¡Bueno es culantro, pero no tanto!
Preocupa sobremanera el curso de los acontecimientos en La Guajira, pues al lastre que le ha significado la crisis de gobernabilidad se ha venido a sumar la creciente conflictividad social, con serios trastornos y traumatismos, que afectan su desarrollo económico y social, agravando sus dolamas y lacras inveteradas, amenazando con convertirla en un Departamento fallido.
Desde luego, los conflictos no se pueden ignorar ni solapar, no se deben invisibilizar, los conflictos se deben prever, se deben prevenir, cuando están larvados aún; pero, cuando sobrevienen, hay que afrontarlos, tramitarlos, gestionarlos y encontrarles una solución negociada a través del diálogo y la concertación, único camino para superar los desencuentros. Bien dijo el profesor Estanislao Zuleta que “una sociedad mejor no es aquella que no tenga conflictos, sino aquella que tenga mejores conflictos”.
La segunda premisa: no hay conflicto que, por complicado que sea, no tenga solución, conflicto al que no se le encuentra salida es conflicto mal gestionado y conflicto que tiene solución o se desactiva por la vía del diálogo, contribuye a construir confianza entre las partes, para que su relación no llegue a ser antagónica. Los conflictos no se resuelven solos, dándoles largas o peor aún mediante la dilación deliberada de parte de quienes tienen el poder de decisión. Los conflictos se exacerban, se acumulan y se escalan hasta tornarse insolubles cuando no se encaran diligentemente.
Hago estas consideraciones a propósito de los recurrentes bloqueos de los que viene siendo objeto el territorio de La Guajira, pues esta se ha convertido en una práctica que le está acarreando funestas consecuencias a nuestro Departamento, tanto más en cuanto que se ha venido abusando de las vías de hecho para reivindicar justas reclamaciones ante las autoridades sin reparar en el daño que le están infligiendo a quienes no participan de la protesta, conculcando su derecho a la libre movilidad, con todas las consecuencias que ello les acarrea.
Se bloquean las vías, se obstaculiza el transporte, se paralizan las actividades de las grandes, medianas y pequeñas empresas que operan en nuestro territorio por igual, frenando el desarrollo económico y social del Departamento y atentando contra el empleo formal e informal, así como contra el ingreso que honestamente deriva la población de sus actividades agrícolas, pecuarias, pesca, comercial y turística. Desde el año 2022 se ha venido escalando y exacerbando la conflictividad social en La Guajira, la cual casi siempre deriva en bloqueos. Según las estadísticas de la Federación Colombiana de transportadores de carga por carretera (COLFECAR), entre enero y septiembre del 2023 de los 579 bloqueos que se registraron en vías nacionales, La Guajira reporta la cifra más alta con 81 de ellos.
Con estas prácticas se está agilando de la península a las empresas que quieren apostarle al desarrollo de las más disímiles actividades en nuestro Departamento con sus inversiones y con estas crear empleo y promover su desarrollo. Como es bien sabido, La Guajira tiene el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) del país, especialmente eólica y solar, más sin embargo se nos viene cerrando esa ventana de oportunidad por cuenta de la desavenencia entre las comunidades asentadas en los territorios en los cuales se desarrollan los proyectos y las empresas que los ejecutan debido a una conflictividad mal gestionada.
Como se recordará, la empresa ENEL se vio precisada a suspender indefinidamente la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, con una capacidad de 500 MW, porque durante los años 2022 y 2023, sus jornadas laborales se vieron interferidas durante el 50% y el 60%, respectivamente, a consecuencia de los bloqueos de los cuales fue objeto. Y más recientemente, la compañía portuguesa EDPR, responsable de los proyectos Alpha y Beta, con capacidad de 504 MW, está que tira la toalla por los mismos motivos. Es muy diciente que al tiempo que prácticamente ninguno de los proyectos adjudicados en la subasta en 2019 y 2021, del orden de los 2.400 MW, a desarrollarse en La Guajira, ha entrado en operación, mientras tanto los departamentos del Atlántico (Ponedera y Sabanalarga) y Cesar (La Loma), entre otros, le están sacando ventaja a La guajira y próximamente pondrán en operación sendos proyectos de 500 MW y 187 MW, respectivamente.
El Caso del Cerrejón es patético. Durante el año 2023 vio interrumpida su operación por cuenta de 230 bloqueos, casi a diario. Casi siempre por causas ajenas a la empresa. Con ello se pone en riesgo la estabilidad, el empleo y el ingreso de 13.000 trabajadores, amén de los ingresos que deja de recibir la Nación por concepto de impuesto a la renta, el Departamento y sus 15 municipios por concepto de regalías, amén de las divisas que le aporta al país, habida cuenta que el carbón es el segundo renglón en importancia de sus exportaciones. Cabe destacar que cada vez que bloquean el tránsito del tren que lleva el carbón desde la Mina hasta el puerto, por allí derecho se está privando del preciado líquido para saciar su sed a 163 comunidades que se benefician con la iniciativa del Tren del agua que opera dicha empresa.
Como lo afirma el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, “es claro – así lo estipula el artículo 95 de la Carta política – que no hay derechos absolutos y que todo derecho y toda libertad implica – por contrapartida – deberes, responsabilidades y cargas, razón por la cual no es admisible que, so pretexto del ejercicio de un derecho o de una libertad, su titular se considere autorizado para atropellar, burlar o violar los derechos y las libertades de los demás”. Huelga decir que en Colombia no existe ninguna Ley que exima de su cumplimiento al antojo de cualquier ciudadano y mucho menos que ampare a sus transgresores.
Exhorto a las autoridades, a la dirigencia de nuestro Departamento, a que hagamos un alto en el camino y por la vía de la concertación se pueda llegar a un Pacto que permita levantar el bloqueo de La Guajira. Cada cual debe poner de su parte: las autoridades, siendo más diligentes y receptivas ante las justas demandas de quienes protestan, para que no tengan que apelar a los bloqueos. A quienes participan de estos no dejarse manipular por parte de quienes pretenden instrumentalizarlos a ellos y a las protestas, desnaturalizándolas, por parte de impostores que suplantan a los verdaderos líderes, arrogándose la representación de las comunidades y sólo buscan el lucro personal de ellos y de sus onerosos “asesores”, que no puede estar por encima del interés general. De lo contrario el Departamento se tornará inviable, al ahuyentar a los turistas, a la inversión y a los inversionistas. Me pregunto: cuántos bloqueos más hacen falta para que reaccionemos y exclamemos en coro: ¡La Guajira no para!
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE
La guajira para na dien es un secreto que todas estas problemáticas tienen un origen por los sistemas del poder del estado yamese derecha y izquierda queson los mismos perros con diferentes collar de ahí que hoy los grandes representantes líderes y profesionales preparados en el conocimiento hijos dela guajira que ni siquiera viven aki que han ocupado cargos inportantes y los están ocupando ahora son los primeros que salen a jugar el papel de magojico para hacerles creer al pueblo que lo está sucediendo el problema es el pueblo estos dirigentes guajiro tienen que mirarse frente al espejo que hecho o debo hacer para el bien de mi pueblo o mi de partamento pero como todos estos politiqueros corruptos cada día ellos son masricos y el pueblo reinando en pobresa todavia están atiempo antes que la justicia divina los llame saldar la deuda con nuestro de partamento no hay mal que dure cien años selas dejó ahí reflexionen