Petro está acorralado, entiende que su presidencia pende de un frágil hilo y está en la tarea de hacer todo lo que está en sus manos para no caerse. Su objetivo es evitar ser suspendido de su cargo y eventualmente condenado por la comisión de delitos electorales. Eso explica todas sus actuaciones desde la confesión de su primogénito.
Sustento la afirmación de base: la Constitución establece que «la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo” y el Código Penal dice que si el candidato “[permitió] la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas”, habrá incurrido en un delito que tiene como pena prisión de cuatro a ocho años, la misma que tiene quien «administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral”.
Son múltiples los hechos que muestran que efectivamente en la campaña de Petro se violaron los topes, que al menos parte de la financiación provenía de fuentes prohibidas, entre ellas el narcotráfico, y que tanto su gerente de campaña como él lo sabían. La información proviene no son solo medios de comunicación sino de personas de su círculo familiar y político más íntimo, empezando por su primogénito, tras cuya confesión Petro pretendió desmarcarse señalando que no lo crio, siguiendo por su hermano, que afirmó que el triunfo se debía al apoyo de los criminales con quienes se reunió en campaña, hasta llegar a su principal operador político, Benedetti, quien dijo que si hablaba no solo se caía Petro, sino que todos se iban presos.
Se entiende entonces porque Petro ataca con tanta vehemencia como mentiras a la Fiscalía y porque quiere que más temprano que tarde el Fiscal General sea de su confianza. Petro pretende demorar o evitar las acusaciones contra su hijo, su hermano, Ricardo Roa, su gerente de campaña, y Dagoberto Quiroga, presidente entonces de Colombia Humana, además de los tramposos dirigentes de FECODE. Y si en todo caso las imputaciones se producen, busca deslegitimarlas, sembrando un manto de duda tanto sobre su motivación como sobre las calidades de quienes las hacen. Petro es consciente de que las imputaciones formales contra sus cercanos no solo harán una profunda mella en su gobernabilidad, sino que el traslado de pruebas al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusaciones lo dejarían en la cuerda floja.
A Petro no le importa que el Fiscal General no adelante él mismo investigación alguna, que los fiscales de cada caso sean autónomos y que si el Fiscal General interfiere incurriría en prevaricato. Él cree que es el «jefe» del Fiscal y pretenderá actuar como tal una vez sea elegida cualquiera de sus ternadas. Una razón más por la cual la Suprema debe ser especialmente cuidadosa en la escogencia de la Fiscal y en los tiempos de la misma, evitando tanto como sea posible la interferencia de Petro en las investigaciones. En fin, no hay duda de que la asonada de las huestes de Petro tenía la finalidad de presionarla para que elija con celeridad y, de paso, mostrarle los dientes. Las banderas del M19 enfrente del Palacio de Justicia fueron un terrible y cruel recordatorio a los magistrados de hasta donde ha sido capaz de llegar Petro.
Además de la intimidación a la Suprema y a la Fiscalía, Petro desarrolla acciones en cuatro frentes adicionales para evitar su caída. Uno, el uso del presupuesto para conseguir apoyos tanto en el Congreso como en las regiones y para golpear a sus contradictores. Necesita tanto dinero como le sea posible conseguir. Por eso el afán de echarle mano a los recursos de la salud y las pensiones y la aprobación ilegal de partidas globales por más de trece billones en el presupuesto. Petro quiere gastárselos como se le dé la gana y usarlos para premiar amigos, comprar congresistas y castigar gobernadores y alcaldes opositores. Dos, la consolidación de apoyos de base, con el traslado de ingentes recursos a juntas de acción comunal y movimientos indígenas y “populares” y el fortalecimiento de grupos que puedan ser rápidamente convertidos en milicias petristas. De ahí la legalización de las “guardias campesinas”, el programa de pago a jóvenes para que “no maten” y el fortalecimiento de las guardias indígenas que, no debe olvidarse, fueron las primeras que se usaron para presionar otros poderes públicos, en febrero del 2023, entonces en una amenaza de toma del Congreso de la República.
El tercero es el desarrollo de un plan internacional frente a la posibilidad de que el Congreso decida suspenderlo del cargo. Eso explica, por ejemplo, su defensa a ultranza de Pedro Castillo y el bochornoso y falaz comunicado del Secretario General de la OEA. Finalmente, la estrategia exige la construcción de una narrativa de dos caras, una en la cual se deslegitima a las instituciones que son freno y contrapeso de los excesos y faltas del ejecutivo, incluso acusándolas sin pruebas de intentar un “golpe blando” y de mafiosas y corruptas, y otra en la que se vende la idea de que cualquier decisión de esas instituciones de suspender o retirar del cargo a Petro significaría una ruptura democrática, un golpe de estado, una violación a la voluntad popular. Poco importa que el triunfo en las elecciones haya sido tramposo, que la diferencia entre los candidatos fue de apenas del 3%, que en este año y medio de desgobierno el apoyo de entonces se desvaneció, y que, sobre todo, más allá del resultado de las elecciones, las instituciones tienen no solo el derecho sino la obligación de hacer lo que les ordenan la Constitución y la ley, incluso la suspensión de Petro en su cargo si se prueba que violó los topes electorales. La defensa de la democracia es el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.
Rafael Nieto Loaiza