En 2015, la senadora Paloma Valencia lanzó una propuesta que, más que una solución al conflicto social del suroccidente colombiano, parecía un eco incómodo de las viejas políticas de segregación: dividir el departamento del Cauca en dos. Un territorio para indígenas y otro para mestizos.
La idea fue presentada como una salida pragmática a la conflictividad territorial. Pero, en esencia, contenía un principio peligroso: asumir que la convivencia entre culturas distintas es inviable y que la respuesta del Estado debe ser la separación. No era solo una propuesta administrativa; era una visión de país. Una que naturaliza la fractura y convierte la diversidad en un problema que debe aislarse.
Once años después, el escenario político ofrece una imagen diametralmente opuesta. El senador Iván Cepeda ha invitado a la lideresa indígena Aída Quilcué a ser su fórmula vicepresidencial.
Más allá de los cálculos electorales – que inevitablemente existen en toda política – el gesto tiene una carga simbólica poderosa: en lugar de dividir territorios por identidades, se propone integrar esas identidades en el corazón mismo del poder político.
El contraste es revelador.
Una visión sugiere que las diferencias culturales deben organizarse mediante fronteras. La otra plantea que esas diferencias pueden convivir dentro de un mismo proyecto nacional.
No se trata de negar los conflictos del Cauca, uno de los territorios más complejos del país. Allí convergen disputas históricas por la tierra, economías ilegales, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que reclaman derechos legítimos y un Estado que muchas veces ha llegado tarde o simplemente no ha llegado.
Pero la respuesta a esa complejidad no puede ser la fragmentación identitaria. Cuando el Estado acepta que la única forma de administrar la diversidad es separándola, está renunciando a su función más básica: garantizar que ciudadanos distintos puedan convivir bajo un mismo marco de derechos.
Por eso la discusión que hoy se abre tiene una dimensión más profunda que la simple competencia electoral.
De un lado está la política del muro: la que interpreta las diferencias como fracturas irreconciliables y propone administrarlas mediante la separación.
Del otro lado aparece la política del puente: aquella que reconoce que Colombia es, por definición, una nación plural, donde indígenas, campesinos, afrodescendientes y mestizos no solo comparten territorio, sino también destino.
La eventual fórmula entre Iván Cepeda y Aída Quilcué envía un mensaje que trasciende la coyuntura electoral: la diversidad no es un obstáculo para gobernar, sino una condición para hacerlo.
Colombia, en el fondo, se enfrenta a una decisión que es más histórica que electoral.
Elegir entre quienes creen que la nación se ordena levantando muros entre sus ciudadanos, o quienes creen que solo puede construirse tendiendo puentes entre sus diferencias.
Al final, el debate no es solo electoral. Es moral y político. Mientras algunos imaginaron al Cauca dividido por líneas étnicas – como si la diversidad fuera un problema que hubiera que cercar – hoy aparece la posibilidad de que una lideresa indígena llegue al corazón mismo del poder político. Entre la propuesta de segregación de Paloma Valencia y la invitación de Iván Cepeda a Aída Quilcué hay algo más que una diferencia ideológica: hay dos maneras de entender la nación. Una levanta fronteras entre colombianos; la otra intenta sentarlos en la misma mesa. Y en ese contraste, Colombia no solo elige un gobierno: decide si su futuro se construye excluyendo a quienes son distintos o reconociendo que, precisamente en esa diferencia, está la posibilidad de una democracia más amplia y más justa.
José Jorge Molina Morales