Unas precisiones que son necesarias. Lo anterior es para decir que, a pesar de todos los derechos que reconoce el ordenamiento jurídico vigente en Colombia, y las reiteradas ocasiones en las que la Corte Constitucional se ha referido y precisado sobre el reconocimiento de los derechos de las personas, observo que se ha vuelto costumbre, y le llueven las críticas con la inclusión de adjetivos, cuando alguien se atreve a hacer respetar sus derechos: arrogante, pedante, guache, irrespetuoso, y muchos etcéteras.
Es decir, en el criterio del común de la gente, está prohibido expresar opiniones y reclamar lo que sea necesario de manera objetiva porque lo matriculan en la lista de enemigos del gobierno, o lo declaran persona no grata, o que lo hace porque está haciendo el camino para alguna aspiración política.
Y discúlpenme lo personal, pero tengo que referirme a lo que he tenido que vivir en ese sentido.
Al parecer, en el criterio del común de la gente, fue un gran error de mi parte haberme atrevido a revisar el proyecto de presupuesto del departamento de La Guajira para la vigencia fiscal 2021 que la gobernación había presentado ante la Honorable Asamblea departamental.
Y con base en la revisión que llevé a cabo concluí en que había varias deficiencias técnicas que contenía el proyecto de presupuesto, respecto de las cuales me dio la razón la Asamblea porque devolvió el proyecto para que fuera corregido. Además de poner en evidencia que los textos de dos proyectos habían sido plagiados de otros presentados por la Gobernación de Boyacá. Y así me lo reconoció la secretaria de hacienda departamental en su oportunidad.
Al parecer, eso no le gustó al gobierno departamental y, con el fin de atemorizarme y ponerme en el escarnio público para desprestigiarme, supongo que radicaron a las carreras de manera manual una supuesta propuesta de prestación de servicios, sin mi firma y sin especificación de valor, y regando el argumento de que yo estaba “respirando por la herida” porque no me habían aceptado una supuesta propuesta multimillonaria que yo le había presentado a la gobernación.
¿Le pregunto de manera respetuosa a mis lectores si se hubieran quedado tranquilos ante un atropello de su moral en una situación de esta naturaleza?
Si alguien responde de manera afirmativa lo respeto.
Porque yo no me podía quedar tranquilo y, sobre todo, cuando lo que había tratado de hacer con el apoyo de algunos medios de comunicación y otros periodistas era dejar en evidencia que yo exponía mis criterios por algún interés económico.
Nada más falso. El dinero no es mi dios. Gracias al DIOS en el cual creo y confío ejerzo mi profesión de manera decente y honorable; dicto clases en más de 20 universidades en cursos de hacienda pública a nivel de posgrados, donde soy reconocido y los invito para que pidan referencias mías; participo como conferencista en Colombia y en el exterior en temas relacionados con mi profesión de contador público, es decir, más bien me hace falta tiempo para cumplir de manera razonable con todos los compromisos que tengo.
Sin embargo, el decir de alguien era que yo había entregado esa supuesta propuesta a una persona que, para el momento de radicación de la misma (17 de febrero de 2020) ni siquiera era funcionario de la gobernación como lo reconoció el gobernador en respuesta a un derecho de petición que le presenté.
¿Entonces por qué aceptó la tal propuesta sin mi autorización?
Ante los hechos, solicité que hicieran claridad ante los medios de comunicación porque estaba en entredicho mi moral; pero pasó el tiempo y no lo hicieron. Entonces con el ánimo de aclarar las cosas le presenté un derecho de petición al gobernador el día 20 de octubre de 2020, le dí alcance con otro derecho de petición el día 26 de octubre, se los reiteré el 15 de diciembre. Pero hicieron caso omiso y no me respondieron.
En los primeros días del mes de enero del presente año le solicité a la Procuraduría que ejerciera la supervigilancia del derecho de petición en razón a que habían transcurrido más de 2 meses y la gobernación de La Guajira no me había dado respuesta. El 5 de febrero presenté una acción de tutela para que se me protegieran mis derechos y ordenaran a la gobernación que les diera respuesta a mis derechos de petición.
Dicha tutela fue asignada el mismo día al juzgado 19 de conocimiento penal municipal de Bogotá y admitida el 8 de febrero poniéndole en conocimiento a la gobernación en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción.
Mientras corrían los términos para que el juzgado fallara, el 10 de febrero recibí una respuesta de la gobernación en mi correo electrónico que tenía fecha 17 de diciembre y no tenía radicación digital de ventanilla única, y que remití a la juez para sus consideraciones.
Para resumir, palabras más y palabras menos, todas las respuestas eran evasivas, y la gran justificación de las respuestas que firmó el jefe de la oficina jurídica de la gobernación se soportaba en que estábamos en pandemia.
Criterio absurdo además de irrespetuoso como lo hizo ver la juez; estaban eludiendo su responsabilidad, porque para el 17 de febrero de 2020, fecha en la cual radicaron de manera manual una supuesta propuesta mía, todavía no se había tomado ninguna decisión respecto a la pandemia, y por lo tanto estaban funcionando todos los medios de radicación electrónica de ventanilla única. Y aún cuando ya se había decretado el confinamiento se estaban recibiendo documentos para radicación por el sistema de ventanilla única electrónica.
Por eso el 19 de febrero la juez 19 penal municipal con funciones de conocimiento de Bogotá falló la tutela amparando mis derechos fundamentales y ordenando a la gobernación de La Guajira para que en el término de 48 horas responda de manera completa y de fondo mis derechos de petición, además de que remita copia al juzgado para hacer el seguimiento que corresponde.
Esos son los hechos. Y por eso, porque reclamo mis derechos a la honra, porque me estoy defendiendo de un intento de desprestigiarme, ¿Por qué advertí de unos errores en el proyecto de presupuesto entonces soy arrogante, pedante, guache, irrespetuoso, y muchos etcéteras? No estoy de acuerdo.
En esto no claudico hasta que se hayan establecido las responsabilidades que sean del caso.
Algunos funcionarios públicos creen que pueden jugar con la moral de la gente, porque están acostumbrados a atropellar a todo el que les dé la gana y que nadie diga nada. No son capaces que son subalternos de la comunidad y que les pagan con el recaudo de los impuestos que paga la comunidad.
Están equivocados conmigo.
De acuerdo con las respuestas que me presenten y que también le presenten a la juez tomaré las decisiones del camino a seguir.
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
@LcolmenaresR