El anterior gobierno de Iván Duque estableció un derrotero de la Transición energética mediante el documento CONPES 4075 de 2022, el cual tuvo como insumo las recomendaciones de la Misión de Transformación energética que se conformó en 2019, cuyo Informe se conoció un año después. Indudablemente el banderazo en la grilla de partida de la Transición energética se la dio la expedición de la Ley 1715 de 2014, al dar paso a las primeras subastas de FNCER. Posteriormente la Ley 2099 de 2021 amplió su alcance y el espectro de sus beneficios, desplegando el abanico de las renovables, extendiéndoselos a la eficiencia energética, a la captura de CO2, así como al almacenamiento de energía a gran escala.
La administración Petro ha querido ponerle su propia impronta a la Transición energética, priorizando su “enfoque social”, habiendo sido este uno de los principales ejes de su programa de gobierno y busca también darle mayor celeridad a la misma. Desde Egipto, en donde se adelanta la 27ª Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez presentó el cronograma que le permitirá al actual gobierno darle al país, a través de un “diálogo social” que tomará seis meses, la nueva “Hoja de ruta de la Transición energética justa en Colombia”.
Colombia, como el resto del mundo tiene una matriz energética en la que predominan, con el 66% las fuentes de energía de origen fósil (carbón, petróleo y gas natural). Se impone, entonces la necesidad de reducir su consumo y el camino es la electrificación de la economía, pero como ello no se va a lograr de la noche a la mañana hay que mejorar la calidad de los combustibles que consume el parque automotor, como lo viene haciendo Colombia con la mezcla de los biocombustibles y con el uso del gas vehicular, que es menos contaminante que la gasolina – motor.
Ello es muy importante, habida cuenta que el parque automotor es responsable del 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, amén de las de material particulado que contaminan el medioambiente. Huelga decir que el porcentaje de las mezclas de los biocombustibles, así como la sustitución de la gasolina – motor por gas natural contribuyen a la seguridad energética del país, toda vez que reducen los volúmenes de importación de combustibles. Y de contera, es importante resaltar que en la medida que los cultivos de caña y palma, para producir la materia prima de los mismos, amplían la frontera agrícola, impulsando el sector agrícola, en el cual participa con el 5.8% y contribuyendo de esta manera a la diversificación de la economía, sin la cual la Transición energética será inviable e insostenible en nuestro país.
Respecto a los hidrocarburos advierte el reputado ambientalista, consultor del PNUD y profesor Juan Pablo Ruiz que “si limitamos la oferta nacional de hidrocarburos porque no seguimos buscando petróleo y gas, sin reducir antes su demanda, en un futuro cercano (ocho a doce años) tendremos que importar hidrocarburos”. Además, la demanda por petróleo en el mundo, según la Agencia internacional de energía (AIE) sólo se aplanará a partir del 2030 y bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de manera que si Colombia lo dejara de producir y exportar serán otros países, sus competidores, los que satisfarán esa demanda. Así de claro. Por ello podemos decir de los hidrocarburos que es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos y peor que depender de los hidrocarburos, como efecto dependemos, es depender de su importación.
En cuanto a la matriz eléctrica de Colombia es muy diferente en su composición con respecto al resto del mundo, ya que la generación térmica participa sólo con el 30%, lo cual contrasta con el 64.9% a nivel mundial. Ello explica que mientras a nivel global el sector energético contribuye con el 73.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, en Colombia sólo contribuye con el 31% y sólo 5 puntos porcentuales por cuenta de la generación de la generación y uso de la electricidad.
Desde luego, un componente fundamental de la hoja de ruta de la Transición en Colombia es la integración de las fuentes no convencionales de energías no renovables (FNCER) a la matriz, porque, además de contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, la robustece y diversifica aún más, pero sobre todo porque la torna más resiliente frente al Cambio climático, dada su vulnerabilidad por depender la capacidad instalada de generación en una gran proporción del recurso hídrico. La complementariedad y el respaldo recíproco entre las FNCER y las fuentes convencionales son claves para la seguridad energética del país. Esta es una de las lecciones aprendidas de la gran crisis energética que sacude a los países que integran la Unión Europea (UE): que la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética.
Por ello, vemos con preocupación que el atraso ostensible de la ejecución del proyecto de HIDROITUANGO y la entrada de los parques eólicos en La Guajira, que sumados representan el 27% de la demanda de energía, además de estresar el sistema y presionar al alza los precios y por ende las tarifas de energía, como los han venido presionando, están poniendo en riesgo la firmeza y confiabilidad de la prestación de este servicio, abocándonos, de presentarse el fenómeno de El Niño, que no se descarta, a un racionamiento de energía hacia los años 2024 – 2025.
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE