Enorme debate ha suscitado la iniciativa de reforma de la Policía Nacional por parte del Gobierno en cabeza del Presidente Duque y su Ministro de Defensa y de otras iniciativas parlamentarias, improvisada a mi manera de ver, con el propósito más de calmar los ánimos de los marchantes y críticos, que hacer una transformación profunda de esta institución, sin duda necesaria en un estado democrático cuyo papel central de esta autoridad es el de “proteger, garantizar en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades de las personas”.
Su carácter civil a la luz de la Constitución de 1991 no tiene discusión, aunque la realidad de los hechos la haya desviado de su verdadera naturaleza y carácter, que se explica, entre otras razones, por nuestro largo conflicto interno con sus diferentes matices, amainados hoy por un proceso de paz perfectible, pero necesario, y que nos debería unir a todos los colombianos.
Lo más difícil de un proceso de paz no es firmarlo y tomarse la foto, lo más complejo es consolidarlo y esto no se hace sino a través de profundas y generosas reformas sociales y políticas, que han venido siendo aplazadas a través de la historia, con la complicidad de todos los actores incluidos los excluidos, quienes son responsables por acción o por omisión; por acción por feriar sus derechos democráticos al mejor postor y por omisión por haber sido indiferentes al no ser parte de la solución de sus propias carencias: no vota, no participa y todo lo critica.
Que decir de nuestro empresariado que no ha entendido o, quizás no quiere entender la máxima del capitalismo democrático, que el capital debe jugar una función social y dejarse de jactar que son generadores de empleo, ¿bajo cuales circunstancias?, y aportar con justicia y generosidad a la solución de los grandes problemas de pobreza que tiene el país, agudizados por la pandemia, que son la verdadera razón de las marchas justas y pacíficas de unos compatriotas que reclaman soluciones prontas y duraderas a sus carencias. Marchas infortunadamente infiltradas seguramente por actores desestablizadores de extrema izquierda y derecha, cuyo negocio es el caos, la destrucción y la desgracia.
Censurable sin duda también las conductas de algunos miembros de la Policía Nacional que, con sus actos criminales, desdibujan a una institución que ha puesto durante décadas de conflicto interno y protección de los ciudadanos, cientos de muertos.
Buena parte de esta crisis hay que convertirla en una gran oportunidad para fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional, crisis visibilizada por los muertos y heridos de las marchas pasadas. Esta crisis obedece en buena medida a su desviado enfoque, más militar-guerrero que civil-comunitario.
Parto de la buena intención del presidente con su iniciativa de reforma como la profesionalización, la participación ciudadana, el énfasis en derechos humanos, los procesos de vigilancia y control al uso legal y legítimo de la fuerza. Sin embargo, no comparto que siga dependiendo del Ministerio de Defensa y menos que dependa de un viceministerio como va ha suceder en la práctica con el de Seguridad Ciudadana propuesto por el Gobierno. Es mantener una institución constitucionalmente de perfil civilista en un Ministerio contrario por su naturaleza a esas características.
La cabeza es la cabeza por más viceministerio, Un viceministerio, sin dudar de su importancia, carece de dientes por razones legales y de subordinación entre otras. Por su parte, adscribirla al Ministerio del Interior o darle rango de ministerio como proponen otros, tampoco es la solución. La medicina puede ser peor que la enfermedad como decían nuestros abuelos quienes vivieron en carne propia la experiencia de una policía politizada y direccionada por la manzanilla de turno en el poder.
Mi propuesta es crear Un Departamento Administrativo que se puede llamar “Para la Convivencia y la Seguridad ciudadana”. ¿Por qué Departamento Administrativo? Los Departamentos Administrativos irrumpen en la organización de la Rama Ejecutiva del Poder Público con la reforma constitucional de 1945, su creación se fundamenta en la necesidad de crear una especie de ministerio con perfil técnico, con la importancia y competencias similares en su jerarquía, pero sin el carácter político propio de estos, por ejemplo, no será objeto de moción de censura su Director General, como si lo es un Ministro, la moción de censura es una institución de carácter eminentemente política, propia del control político que el congreso ejerce constitucionalmente sobre el gobierno y la administración, e implica la cesación de funciones del ministro cuestionado y muchas veces termina en negociaciones y acuerdos políticos.
El hecho de no tener iniciativa en la presentación de proyectos de ley, con el desgaste político que ello implica como en el caso de los ministros, puede constituirse en una garantía de mayor independencia, de todo tipo de interferencia política para que se blinde la transparencia de la institucionalidad de la Policía Nacional. Esto se puede lograr, teniendo como cabeza de ella, un departamento administrativo técnico y moderno. Si bien no es la panacea, si a mi juicio ayuda con la voluntad política de todos los sectores a fortalecerla y transformarla en una institución respetuosa de los derechos humanos y guardián de los derechos constitucionales de los colombianos.
Se debe evitar politizar la Policía Nacional a toda costa y encausarla al cumplimiento de su verdadera misión. Para estos propósitos puede ayudar mucho que su naturaleza sea la de un departamento administrativo como el que se propone, con entidades adscritas y vinculadas como la Policía Nacional, el Fondo Rotatorio, entre otras. Su creación y desarrollo están regulados en los artículos 42, 47, 50 y 65 de la Ley 489 de 1998. Temas como profesionalización, derechos Humanos, participación ciudadana, seguridad y convivencia ciudadana, administración del sistema de carrera, cooperación internacional, sistema salarial, estímulos y régimen disciplinario, son entre otros temas los que deberá liderar este departamento, además de ser la cabeza del sector de la Policía Nacional. A ultima hora se me ocurre que el sistema penitenciario con sus entidades pudiera hacer parte también de este departamento, lo que no implica necesariamente que la función de seguridad de las cárceles la asuma la Policía Nacional.
Pablo Ariel Olarte Casallas