Es una realidad. La tan anhelada política pública de Gustavo Petro, «La Paz Total» fue aprobada por el Congreso de la República por medio de la modificación de la Ley 418, más conocida como «La Ley de orden público», mediante la cual, el Gobierno Nacional abre la puerta para negociar con grupos armados al margen de la ley, teniendo sus primeros diálogos o, una segunda oportunidad de negociación con quienes ya tuvieron acuerdos, fueron fallidos o nunca se lograron concretar. El dolor ha asechado a Colombia por el conflicto armado interno. Es por esto por lo que, ¿vale la pena dar una segunda oportunidad a quienes le fallaron a sus propias víctimas?
El pasado jueves 3 de noviembre, con 63 votos a favor y 4 en contra en el Senado, 128 positivos y 7 negativos en la Cámara de Representantes, una conciliación efectiva, la principal bandera y política pública del Gobierno Nacional, «La Paz Total», fue aprobada. Un hecho histórico para muchos. Para otros, una simple repetición de Los Acuerdos de Paz de la Habana realizados entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP. ¿Un Déjà vu? ¿un recuerdo de un sueño? o, ¿un retorno al pasado?
Empecemos por el principio. ¿Existe la democracia en Colombia? ¿el Gobierno Nacional de turno toma en cuenta el deseo de los colombianos o, impone su voluntad? Recordemos que en el 2016 se llevó a cabo el tan famoso plebiscito, mecanismo según el cual se realizó una consulta a los colombianos para que expresaran su opinión frente a si aprobaban o no los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP. El resultado fue devastador para muchos y un respiro para otros, pues ganó el «No». Pese a que la mayoría de colombianos manifestaron su desacuerdo con dichas negociaciones, se pasó por encima de un mecanismo democrático y se impuso la voluntad del Gobierno Nacional. Entonces, ¿se disfrazó la imposición – coacción– con el plebiscito, haciendo creer que la voluntad de los ciudadanos importaba? Así es, en ningún momento importó realmente la decisión de quienes salieron a expresar su opinión en las urnas. El Gobierno Nacional se burló de los colombianos e impuso su santa voluntad con cuanta justificación encontraba.
Ahora bien, el actual ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que, “los acuerdos de paz deben tener un carácter vinculante para que no sean interrumpidos durante su implementación, como ocurrió con el acuerdo de paz de la Habana durante el gobierno de Iván Duque”. Es decir, nuevamente una imposición, sólo que ahora con un tinte más democrático al venir abalada por la aprobación del Congreso de la República, dado que, finalmente, ellos son la voz del pueblo.
Pues bien, ya sabemos cómo terminaron Los Acuerdos de Paz del 2016; algunos los cumplieron, otros se burlaron de ellos y se fueron a otras disidencias, entre ellas «La Segunda Marquetalia» y otros cuantos, continúan en un juicio confuso ante la JEP. Si bien la paz siempre debería ser el fin y el medio también para lograr la construcción de un país democrático, hay dudas y miedo frente a «La Paz Total», pues ya se perdió credibilidad en las negociaciones con quienes priorizan la violencia, protagonismo y deslealtad, frente al diálogo y la verdad.
Ojalá quienes manifestaron su voluntad – desde un principio– de acogerse a Los Acuerdos de Paz de la Habana sean reconocidos, tengan mayores beneficios y no se desincentiven, pues, a los miembros de grupos armados al margen de la ley, se les termina abriendo la puerta para negociar cuando deseen, como si quien tuviera la posición dominante fueran ellos y no el Gobierno Nacional – independiente del gobierno de turno – como representante de las víctimas del conflicto armado interno.
Es decir, se buscará volver a dialogar con “desertores de la paz de la Habana” como, por ejemplo, con Iván Márquez. ¿Se burlan de los colombianos y se les seguirán dando oportunidades? ¿cómo tener la certeza que no volverán a desertar de los acuerdos? Quiénes deben tener prioridad son las víctimas y no el ego de un mandatario, el protagonismo de un gobierno de turno, ni mucho menos, los victimarios de los grupos armados al margen de la ley.
Genera dolor volver a creer en quienes tanto daño le han hecho a Colombia, pero también es cierto que nuestro país merece no sólo una ni dos oportunidades, sino cuántas sean necesarias para vivir en un territorio lleno de paz, sanar el dolor de las víctimas, reivindicarnos como sociedad o al menos, levantarnos sin el temor latente de saber si llegaremos vivos a la noche.
Adenda. Sentir indignación por un abuso sexual de una menor de edad en un Transmilenio, jamás legitimará ni abalará destruir el propio sistema de transporte como símbolo de rechazo. Responderle a la violencia sexual con más violencia, sólo nos encierra en un círculo de agresión y pobreza, y no precisamente económica.
PAULA CALDERON BUITRAGO