El pasado martes, con la absolución total del expresidente ALVARO URIBE VÉLEZ, por parte del Tribunal Superior de Bogotá, situación que habíamos advertido en la edición del domingo 17 de agosto de 2025 en esta columna, quedan muy claras un par de conclusiones de orden legal en este proceso:
La primera, que siempre este proceso tuvo un sesgado tinte político, siendo finalmente el instrumento vergonzante, la juez 44 penal, Sandra Heredia, una juez que no fue de carrera y cuya actuación se fundamentó en argumentaciones falaces, sin una seria valoración probatoria. La segunda, que el recurso extraordinario de casación a que tienen derecho de interponer los vencidos ante la Corte Suprema de Justicia, no debería ser admitido, en consonancia y por virtud de la contundencia jurídica en la que se basó la sentencia de segunda instancia, restauradora de la inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez.
Además, en el hipotético caso de ser admitido el recurso, le veo un 0.005% de probabilidad de que prospere.
A pesar de unas compulsas de copias que dictaminó el Tribunal Superior, vale la pena reflexionar si debería investigarse y encartar disciplinaria, civil y/o penalmente, algunas actuaciones de funcionarios públicos, de actuantes e intervinientes en este proceso, en el sentido de que no es dable ni de menor importancia que existan presuntas conductas delictivas, atentatorias de la recta y debida administración de justicia. De momento, no es una prioridad al interior del equipo de abogados defensores del expresidente Uribe, pero sí creería que debe abocarse el tema, con total celeridad y transparencia, por parte de la Corte Suprema, la Procuraduría y/o la Fiscalía General de la Nación.
La majestad de la justicia, el respeto a los poderes públicos; a los pesos y contrapesos, la probidad y la honestidad de jueces, fiscales y magistrados, bien valen todas las acciones de responsabilidad de funciones constitucionales.
Una vez conocida la decisión judicial, las voces de la miseria destructora y amenazante del Pacto Histórico, así como de todo el progresismo inútil de este país, se hizo presente, con la narrativa confusa y mendaz de siempre.
El primer objetivo fue, por supuesto, el sistema judicial: haciendo gala de su ancestral incoherencia, de su doble moral e irrespeto hacia las instituciones democráticas y la división de poderes, el Pacto Histórico, en cabeza del senador Iván Cepeda, un perseguidor y hostigador vitalicio del expresidente Uribe, cuya “campaña política en ciernes” la ha basado exclusivamente en esa persecución y en esas actuaciones dudosas o dolosas que lo tienen en la mira de las investigaciones criminales de los Estados Unidos y, posiblemente, en próximas denuncias penales internas, señala a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá como aliados del poder mafioso de la derecha colombiana; los cuestiona vehementemente – sin que se hubiera publicado ni conocido el fallo completo – por no hacer ninguna valoración probatoria juiciosa, como sí lo hizo, según él, la juez Heredia. Ahora, su discurso político vacío deriva en la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, paralela con la convocatoria del presidente Petro, en otro galimatías constitucional sin tiempos ni mayorías.
Lo anterior, mientras este domingo 26 de octubre cursa una lánguida consulta interpartidista que costará – léase botará – la suma de 200 mil millones de pesos a la basura del barril sin fondo de un erario que se convirtió en la caja menor del gobierno y del Pacto Histórico.
Otros personajes de esa izquierda radical como María José Pizarro, Gustavo Bolívar o Rodrigo Londoño, ex terrorista FARC, investigados por corrupción unos, amnistiados por delitos de lesa humanidad, otros, y con un absoluto desconocimiento de la dinámica procesal del sistema jurídico – penal colombiano, consideraron que el expresidente sigue siendo un condenado y que la absolución de la segunda instancia es inexistente e inocua.
El segundo objetivo fue la oposición política y el gobierno de los Estados Unidos, con la vocería del presidente Petro: al interior del Congreso de la República, los opositores y demócratas tuvieron que asumir una defensa cerrada del sistema judicial, contra la andanada de insultos y amenazas por parte de un petrismo desesperado e incapaz de reconocer la autonomía de los jueces y las garantías constitucionales, simplemente porque no lo conocen ni lo conciben al interior de su visión ideológica.
Insiste Petro en sonsacar medidas sancionatorias contra nuestro país, por parte del gobierno de los Estados Unidos, como efectivamente siguen ocurriendo, bajo la “estrategia” de insultar a Donald Trump y arreciar su defensa al narcodictador Maduro, presentándose como el próximo candidato a un INDICTMENT y a una recompensa por millones de dólares, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
No sabemos la información y el estado de las investigaciones que los organismos de los Estados Unidos tienen sobre las actuaciones del presidente Petro, y de su presunta relación o alianza con el régimen de Maduro y/o el Cartel de los Soles; pero, lo que sí es probable, es que las sanciones personales vayan más allá de quitar una visa o de la inclusión en la lista de la OFAC.
En ese orden de ideas, el nuevo impulso de la posición política de Alvaro Uribe Vélez, en libertad incuestionable y recorriendo todo el territorio nacional, tiene tres aristas, de momento:
La primera, la inclusión de su nombre en la casilla 25 del Senado de la República; la segunda, una vicepresidencia; y la tercera, su criterio universal para la escogencia del candidato del Centro Democrático el próximo 28 de noviembre.
Bajo esta nueva perspectiva, la unidad de la derecha democrática no admite yerros.
Luis Eduardo Brochet Pineda