La adopción, revisión y actualización del plan de ordenamiento territorial de Bogotá (POT) mediante decreto se ha convertido en una práctica frecuente desde la entrada en vigor de la Ley 388 de 1997. De esta forma procedieron las administraciones de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, Gustavo Petro y, recientemente, Claudia López.
El mecanismo de ajuste del POT a través de acto administrativo está autorizado por el sistema jurídico. En efecto, el artículo 12 de la Ley 810 de 2003 establece que «(s)i el concejo no aprueba en noventa días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde», contenido normativo que fue avalado por la sentencia C-051 de 2001 de la Corte Constitucional.
Más allá de la autorización legal, adoptar los POT por decreto es una forma antidemocrática de gobernar Bogotá. Difícilmente los decretos pueden recoger las preocupaciones de todos los actores que participan en el desarrollo de la ciudad, pues las etapas de consulta ciudadana son poco eficaces y limitadas.
La última revisión del POT se aprobó mediante el Decreto Distrital 555 de 2021. Precisamente por haberse expedido mediante acto administrativo antes de la habilitación del artículo 12 de la Ley 810 de 2003, la jurisdicción lo suspendió de junio a agosto de 2022. Sin embargo, desde su expedición hasta su suspensión, los proyectos de urbanización y construcción disminuyeron sustancialmente en Bogotá.
Entre los expertos se dice que la desaceleración se produjo por dos razones. En primer lugar, se desincentivó el desarrollo de la ciudad por la difícil interpretación del nuevo decreto, que desconoció la técnica tradicional de redacción de esta clase de cuerpos normativos. En segundo lugar, la desaceleración se produjo porque el Decreto Distrital 555 de 2021 entró a regir de un día para otro, lo que inviabilizó una buena parte de los proyectos que no estaban cobijados por el régimen de transición.
Se dictaron seiscientos ocho artículos, se aprobaron siete anexos y se adoptaron decenas de planos que cambian la concepción de la ciudad, sin contar todo lo que falta por reglamentar. Algunos contratistas del Distrito vieron la oportunidad para aprovecharse del desorden y promocionarse como interpretes originales del texto. ¡Qué desfachatez! Los narcisistas redactores, convertidos de la noche a la mañana en expertos, se aprovechan de su propia culpa.
La prueba de la afectación que sufrieron los capitalinos es que, mientras que el nuevo POT estuvo suspendido por orden de un juez administrativo, inició una maratón de radicaciones de proyectos diseñados conforme a la normativa anterior. Los arquitectos, ingenieros y constructores salvaron de esta forma su trabajo e inversión de meses y años. Nuestra cultura política debe cambiar: los agentes del Estado no deben seguir desconociendo el interés general, la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos solamente por aparecer, en primera plana, como los autores de una norma.
Luego del levantamiento de la suspensión del nuevo POT, el pronóstico sigue igual. Las impagables cargas urbanísticas, así como las incontables contradicciones y ambigüedades del Decreto Distrital 555 de 2021, han reducido sustancialmente la actividad económica de la construcción en la capital. De no cambiarse el rumbo, los afectados por el desorden institucional serán las personas que viven el déficit habitacional de la ciudad, particularmente los jóvenes sin propiedad que deben pagar costosos cánones de arrendamiento.
Juan Manuel Galán