Más de un mes transcurrió desde el 18 de enero, fecha en la que se informó la llegada al territorio guajiro, en una bulliciosa caravana mediática, difundida intensamente en las redes sociales, de los 40 carrotanques comprados por el gobierno nacional desde noviembre 2023, para que 10 de ellos comenzara a entregar las primeras cantidades de preciosa agua a sus ansiosos y necesitados beneficiarios.
Este aparente hecho aislado del accionar del gobierno nacional es sólo una muestra de su incapacidad para ejecutar apropiadamente las iniciativas o proyectos que debe implementar. Se confirma, una vez más, el alto nivel de incompetencia generalizado del equipo de gobierno. El mismo nivel de ineptitud que lo llevó a una pobre ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de las inversiones presupuestadas durante el año 2023. Ni hablar de su alta contribución a la desaceleración económica, lo que finalmente nos condujo a la drástica caída del crecimiento del PIB, con un 0,6% anual, el mas bajo en los últimos 20 años, excluyendo el 2020, año marcado por la pandemia.
La idea de los carrotanques, a pesar de ser poco novedosa, de corta vida y con cuestionada relación costo-beneficio, tiene sus bondades pues ayudará a aliviar las necesidades de las comunidades vulnerables de la alta Guajira. Lamentablemente se ha manejado desordenadamente y no como un proyecto estructurado, con un plan de implementación y un cronograma asociado, en el que se contemplaran actividades clave como: fuentes para abastecimiento de agua, rutas de distribución, conductores contratados y entrenados, matriculas y seguros, suministro de combustible y mantenimiento de los carrotanques, entre otros. La alta magnitud de la inversión y la complejidad de ponerla en práctica así lo exigía; pero este gobierno no sabe de eso.
El gobierno nacional, a través de la UNGRD, adquirió en forma poco clara aún, los 40 carrotanques por la alta suma de $46.800 millones de pesos ($1.170 por cada unidad), con la cacareada intención de suministrar agua a las comunidades indígenas ubicadas en la alta Guajira, pero sin tener claridad sobre la estrategia para su operación. Hay señales y serios rumores de posible corrupción que la justicia debe investigar.
Cuando se difundió la noticia se dijo que el Ejército Nacional operaria el proyecto; sin embargo, ahora hay otras versiones. La más reciente información del director de la UNGRD indica que los carrotanques no han iniciado operaciones porque están siendo acondicionados con bombas, mangueras y otros accesorios, que incrementarán su costo. Además de identificar y realizar apropiadamente, ahora sí, las otras actividades clave, ya mencionadas arriba, para el arranque.
Sólo la presión de las mismas comunidades ha logrado que todos estos carrotanques entren gradualmente en operación.
Ojalá que estas dificultades que ha experimentado el Gobierno Nacional con esta iniciativa lo lleve a valorar y reconocer el gran aporte que ha hecho la empresa Cerrejón a las comunidades indígenas de La Guajira, que en una actuación ejemplar de responsabilidad social empresarial durante el año 2023, entregó 60.2 millones de litros de agua potable a 2.382 familias de 164 comunidades vecinas de su operación.
Es probable que la vivencia de este caso haga que muchos colombianos, especialmente los guajiros, comprendan mejor la razón de los cuestionamientos que se hacen al gobierno nacional por su incompetencia demostrada en la ejecución de sus planes y responsabilidades, lo que ratifica que es más fácil hacer activismo y convocar marchas que gobernar acertadamente.
Álvaro López Peralta