El sector minero – energético y gasifico de Colombia ha sido uno de los primeros sectores blanco de la improvisación, los escándalos, la corrupción, el decrecimiento y la irresponsable planificación a mediano plazo de este gobierno, orientado decididamente a causarle un perjuicio y una inviabilidad, casi insalvables.
Comencemos recordando aquellas recomendaciones de la exministra Irene Vélez, sugiriendo a un auditorio de expertos en un congreso nacional de minería, que había de iniciarse a nivel global el decrecimiento del sector energético, exigiendo a las grandes potencias esa política en sus modelos económicos. Por supuesto, aquello presagiaba los desaciertos y los escándalos por venir.
En el foro económico mundial, en Davos, Suiza, la ministra expuso de manera torpemente expresa, la estrategia de gobierno: Colombia no firmaría nuevos contratos de exploración de hidrocarburos ni tampoco continuaría con la minería de carbón a cielo abierto. A ello le siguieron los escándalos por dudosas metodologías empleadas en los informes sobre transición energética, que la enfrentó con otros ministros de entonces, y el oscuro asunto de los contratos de su esposo extranjero con el Fondo Colombia en Paz, las irregularidades con Migración Colombia que la involucraba en presiones burocráticas para obtener la salida ilegal de sus hijos del país, y otras perlas. Todo ello comenzaba a resquebrajar los procesos y la confianza del sector.
A la ministra Irene la sucede Omar Andrés Camacho Morales, perteneciente al Partido FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC, quien aguantó el remezón ministerial, debido quizás al tema del cambio de la fórmula tarifaria en los precios de la energía en El Caribe, y algunos acercamientos exitosos con bancadas de otros partidos, que habrían facilitado el impulso de proyectos en La Guajira y Cesar, encaminados a la transición energética.
Sin embargo, para los expertos la medida de bajar las tarifas de energía sigue siendo pírrica y floja, comparado con el aumento de un 31% anual de los costos de la energía; habría entonces, que esperar ese «segundo tiempo» del que habla el ministro y el presidente, para ver cristalizado el tema de los precios de la energía en El Caribe y la transición idealista de corto plazo en las minas de carbón de La Guajira y Cesar a territorios de economías limpias; independiente a esto, hay que estar muy atentos que el proyecto con el que el gobierno pretende regular los precios de la energía, pase a manos de la Presidencia, pues ello sería lapidar para siempre la confianza inversionista.
En los últimos días, La Contraloría General de la Nación, ha advertido que el Ministerio de Minas y Energía no ha girado los recursos que están asignados por el Ministerio de Hacienda para pagarles a las empresas prestadoras del servicio el subsidio para distintas zonas del país, entre ellas, todos los departamentos de la Costa Caribe, lo que podría ocasionar un racionamiento de energía para 10 millones de colombianos. Definitivamente, la gestión eficiente y la alineación entre ministerios, superintendencias, gremios y contratistas es una asignatura perdida, habilitada y de nuevo perdida en esta administración.
En la presidencia de Ecopetrol, primera empresa estatal de Colombia y fuente de financiamiento del Estado, se designó al gerente de campaña petrista Ricardo Roa, hoy en dificultades para defender con argumentos financieros y fiscales razonables, la violación de topes de campaña ante el CNE. Ricardo Roa es el centro de escándalos que han puesto en riesgo real a la empresa de todos los colombianos: se destacan los contratos a su compañero sentimental, compra de apartamento a persona con intereses en hidrocarburos, contrato de prestación de servicios con otra entidad pública, etc.
Pero independiente a lo anterior, los números de Ecopetrol, son delicados: la petrolera estatal cerró el pasado semestre con una reducción en ganancias y la caída de la inversión extranjera directa en un 28.4%. Hay una fuerte disminución de perforación de taladros de exploración de un 24%, contracción de esta actividad debido a la baja inversión por incertidumbre que, adicionalmente, arrojó la pérdida de 16 mil empleos directos e indirectos.
Producto de la reducción en la exploración, las regalías también han decrecido en un 12.7%.
A finales de agosto pasado, Terpel, de forma clara, precisa y transparente, comunicó a la opinión pública que en los últimos tres meses había recibido un 26.3% menos de la cantidad de combustible JET A1 solicitado oportunamente a Ecopetrol, debiendo echar mano de inventarios de seguridad para satisfacer la demanda de sus clientes, sumado a las fallas presentadas en Reficar el 16 de agosto, que evidencia el déficit estructural que presenta el suministro requerido de combustible para aviación en Colombia y que requiere una planificación e inversión en capacidad de refinación que este gobierno de poco criterio técnico y de liderazgos ideológico – activistas, no atenderá.
Seguidamente, en los idus de agosto, nos llega otra noticia nefasta sobre un atentado atribuido al ELN contra la infraestructura petrolera del Grupo Ecopetrol en el departamento de Arauca, que podría presentar restricciones en el abastecimiento de gas en la zona nororiental del país. Nadie entiende que estas acciones de delitos de lesa humanidad sigan siendo paisaje en Colombia, mientras el gobierno aspira a lograr «acuerdos de Paz Total» con estos mismos terroristas.
Finalmente, para repensar la mala hora en que está atrapado el sector, Ecopetrol y su socia OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (OXY), habían convenido que la estatal colombiana adquiriría el 30% del CrownRock, una operación por el método de Fracking en una de las cuencas de petróleo más importantes del mundo. Este acuerdo se valoraba en unos 3.600 millones de dólares, quizás la transacción más grande en la historia de Ecopetrol; sin embargo, el presidente el último día de plazo para confirmar el acuerdo con la OXY, en una reunión informal, decide no participar en el negocio, más por razones ideológicas de campaña, que por razones de seguridad financiera y protección a la empresa y sus accionistas.
Otra decisión anti técnica y calenturienta que hace renunciar a importantes miembros de junta directiva y confirma la mala hora del sector mirando al futuro.
Luis Eduardo Brochet Pineda