El proyecto de Ley de financiamiento, que presentó hace más de dos meses y medio el ministro de Hacienda al Congreso de la República, sigue en un atolladero, generando preocupaciones en varios sectores empresariales y sociales por sus potenciales efectos negativos en la Economía del país, lo que, en opinión de muchos expertos y algunas entidades, como Fedesarrollo y varios destacados exministros, confirma su inconveniencia e inoportunidad.
El Gobierno Nacional ha justificado este proyecto argumentando la necesidad de financiar el hueco fiscal de 12 billones de pesos que trae el presupuesto General de la Nación, que le impide el cumplimiento de sus metas sociales, con la zanahoria de una posible reactivación económica a través de incentivos tributarios en un escenario que supuestamente garantiza la sostenibilidad fiscal y ambiental del país.
Los expertos advierten que, contrario al planteamiento del gobierno, de aprobarse esta reforma tributaria, como debe llamarse sin eufemismos, se afectaría la débil recuperación económica actual. Sin descuidar que la posible flexibilización de la regla fiscal es una enorme amenaza para las finanzas del país.
Varios serían los impactos negativos de esta iniciativa gubernamental. Resalto dos de ellos por las implicaciones tributarias y sociales que representan: Por un lado, además de la modificación al impuesto de rentas, está la afectación a muchos colombianos con un incremento excesivo del impuesto al patrimonio, al punto de adquirir un perfil confiscatorio. En concreto se reduciría el umbral desde 72,000 UVT hasta 40,000 UVT; es decir, el monto del patrimonio liquido sobre el cual se pagaría impuesto pasaría de $3,388 millones a $1,882 millones de pesos.
Sin dudas, sería un golpe duro para muchos colombianos. Solo cuatro países en el mundo tienen establecido el impuesto al patrimonio para personas naturales: España, Noruega, Suiza y Colombia; solo en Colombia las empresas pagan este impuesto, lo que confirma su ineficacia. No es clara entonces la motivación del Gobierno en plantear un incremento tan grande, cuando lo procedente seria eliminarlo.
Por otro lado, el sector del carbonífero también sufriría un enorme golpe. Triplicar el impuesto al carbono tendrá graves consecuencias, tal como lo advierte un informe de la Universidad Ean, en conjunto con la Cámara Colombiana del cemento y el concreto, en el que se indica que esta norma generará incrementos hasta del 700% en el valor del carbón, una materia prima de muchos insumos en la industria nacional, lo que se reflejaría en el costo de vida. Este sector ha soportado una enorme carga tributaria que se ha triplicado en dos años.
El futuro del Clinker, en cuyo proceso de producción local se utiliza energía generada con carbón, se muestra preocupante pues enfrentaría sobrecostos directos si se aprueba esta reforma, afectando directamente la competitividad de los productores nacionales, en especial del cemento, lo que finalmente afectaría la construcción y el costo final de las viviendas, la generación de empleos y de ingresos fiscales.
El Gobierno Nacional seguirá presionando al Congreso pues esta ley de financiamiento, o reforma tributaria, es una de sus prioridades. Acudiendo a su tradicional discurso populista ha amenazado con que “si no es aprobada, el costo lo pagaran los ricos de este país, no los pobres”.
La incompetencia del gobierno nacional en la elaboración y gestión del presupuesto nacional ha sido alarmante. Mas allá de las restricciones actuales que tienen en riesgo la continuidad del estudio de alrededor de 200,000 estudiantes universitarios, ahora resulta que hasta los recursos para financiar el presupuesto del ICFES para el 2025 dependen de la aprobación de esta ley, cuyo trámite tiene limitaciones de tiempo, por lo que es probable que se convoque a sesiones extraordinarias al Congreso.
En cualquier caso, esperemos que los Congresistas prioricen el interés nacional por encima de sus intereses personales y no cedan ante las presiones, o las dádivas gubernamentales, tal como, al parecer ocurrió con la pasada elección del magistrado Polo.
Álvaro López Peralta