El proyecto de ley para la Reforma Laboral, que el pasado junio fue aprobado en su primer debate en el Congreso, con la eliminación de 20 artículos relacionados con el derecho colectivo, y que ahora continúa su trámite para segundo debate en la Cámara de Representantes, está originando muchas críticas por parte de los sectores empresariales más representativos, quienes están solicitando cambios en varios de sus artículos.
Esta reforma, por los costos adicionales que representa para los empleadores, no está considerando que la actual desaceleración de la Economía ha venido deteriorando los indicadores del mercado laboral del país: la tasa de desempleo nacional se ubicó en 9.9% en julio y la informalidad impactó al 56% de los trabajadores colombianos.
Por lo anterior, si el gobierno fuera coherente y actuara pensando en el bienestar de los colombianos más vulnerables -y menos en su estrategia ideologizada- este proyecto de reforma laboral debería estar enfocado a coadyuvar a la reactivación de la economía, para generar más oportunidades de empleo para la población que no las tiene, a mejorar las condiciones de los trabajadores y a reducir la informalidad, al tiempo que se protege a los empleadores y emprendedores -que lideran y posibilitan la creación de empleo. Eso solo se logra con crecimiento económico sostenido y se incrementa la productividad.
Esta puede ser una reforma que en vez de traer beneficios netos para la economía por el contrario podría traer más restricciones que oportunidades para muchos colombianos. Con esta reforma el Gobierno Nacional además de golpear al capital y a los empresarios -a los que tanto maltrata en sus discursos- también impedirá el acceso a una mejor calidad de vida de muchos colombianos, al limitárseles las posibilidades de empleo estable y bien remunerado.
En general representa mayores costos para las empresas, lo que reduce su competitividad. Un importante sector gremial ha planteado, en forma realista, que si se encarecen los costos laborales se necesitarían reajustes adicionales a los precios de los productos y servicios que comercializan, lo que implicaría otra presión para una mayor inflación.
Uno de los tantos puntos en controversia de este proyecto de ley es el que establece que el contrato a término fijo sea una excepción, contrario a la necesidad que varios sectores productivos tienen por los picos de trabajo que requieren más flexibilidad, según la estacionalidad o los ciclos de sus procesos productivos. Inexplicablemente esta reforma contempla que el contrato a término fijo sea a 4 años y si se extiende se convertiría en indefinido.
Los mayores costos de indemnización por despido injustificado, por recargos por trabajo nocturno, dominicales y festivos, por volver a término fijo el contrato de aprendizaje (duplicando los costos) y el incremento de la licencia de paternidad de dos a seis semanas (con el consecuente ausentismo que se debe cubrir), limitan seriamente la capacidad financiera de los empleadores, que es especialmente perjudicial para los emprendimientos, pequeñas y mediadas empresas, cuya sostenibilidad quedaría amenazada.
Ojalá que durante este segundo debate se escuchen los mensajes y preocupaciones de los empresarios, haya concertación y los congresistas se acuerden del elemental principio que nos indica que si no se crea riqueza no habrá nada que redistribuir.
Álvaro López Peralta