La educación, en su génesis, concita valores humanos, derechos fundamentales, civilidad y democracia. La educación persigue, fundamentalmente, la construcción de una sociedad sana y virtuosa; el desarrollo integral de los seres humanos, la producción de conocimientos y el crecimiento económico de las naciones para un verdadero estado de bienestar.
No se entendería que sea el mismo Estado o un gobierno, quien atentara contra esos ideales, por afincar una ideología que ensalza la grosería y persigue la asfixia financiera de los actores del sistema.
La constitución política de Colombia en su artículo 27 al contemplar el derecho fundamental a la libertad de cátedra en todos los niveles educativos, nos habla de la independencia y a la libre circulación de las ideas al interior del aula de clases, que no estén atadas a ninguna corriente político – ideológica, impuesta o individualmente subjetiva, y a la responsabilidad del docente para respetar las posiciones de sus educandos, con respeto y observancia de los reglamentos de la institución educativa. En ese mismo orden de ideas, el artículo 69 de la constitución, reglamentado por los artículos 28 y 29; del 57 al 95 de la ley 30 de 1992 (ley de la educación superior), ha dado origen y alcance a la jurisprudencia vigente que nos dice que la autonomía universitaria es una garantía institucional que consiste en la capacidad de autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa de la que gozan los centros de educación superior, que tiene fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas, tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público, tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, y en el manejo administrativo y financiero del ente educativo.
Es claro, pues, que con arreglo a la ley y con determinados límites a esas garantías y derechos fundamentales constitucionales, el poder ejecutivo, y el gobierno en particular, no pueden ni deben ejercer presiones administrativas indebidas, imposiciones ideológicas, cambios estatutarios o reglamentarios ilegales e inobservancia de las condiciones establecidas para el sector en materia financiera, fiscal y tributaria.
Yo diría que la primera grosera agresión de este gobierno a la educación en general, y en particular al sistema de educación superior colombiano, fue la designación de un ministro militante o fanático ideológico progresista de izquierda radical; una persona confrontacional, que insultaba y agredía verbalmente a quien pensara diferente; un ministro improvisado, sin experiencia en el sector educativo, poco idóneo y amante de la burocracia frondosa, así como enemigo de la educación privada pero muy cercano a las trapisondas incoherentes de FECODE.
El país asistió – y asiste aún – a confrontaciones que pauperizan la gobernanza de las universidades públicas, como las suscitadas en la Universidad Nacional con la designación de rector; o con la representación de un miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, sin las calidades para ello y con otras “misiones” oficiales que no académicas, precisamente; o la elección de rector en la Universidad Popular del Cesar, asistiendo como representante del gobierno ante el Consejo Superior de esa institución, la funcionaria Juliana Guerrero, virtualmente imputada por la Fiscalía General de la Nación, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
A propósito, ¿Aún sin resultados las investigaciones contra la Fundación de Educación Superior San José; qué otras evidencias se requerirán?
Claramente, este gobierno ha medido por lo bajo o mutilado de un plumazo, los requisitos y calidades para ocupar cargos de representación o de función pública, como ha ocurrido con la “policía petrista” en que se convirtió la SIC (Superindustria y Comercio), al frente de la activista Cielo Rusinque, finalmente desvinculada de esa superintendencia por no llenar los requisitos de ley. Haría falta un Consejo de Estado en cada entidad oficial.
Otro escándalo, entre varios de la misma “reata”, fue la presentación en la universidad EAFIT de Medellín, de la ex senadora Sandra Ramírez, desmovilizada FARC, señalada por cientos de víctimas y testigos sobrevivientes de secuestro y reclutamiento infantil; prostitución, aborto inducido a menores de edad y otras conductas que se tipifican en el ámbito de los delitos de lesa humanidad. La universidad se defiende de la avalancha de críticas y rechazos, argumentando sus principios fundacionales comprometidos con la libertad, la propia identidad y la democracia.
¿Desde cuándo la libertad es una patente de corso para socavar la dignidad humana, los valores ciudadanos y sociales, la civilidad, el derecho, la moral y la vida misma? ¿Hasta cuándo los actores educativos de este país, me refiero a toda la comunidad educativa, la familia y las instituciones democráticas, nos haremos los de la vista gorda ante estos abusos que confunden y comprometen seriamente la formación de las futuras generaciones de colombianos, mientras pretenden reescribir la historia?
Hay que actuar pronto porque nos cogió la noche.
Finalmente, bajo el espejismo de una emergencia económica irresponsable, el gobierno expide el decreto 0173 de febrero 24 de 2026, gravando anti técnicamente, el patrimonio de las universidades privadas, equiparándolas a sociedades comerciales con ánimo de lucro, donde unas 80 instituciones calificarían para este impuesto, elevando el monto del recaudo esperado a unos 135 mil millones, para cuadrar caja electoral.
Si sumamos el 24% del salario mínimo, el impacto negativo por la financiación del sistema y la dispersión de la matrícula, el peligro de la sostenibilidad es real. La Corte Constitucional es la última esperanza.
Pero las agresiones continuarán; de momento, allí está el SENA, un fortín político sin brújula ni norte, enfrentando otra licitación bajo sospecha de direccionamiento irregular por 200 mil millones de pesos; un horror, otro concierto para delinquir.
Luis Eduardo Brochet Pineda