Es evidente que el Gobierno Nacional diseñó estratégicamente la reforma al sistema de pensiones para continuar su populismo desenfrenado e irresponsable, y presionar su aprobación en el Congreso, al incluir lo que ha llamado “bono pensional”, que no es una pensión, sino un subsidio o ayuda económica que se le entregará a los ancianas y ancianos pobres del país. Algo que hubiera podido hacerse sin necesidad de reformar apresuradamente el sistema pensional.
La forma como se aprobó la reforma al sistema de pensiones en la plenaria de la Cámara de Representantes ha sido calificada por varios analistas y expertos como violatoria de normas constitucionales del país, lo que podría llevar a la Corte Constitucional a declararla inexequible, a pesar de que desde el Ministerio de Trabajo y los congresistas afines al Gobierno han dicho que no tienen temor por el futuro de esta reforma, pues según ellos, el trámite se hizo en forma correcta.
Aunque aún falta la revisión de la Corte Constitucional de esta reforma, no solo a su contenido sino a su trámite, el Gobierno salió a celebrar como un triunfo su aprobación. Confirmando su intención populista, el presidente Petro ha anunciado que va a llenar la plaza de Bolívar con los viejos y viejas pobres del país para sancionar, en un acto mediático, esta nueva ley.
El presidente ha manifestado en varias oportunidades que su gobierno presentó la reforma para entregar un bono pensional digno a mas de dos millones de viejos y viejas sin pensión, creando unas expectativas en la población de la tercera edad de una falsa ilusión de que sus vidas van a cambiar.
Con respecto a su trámite, fue lamentable y vergonzoso el atajo que tomó la plenaria de la Cámara de Representantes, al aprobar, sin cumplir rigurosamente con las exigencias del proceso, el mismo texto que aprobó el Senado. Omitieron hacer el ultimo debate en plenaria, originando un evidente vacío de trámite, violando principios democráticos y los derechos de participación que tenían los congresistas de las bancadas de la oposición.
No fue posible debatir, ni argumentar las proposiciones que se construyeron en la Comisión VII, inclusive con la participación de algunos parlamentarios del Pacto Histórico, con las que se buscaba mejorar y corregir algunos aspectos del texto aprobado en el Senado. Ante la posibilidad del hundimiento de la reforma por falta de tiempo, se prefirió el atajo que facilitó la celeridad en la aprobación dada la ausencia de debate. En este proceso el gobierno actuó con mucha arbitrariedad en contubernio con unas mayorías complacientes de un Congreso seguramente bien recompensado.
Uno de los aspectos mas importantes que pudo haberse corregido o ajustado está relacionado con la incertidumbre creada sobre la sostenibilidad del sistema y la garantía de pensión para los jóvenes debido al sistema actual de reparto (las mesadas de los adultos pensionados son pagadas con las cotizaciones de los trabajadores más jóvenes). Dada la menor tasa de natalidad actual y la cada vez menor estabilidad laboral de los jóvenes habrá que cada vez haya menos cotizantes al sistema, lo que genera serias dudas sobre el flujo y la disponibilidad de recursos financieros requeridos para pagar las pensiones en las próximas décadas; es decir, la de los jóvenes actuales. Esta situación exigirá más requisitos para pensionarse a las próximas generaciones.
Ante las críticas que surgieron en todo el país, el presidente Petro se ha limitado a decir que “no entiendo la inquina contra millones de ancianas y ancianos pobres que por primera vez puedan recibir un bono pensional decente con el cual tomar un plato de sopa caliente y dormir en una cama cómoda”. El diseño estratégico de la propuesta de reforma, precisamente le sirvió para esas declaraciones, bastante populistas.
Ante esta esta situación, originada por el autoritarismo del Gobierno Nacional y su capacidad para influenciar el poder decisorio del Congreso, lo más probable es que la reforma se caiga en la Corte Constitucional. El ministro del Interior lo sabe y por eso mismo, ante las críticas recibidas, anunció que se presentaría un proyecto de ley para corregir las falencias del texto de la reforma aprobada.
Es fácil anticipar cual será el mensaje de odio que esparcirá el presidente Petro si la Corte Constitucional declara inexequible esta reforma.
Álvaro López Peralta