Es evidente que la propuesta gubernamental para el reconocimiento del cambio de género en los documentos oficiales ha originado una crucial polémica en el país, especialmente en la agenda de los derechos humanos.
Eso es lo que está ocurriendo luego de conocerse que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, está socializando un borrador del proyecto de decreto con el que pretende darle piso jurídico al cambio de género en los documentos de identidad por parte de los colombianos, con un agravante reprochable: permite que los menores de edad puedan hacerlo, con o sin el acompañamiento de sus padres, o de un familiar que los represente legalmente. En ese proyecto se establece que la Defensoría de Familia deberá intervenir para formalizar el cambio en los casos en que los menores no cuenten con el apoyo o acompañamiento antes mencionado.
Si ese decreto se llegare a aprobar con el mismo texto del borrador actual, los niños (masculinos y femeninos) menores de edad podrán solicitar el cambio de género, con ajuste del registro civil de nacimiento mediante escritura pública, ante un notario, con las opciones de identidades diversas como “no binario”, “trans” o “travesti”.
Según lo manifestado por la ministra se busca reglamentar decisiones previas de la Corte Constitucional que ya contemplan esa posibilidad y ahora solo se busca garantizar los derechos de la población LGBTIQ+ y la autodeterminación para identificarse con el género, cumpliendo, según ella, con el marco convencional que obliga a reconocer su propia identidad.
Esta iniciativa del Gobierno Nacional, fiel a su orientación ideológica -que lo lleva a afirmar que “ser niño o niña, como concepto, es una construcción social”- amerita el rechazo masivo de la mayoría de los colombianos, por la sensibilidad y la resistencia que genera, quienes consideramos que se estarían vulnerando los Valores que se deben fomentar en las familias para el normal crecimiento y desarrollo de sus hijos menores de edad.
Es muy claro y entendible que los jóvenes con mayoría de edad pueden manejar esa trascendental decisión haciendo uso de sus derechos legales y de su libre albedrío. Existen múltiples opiniones al respecto y ha surgido la pregunta: ¿Podría un niño o niña menor de edad tomar esa decisión tan importante para su vida, sin tener la preparación ni el discernimiento para dimensionar su real alcance?
Es más preocupante aun cuando se ha planteado por la ministra de justicia que una vez realizado el cambio de genero no existirá la posibilidad de revertirlo. Los efectos serán devastadores para el menor de edad que se arrepienta de su decisión, tal como lo muestra un video que se ha hecho viral en las redes sociales.
Muchos padres de familia están muy preocupados y se preguntan por qué si existen restricciones, de obligatorio cumplimiento para los menores de edad, en temas menos relevantes, como salir del país, para lo que si se exige la autorización de sus padres, no se exija igual restricción para el cambio de género. Ese es un hecho tan transcendental en la vida de un ser humano y no debería permitirse ni con la autorización de los padres en los casos de menores de edad. Sin dudas la confusión reinante al respecto es enorme.
Los colombianos tenemos el gran desafío de proteger el desarrollo psicosocial de nuestros menores de edad y de las familias si queremos tener una sociedad más responsable socialmente.
Álvaro López Peralta