nos quedemos con el pecado y sin la gracia.
Luis Antonio Gómez